¿Es posible cumplir nuestra voluntad aunque no podamos expresarla?

Teniendo en cuenta que el futuro es impredecible, es conveniente anticiparse tomando medidas preventivas. En España existen distintas fórmulas legales, relativamente nuevas y poco conocidas, que garantizan el cumplimiento de la voluntad de las personas en el momento en que no sean capaces de expresarla.

Los poderes preventivos, la autotutela o el documento de voluntades anticipadas son las más conocidas y utilizadas. En estos casos, la asesoría imparcial del notario permitirá elegir la figura que mejor responda a las necesidades de cada caso, siempre dentro de la legalidad.

Cuando una persona pierde su capacidad de decidir, hasta las tareas más cotidianas se vuelven imposibles. Desde este momento y hasta que dicha persona es declarada jurídicamente incapaz por un juez, se sucede un lapsus de tiempo, en el que, si no se ha previsto con anterioridad, pueden surgir problemas para los familiares, que no podrán tomar decisiones ni sobre la persona que se encuentre en esta situación, ni sobre su patrimonio.

Sin embargo, existen alternativas jurídicas que contempla la legislación española que permiten precisamente anticiparse a esa situación de pérdida de capacidad, dejando la gestión de nuestros asuntos en alguien de nuestra máxima confianza.

La primera de ellas es el poder preventivo, un documento notarial que permite a una persona designar a otra para que actúe representando sus intereses, en el caso de no contar con la capacidad necesaria para manifestar su voluntad. Una de las grandes ventajas de este documento es que, llegado el caso, la persona designada podrá gestionar su patrimonio, así como hacer cumplir aquellas indicaciones que el interesado haya incluido en relación a dicha gestión, sin necesidad de acudir al procedimiento de incapacitación judicial.

Este poder, como cualquier otro, debe ser redactado por un notario en escritura pública. Los poderes preventivos han experimentado un incremento relevante desde 2007, lo que refleja una creciente preocupación de los españoles por asegurar la defensa de sus intereses ante un futuro incierto.

La segunda de estas figuras es la autotutela, mediante la cual una persona puede dejar por escrito quién desea que sea designado su tutor y cómo quiere que éste administre sus asuntos personales y patrimoniales en caso de incapacitación judicial. Este documento también debe ser redactado y autorizado por un notario para garantizar su legalidad y la seguridad jurídica de la persona que lo otorga.

Esta fórmula permite que los deseos del incapacitado sean tenidos en cuenta una vez que el juez dictamine su incapacitación jurídica y tenga que designar un tutor que le proteja. Generalmente, el juez designará como tutor a la misma persona que el incapacitado haya elegido libremente en la autotutela, salvo en aquellos casos en los que considere que dicha persona no es la más adecuada para desempeñar ese papel.

Es muy recomendable que el poder preventivo sea otorgado a la misma persona que se ha elegido como tutor ya que, de esta manera, habremos cubierto todo el proceso, desde que el interesado pierde su capacidad de decisión, momento en el que será el apoderado quién actúe, hasta la incapacitación judicial, donde será el tutor quien tome las riendas, pudiendo ser el poder extinguido.

El último de los instrumentos de protección de la persona sería el documento de voluntades anticipadas o instrucciones previas, más conocido como testamento vital. Se trata de una fórmula legal por la que una persona, mayor de edad, manifiesta qué asistencia médica y qué tratamientos desea o no recibir, incluso puede designar qué personas pueden actuar de interlocutores con el equipo sanitario, en caso de que llegue el momento en el que no pueda expresar su voluntad.

También puede incluirse la decisión de donar o no órganos con finalidad terapéutica, docente o de investigación. Si en este documento designamos a la misma persona a la que le otorgamos el poder preventivo y asignamos como tutor, se habrá cerrado el círculo, pudiendo dejar la responsabilidad de todas nuestras actuaciones en manos de alguien que cuenta con nuestra total confianza.

Aunque existen otras vías, (registro de instrucciones previas en todas las Comunidades Autónomas y en el registro nacional) realizar este documento ante notario y en escritura pública garantiza la capacidad del otorgante en el momento de la firma, que lo firmado corresponde con su voluntad y que todo lo que se recoge está enmarcado en la legislación vigente.