El marco normativo del cambio se construye sobre cimientos de desconfianza

De hecho, el secretario general del ministerio, José Manuel Pingarrón volvió a insistir en esta idea en la cuarta edición del Foro ABC Educación celebrado el pasado mes de abril: «No tenemos un borrador de ley, lo haremos a medida que vayamos recibiendo sugerencias por parte de todos los actores e incorporando las ideas que por parte del ministerio tenemos», aseguró Pingarrón. Algunos rectores, que prefieren no desvelar su identidad han revelado a ABC que no creen que esto sea así, y que realmente sí hay un texto ‘embrión’ de la futura ley de Universidades que reemplazaría la vigente, del año 2001.

De momento, se ha puesto sobre la mesa un documento de consulta formado cinco bloques que formarán parte de la futura «ley Castells». El documento formula preguntas en cada uno de los bloques. Sin embargo, ello no ha sido óbice para que las propuestas sean criticadas por los rectores y otros miembros de la comunidad universitaria, tal como publicó ABC. Por ejemplo, en el apartado dedicado a la financiación, se consulta sobre la fiscalidad de las universidades privadas: «Hay que distinguir las universidades privadas sin y con ánimo de lucro. ¿Creéis que debe haber un trato fiscal distinto en función del tipo de universidad? ¿En qué sentido?», señala el documento.

Sobre esta cuestión, Rosa Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo le planteó durante la celebración del Foro ABC en directo a Pingarrón su preocupación por la cuestión. «Siempre hablamos de un sistema universitario único que incluye a las universidades públicas y privadas, pero luego cuando se lee este borrador da la impresión de que hay una discriminación negativa hacia las privadas al abordarse temas como la fiscalidad y las becas. Se nos discrimina del sistema cuando no interesa que estemos». Los rectores y otros miembros de la comunidad universitaria aseguraron que las preguntas del borrador de consulta no son inocentes, en el sentido de que «es un cuestionario cargado de ideología que obliga a posicionarse», denuncia un rector. «Formulan las preguntas de una manera que parece que quisieran ir a pillar», se quejan desde otro colectivo que recibió el documento.

Los cinco bloques sobre los que gira en torno la LOSU son: Gobernanza y estructura universitaria; Financiación universitaria (donde se plantean las preguntas sobre el trato fiscal a las privadas); Docencia, investigación y transferencia; Estudiantes y Personal Docente e Investigador. Este último apartado tampoco ha estado exento de polémica. Los profesores asociados son aquellos docentes que desarrollan su actividad fuera de la universidad y son contratados de forma temporal para que aporten sus conocimientos y experiencia profesional a las aulas. Esta figura lleva maltratada años en nuestro país.

El camino para ayudarlos era el Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI). Su última versión mejoraba la situación de los 23.769 profesores asociados que hay en España, según el informe «Datos y Cifras del Sistema Universitario Español» de 2019-2020. En la cuarta versión del estatuto del PDI se mejoraba la situación de los asociados obligando a las universidades a que un 15 por ciento de las plazas universitarias se reservara para ellos. Pero este estatuto quedó enterrado por la oposición de los sindicatos. Y es que lo que tenía de bueno respecto a los asociados, lo tenía malo en otros aspectos (como la laboralización de los funcionarios) y los sindicatos han optado por rechazarlo. Este se diluyó, por lo que el tema se abordará en la LOSU. El problema de los asociadas tendrá que esperar para resolverse a un desarrollo legislativo que nadie sabe cuánto durará. Castells dijo que la LOSU podría llegar a «primera discusión» en Consejo de Ministros antes de terminar 2021 y su tramitación parlamentaria empezaría el próximo año.

Respecto al apartado de docencia, Jorge Sáinz, catedrático de Economía Aplicada del ReyJuan Carlos y exsecretario general de Universidades con Méndez de Vigo, considera que hay que actualizar las competencias que se imparten a los estudiantes de forma más rápida ya que se imparten materias del siglo XXI con métodos del XIX y esto hace que nuestros alumnos estén menos preparados para competir a nivel internacional». Respecto al apartado de Gobernanza, Sáinz considera que la ley debe dar más poder a la dirección de las Universidades pero a la vez, se debe profesionalizar, actualmente hay personas que llegan a la gestión universitaria supervisando millones de euros sin haber gestionado ni una comunidad de vecinos».