«Cuando se acabe el confinamiento los juzgados estarán llenos de familias esperando una resolución judicial a sus problemas»

Añade que, a pesar del esfuerzo en gestionar los conflictos, la situación e incertidumbre actual dará lugar también a muchos incumplimientos de sentencias . Todo ello, sumando a la paralización de la actividad judicial, «se traducirá en secuelas que repercutirán muy negativamente en los juzgados de familia», advierte esta letrada que es miembro de AEAFA (Asociación Española de Abogados de Familia) y de AIJUDEFA (Asociación Internacional de Juristas de Familia).

Para prevenir esta situación y evitar, como está ocurriendo hasta la fecha, «que sean jueces sin formación en Derecho de Familia los que tomen decisiones ante situaciones familiares dramáticas», esta abogada, junto a un grupo de 150 magistrados, abogados, fiscales y psicólogos fundaron recientemente la . «Nuestro principal objetivo es que nuestro trabajo se desarrolle en un entorno jurídico ágil y seguro para el buen resultado de los procedimientos que gestionamos en nombre de muchas familias y, para ello, se hace imprescindible la creación de la jurisdicción de familia».

Para lograr este fin, los pasados día s 6 y 7 de marzo mantuvieron una reunión a la que asistió el Ministro de Justicia, entre otras grandes autoridades y prestigiosos juristas. «Le hicimos saber las necesidades existentes al respecto y cómo decisiones de abogados no expertos en la materia están haciendo mucho daño a las familias, incluidos los menores que son los mayores perjudicados. El ministro tiene nuestra petición expresa encima de la mesa y se comprometió a darnos una respuesta».

En concreto manifestó que «estudiaría la puesta en marcha de una jurisdicción en el ámbito de familia y se mostró dispuesto a “escuchar” sin límites para modernizar la justicia a favor de las familias. «Reacción y compromiso que, particularmente, valoro de forma muy esperanzadora. Quizá, por fin, en esta legislatura se tomen muy en serio que las familias en todos sus modelos , merecen ser atendidas y analizadas como realmente debe ser ante un juzgado».

De lo contrario, tal y como explica esta letrada, tras el confinamiento «se produciría un volumen tal de demandas que si no se crean más juzgados de familia y profesionales especializados se llevarán a cabo muchos procedimientos que supondrán verdaderas barbaridades. Ahora, hace falta, más que nunca, una agilidad que permita resoluciones rápidas y efectivas que miniminicen este sufrimiento».

Por ello, desde la Plataforma Derecho&Familia insisten en que su trabajo se desarrolle en un entorno jurídico ágil y seguro para el buen resultado de los procedimientos que gestionan y se cree una jurisdicción de familia. « Debemos tener una justicia con g arantías, ágil y eficaz en el ámbito de familia, sin olvidar que ésta debe desarrollarse por operadores debidamente formados. No hay más secreto para que las cosas funcionen bien. Así se peticionó expresamente al ministro de Justicia», puntualiza.

Hasta la fecha, según Antequera, cuando un proceso de ruptura familiar llega al juzgado, las posibilidades de acuerdo se han agotado y la tensión es latente entre los progenitores, siendo el menor quien más sufre el desgaste emocional. Si un proceso es complejo y sensible, se activan muchos mecanismos como psicólogos o psiquiatras, exploraciones a menores, a los padres, etc., para analizar con detenimiento el núcleo familiar, así como la activación del servicio de mediación que, en la mayoría de ocasiones, pocos acuerdos se llevan a cabo. «Lamentablemente, todo esto resulta imposible llevarse a cabo con absoluto rigor y especialización, siendo los propios jueces quienes sufren un colapso importante impidiéndoles que puedan analizar cada caso de forma ágil y con la seguridad jurídica que merecen todas las partes implicadas».

Por ello —insiste— es tan necesaria «la propuesta de crear una jurisdicción propia con más juzgados y técnicos especializados y revisar las normas procesales actuales, algunas obsoletas, así como una ley de impulso a la mediación para que el conjunto de todo ello derive en una justicia eficaz con garantías para la familia, priorizando el máximo interés del menor ».

Explica que, por ejemplo, cuando se decretó el Estado de Alarma todo se inició de una forma tan precipitada, imprevista y repentina, que unos juzgados determinaron el cumplimiento de los regímenes de visitas mientras que otros los suspendieron. No obstante, después de semanas de incertidumbre y preocupante confusión, en términos generales se permite el cumplimiento de las custodias y visitas en función de las circunstancias y siempre garantizando las medidas sanitarias. «No obstante, hay juzgados que no se han pronunciado creando aún más confusión y permitiendo, por tanto, que algunos progenitores se aprovechen de las circunstancias y adapten a su propio criterio en la forma de llevar a cabo las custodias dictaminadas».

Según datos de la AEAFA, de marzo del 2020, en el año 2019 se presentaron en España 109.567 demandas de separación o divorcio de los cuales, casi el 50% tienen hijos menores de edad. «Los altos niveles de judicialización de los conflictos familiares vienen provocados por una legislación procesal mejorable , el gravísimo problema estructural de los órganos judiciales que conlleva enormes retrasos sin olvidar la poca cultura en nuestra sociedad española “del acuerdo”. En consecuencia —prosigue—, no resulta suficiente saber cuantos juzgados de familia son necesarios para España, si no que resulta importantísimo dotarlos de medios y recursos para la averiguación de información fiable y datos concretos en relación a la unidad familiar. Esto conducirá a resoluciones estudiadas y con rigor. No debemos olvidar que las personas, las familias, constituye la base de la sociedad y si en lugar de una justicia ágil y especializada, continuamos en una justicia inestable, lento e injusto, destruiremos buena parte del funcionamiento de una sociedad sana. ¡Ahora, más que nunca, la jurisdicción de familia ya!», concluye Susanna Antequera.