La Fiscalía pide 4 años de cárcel para Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido Josep Santacana por alzamiento de bienes

El caso empezó hace unos diez años , cuando la pareja, ahora en litigio por la custodia de sus hijos tras un duro proceso judicial, todavía estaba junta. Según desgrana la Fiscalía, ambos tramaron entonces una red de empresas y testaferros para vaciar sus cuentas y cambiar de nombre una veintena de viviendas, locales o aparcamientos, entre otros inmuebles. Todo ello para esquivar el pago de los 7,5 millones de euros.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso ABC, el fiscal deja claro en varias ocasiones que la deportista actuó «bajo las consignas de su marido» y «con ánimo de enriquecimiento ilícito y pleno conocimiento» una vez se le notificó la reclamación de la deuda en julio de 2010.

El Ministerio Público detalla que la entidad bancaria adelantó a un banco español el dinero que la tenista tenía que abonar como  garante de una deuda con Hacienda . Después, el Banco de Luxemburgo reclamó a la tenista la cantidad que había abonado, pero el dinero no fue devuelto por la pareja, por lo que se llevó el caso a los tribunales.

El fiscal sostiene que tanto ella como su marido, que han vivido u n tumultuoso proceso de separación , junto a otras cinco personas de su entorno (a las que la Fiscalía también les pide penas de cárcel) «idearon un plan consistente en descapitalizar su numeroso patrimonio , frustrando de este modo el cobro de dicha cantidad por parte de la referida entidad», por el que vaciaron sus cuentas corrientes.

Todos ellos hicieron «desaparecer» el dinero que Sánchez Vicario había cobrado en créditos y por reportajes en medios de comunicación. El fiscal expone que la tenista era propietaria y beneficiaria de al menos cinco empresas, titulares de varios bienes inmuebles, que después de notificársele la deuda con Hacienda pasaron a estar a nombre de una sociedad uruguaya.

Así, «realizaron numerosas operaciones de venta con el fin de obtener dinero y ocultarlo para frustrar el cobro» de la deuda. La Fiscalía acusa como cooperadores necesarios a quienes supuestamente hicieron de testaferro quedando como único titular de las empresas de la tenista, además de al jefe y al responsable de la gestoría que hizo las operaciones de estas empresas.

Por todo, la Fiscalía pide condenarles por un presunto delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible: reclama cuatro años de cárcel y 8.640 euros de multa para Sánchez Vicario y Santacana, además de 6,1 millones en responsabilidad civil; y tres años y medio de prisión y multa de 7.560 euros para los cómplices.