Castells abandona a más de 23.000 profesores asociados en situación precaria y sin paro

Los profesores asociados son aquellos docentes que desarrollan su actividad fuera de la universidad y que son contratados de forma temporal para que aporten sus conocimientos y experiencia profesional a las aulas. Esta figura lleva maltratada años en nuestro país, de hecho, muchos de ellos no tienen en realidad otro trabajo y ejercen de falsos autónomos para trabajar investigando y dando clase sin posibilidad de cobrar el paro si no les renuevan anualmente su contrato, y cuando el ministro de Universidades tuvo la oportunidad de ayudarlos, la dejó pasar.

El camino era el Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI). Castells tenía una oportunidad para resolverlo a través de este mecanismo que, en su última versión, mejoraba la situación de los 23.769 profesores asociados que hay en España , según el informe «Datos y Cifras del Sistema Universitario Español» de 2019-2020. En la cuarta versión del estatuto del PDI, que apenas duró una semana, se mejoraba relativamente la situación de los asociados de la siguiente manera: obligaba a las universidades a que un 15 por ciento de las plazas universitarias se reservara para ellos.

Pero este estatuto no es que esté en pausa, directamente no saldrá adelante, según ha podido saber ABC. ¿La razón? La enorme oposición que se ha encontrado de los sindicatos . Y es que lo que tenía de bueno respecto a los asociados, lo tenía malo en otros aspectos (como la laboralización de los funcionarios) y los sindicatos han optado por rechazarlo. Comisiones Obreras, UGT o CSIF se opusieron al estatuto y este se diluyó, por lo que se llevará a la futura ley de Universidades como un bloque más.

Aparcar el estatuto se trataba, según han explicado a este periódico, de una alternativa si no se conseguía consenso amplio, que fue lo que finalmento ocurrió . PSOE y Podemos prefieren ahora tratar el tema del personal docente e investigador de forma global que por separado. El nuevo proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario o «ley Castells» (si sigue como ministro) se pondrá en marcha este año e incluirá cinco bloques estratégicos: Gobernanza y estructura universitaria, investigación y transferencia, estudiantado, financiación universitaria y docencia.

El problema es que la situación de los asociados ahora tendrá que esperar a un desarrollo legislativo que nadie sabe cuánto durará (a menos que se haga una tramitación exprés al estilo «ley Celaá» con las consecuentes y muy contestadas prisas de tramitación a la que esta se la sometió). «Van a seguir en precario, cobrando sueldos indignos y sin posibilidad de acceder a la carrera académica. Pasarán muchos meses hasta que pueda haber una nueva ley y Castells los deja en la estacada con una política errática y desnortada», criticó Ramón Caballero , responsable de Universidades del CSIF.

Por tomar alguna referencia, el sueldo de un asociado en la Universidad de Sevilla con máxima dedicación es de 10.258,14 euros anuales . En la Universidad Complutense de Madrid es de 9.116,80 euros y en la Universidad de Barcelona de 8.132,14 (años 2019, 2018 y 2020, respectivamente).

Por su parte, Paco García , secretario general de Enseñanza de Comisiones Obreras dijo que «el ministro ha tenido la escasa habilidad de generar un consenso negativo en torno al debate del estatuto del PDI por cómo lo ha planteado, porque ha sido como el debate del despotismo ilustrado: « Todo para los profes pero sin los profe ». Nos ha dado un papel a los representates del profesorado muy secundario. Se ha equivocado. Se puede retomar la negociación del estatuto al hilo de la negociación de la nueva ley universitaria porque una de las patas fundamentales de la misma será la figura del profesorado universitario. Es necesario abordarlo pero los parámetros desde los que lo hizo el ministro no han facilitado las cosas, sino que las ha realentizado y dificultado ».