El inquisidor español que frenó la caza de brujas: «No hubo embrujados hasta que se habló de ellos»

Aún aceptando que a esos procesos hay que añadirles los que inició la justicia del Rey , que se encargaba de perseguir los delitos relacionados con la superstición, no cabe duda de que España no participó en la enorme matanza de mujeres (entre 40.000 y 60.000 personas) que se produjo en el Centro de Europa entre los siglos XV y XVI y XVII. La inquisición española consideraba la brujería un mal menor en el que incurrían mujeres de baja extracción y ningún tipo de influencia social o religiosa: no había razón para encausar a gente supersticiosa e ignorante .

«En España este fenómeno nunca alcanzó niveles de fanatización del norte. La Inquisición moderna no alteró los procedimientos y la mecánica con respecto a las brujas», recuerda el catedrático Ricardo García Cárcel , autor de «Inquisición: Historia Crítica», Madrid, Temas de Hoy, 2000.

Incluso hubo eclesiásticos que descartaron la validez de los testimonios de las brujas, como el obispo de Ávila, Alfonso de Madrigal , que en 1436 afirmó que los aquelarres eran fantasías producto de drogas, o el dominico castellano y obispo de Cuenca, Lope de Barrientos , quien se preguntó «qué cosa es esto que dicen, que hay mujeres, que se llaman brujas, las cuales creen e dicen que de noche andan con Diana, deesa de los paganos, cabalgando en bestias, y andando y pasando por muchas tierras y logares, e que pueden... dañar a las criaturas», a lo que él mismo se respondía en ese texto: que nadie ha de tener «tan gran vanidad que crea acaescer estas cosas corporalmente, salvo en sueños o por operación de la fantasía».

La actuación del tribunal se encaminó durante los siglos XVI y XVII a la reinserción de las acusadas de brujería en el seno de la Iglesia, más que a la pena de muerte. Como ejemplo de condena benigna, una mujer llamada Isabel García , que en 1629 confesó ante el tribunal de Valladolid habérsele aparecido Satanás, con quien pactó la recuperación de su amante, fue únicamente castigada a abjurar de levi y a cuatro años de destierro.

Las cazas de brujas no fueron un fenómeno habitual en la geografía española, pero sí en un país tan próximo como Francia, donde la obsesión con el Diablo y la relajación de la fe en muchas parroquias influenciadas por el calvinismo avivaron la histeria colectiva.

A petición de los señores D'Amou y D'Uturbie para terminar con con la «plaga» de brujos y de brujas que según ellos asolaba el país, el Rey Enrique IV de Francia envió al sur al juez del parlement de Burdeos Pierre de Lancre a principios del siglo XVII. Tras una larga investigación donde calculó en más de 3.000 personas el número de practicantes de la brujería, el juez mandó quemar a 80 supuestas brujas y el pánico se trasladó a los valles del norte de Navarra. Zugarramurdi recibió el peor golpe .

El proceso de las brujas de Zugarramurdi (1610) , el más famoso en la historia de España, llevó a que el tribunal inquisitorial situado en Logroño decidiera que dieciocho personas fueron reconciliadas, seis fueron quemadas vivas y cinco en efigie (a través de un muñeco del tamaño de un ser humano que los representaba), acusadas de brujería y de celebrar aquelarres. Las leyendas de brujas traídas por los huidos de Francia, las riñas vecinales y las acusaciones cruzadas causaron una ráfaga de sentencias a muerte que, incluso entonces, dividió a los miembros del tribunal .

El inquisidor burgalés Alonso de Salazar y Frías , incorporado al tribunal cuando ya se habían celebrado la mayoría de interrogatorios, votó en contra de la condena a la hoguera de una de las acusadas por falta de pruebas y, tras la celebración del auto de fe, dudó también de la culpabilidad del resto. «Alonso de Salazar y Frías empezó a desconfiar por primera vez de lo que las brujas decían sobre sí mismas. Empezó a considerar que todo aquello se había producido por una neurosis colectiva que había que erradicar», apunta García Cárcel.

Como destacó Julio Caro Baroja , el español «se adelantó de modo considerable a los que difundieron en Europa ideas concebidas en el mismo sentido», como el famoso jesuita alemán Friedrich Spee, que cargó contra la persecución de las brujas en el corazón del continente.

Otros miembros del tribunal no se mostraron tan críticos como Salazar, pero también habían afirmado que «era cosa de risa la materia de brujos». Lejos de hallar más evidencias, el inquisidor Alonso de Salazar y Frías se arrepintió en la revisión del caso de la sentencia que él también había firmado al considerar que se había cometido una «terrible injusticia» y empezó a defender que los fenómenos de brujería eran historias inverosímiles y ridículas. El 24 de marzo de 1612, escribió al Consejo de la Suprema un informe crítico con el proceso de Zugarramurdi:

«Cometimos culpa el tribunal... [al no reconocer] la ambigüedad y perplejidad de la materia. Cometimos [defectos] en la fidelidad y recto modo de proceder... en que no escribíamos enteramente en los procesos circunstancias graves... ni las promesas de libertad que les hacíamos, careaciones entre sí... y otras sugerencias para que acabasen de confesar toda la culpa que queríamos, reduciéndonos nosotros mismos a escribir sólo para llevar mayor consonancia de hacerlos culpados y delincuentes. Tanto que también por esto dejamos de escribir muchas revocaciones».

A pie de campo, Salazar encontró una enorme cantidad de irregularidades y comprobó que gran parte de las acusaciones entre habitantes de Zugarramurdi habían estado influenciadas por «sobornos, enemistades o respetos indebidos», así como que los «potages, ungüentos o polvos» que supuestamente hacían volar a las brujas no servían para nada y que jóvenes que decían haber sido amantes del demonio eran, una vez examinadas por matronas, en realidad vírgenes. Ya fuera por «sueño», «flaqueza de cerebro» o presión del tribunal, los acusados y los testigos habían dicho lo que los investigadores querían oír:

«[Los] temores de las violencias y prisiones y amenazas que los negativos han padecido hasta confesar, juntamente con las promesas de quietud y perdón que les prometían [los clérigos] si confesaban, y de que les darían los sacramentos... que entretanto les negaban, fueron muy bastantes para hacerles decir cuantas mentiras les mandaban, y así lo comienzan a mostrar los ochenta revocantes con sus confesione s».

La comisión de Salazar se materializó en unos memoriales que, a su vez, sirvieron al Consejo de la Suprema para dar unas Nuevas Instrucciones en 1614 sobre el modo de entender el Santo Oficio el delito de brujería y, en general, para separar superstición de realidad. A partir de entonces, gozó Salazar de prestigio entre los miembros del Consejo, que le encomendó varias visitas de inspección a tribunales entre 1617 y 1622. A continuación pasó a ocupar el cargo de fiscal en el Consejo y posteriormente el de consejero en tiempos del inquisidor general fray Antonio de Sotomayor .

Una consecuencia directa del informe del inquisidor fue que se intentó reparar a las víctimas del auto de fe ordenando que sus sambenitos no quedaran expuestos en ninguna iglesia. «La benevolencia habitual del tribunal español respecto a la brujería fue tanta que en 1614, directamente, se suprimieron las causas por brujería en la Inquisición español», explica José Carlos Martín de la Hoz en su reciente libro «Inquisición. Sin complejos» (Sekotia).

Nunca más se juzgaría a nadie en territorio español por solo el delito de brujería, mientras en el resto de Europa continuó la persecución. Una niña ejecutada en el cantón protestante de Glarus, en 1783, fue la última víctima de esta histeria prolongada durante siglos.