Reinsertar y resarcir
Dicen en Seseña que una Lolita gótica acabó con la vida de Cristina por culpa de un Eros adolescente. Hablan de pasiones desbocadas, celos e influencia de las redes sociales; de tribus urbanas y de una turbia pasión por la muerte agazapada bajo el negro de una indumentaria.
Lo cierto es que, según la policía, tras el mohín de sus labios violeta la homicida confesa no logró ocultar su alevosía, tampoco mostró arrepentimiento. Asumió los hechos con frialdad, en actitud chulesca y altiva. Se confirma así que los adolescentes españoles saben que sus crímenes quedarán impunes y no les tiembla el pulso a la hora de matar. Esta es una página más, pero negra, en la historia de la infructuosa Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores.
En la calle se ha suscitado cierta alarma social. Por doquier surgen voces solicitando una reforma inmediata de la norma, el acabar con esta impunidad y sancionar al delincuente en función de la gravedad de la falta, que la acción dolosa sea proporcional a la condena, pero el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, lejos de asumir su parte de culpa, se excusa en la conmoción del momento y en que no procede legislar en caliente, en otras palabras: debemos esperar a que Cristina Martín sea un número más de la estadística.
Poco importa que entre asesinato y asesinato apenas haya tiempo de sentir frío. A esta postura del Ejecutivo central contribuyen algunos juristas manifestando en diversos foros, que este crimen, aunque la confesa no vaya a prisión, no quedará impune, pues la vida de Cristina vale, según determina el artículo 10.2 de la citada Ley del Menor, cinco años en un centro de internamiento (terapéutico y de protección), y tres en régimen de libertad vigilada.
Algunos, incluso, van mucho más allá y acusan a las voces airadas de «populismo punitivo», en lenguaje coloquial: de pedir más mano dura para colmar las ansias de castigo contra los acusados que son capaces de cometer estos crímenes.
Conviene recordar que La Ley del Menor surge con la voluntad de intervenir en la delincuencia juvenil de manera educativa, rechazando los métodos del sistema penal de adultos y evitando el efecto nocivo que éste tendría sobre los jóvenes.
A la vista de los últimos resultados es evidente que se ha fracasado, que se tiende a una banalización del mal y a una asunción de la violencia a edad temprana como simple alteración de conducta motivada por «factores endógenos», léase internet, televisión, ínfima educación en valores, carencias en el sistema educativo, cualquier cosa menos reconocer que muchos imberbes se amparan en la minoría de edad para forjar su historial delictivo.
Tan terrible es admitir la naturaleza psicópata en una chica de catorce años, como el intentar hacer casar la reinserción del delincuente con el resarcimiento a los familiares de la víctima. La Ley del Menor protege principios y derechos constitucionales del culpable quien, «presunto» o «confeso», saldrá a la calle probablemente a volver a delinquir, pero ¿dónde quedan los derechos de la víctima y los de su la familia?
De ahí que sea necesaria la aplicación rigurosa de los instrumentos, evitando la reincidencia, pero sobre todo apelando a que se revise y modifique de manera urgente la Ley, propiciando que al no mostrar siquiera signos de arrepentimiento, campeen dentro de cinco años por sus fueros.
Su sonrisa y el desafío en la mirada pueden ser indicadores muy claros para a otros jóvenes de que no pasa nada, que están protegidos por el sistema y que tras unos pocos años de «trámite» se saldrá a la calle.
Los padres de los hijos que están por morir, la familia de los que ya han muerto, pero sobre todo el recuerdo de Clara, Sandra Palo, Marta del Castillo, Maores, algunas de las muchas víctimas torturadas, violadas, quemadas o desaparecidas, que ya están frías, así lo reclaman.
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