Vox pide castigar a quienes negocien con prófugos de la Justicia en su enmienda a la amnistía

En el texto alternativo de Vox se sitúa la unidad de España en el centro del debate de la amnistía y se señala a aquellos que estando «obligados a la defensa del propio orden constitucional» atacan el «sistema democrático establecido en la Constitución». La formación de Abascal se agarra al Derecho penal como principal arma para «preservar los bienes más fundamentales»del país y por ello abogan en su escrito por una reforma del Código Penal que incluya un nuevo tipo delictivo que castigue a quienes «cooperaren, colaboraren, se reunieren o facilitaren actuaciones con el fin de negociar los asuntos tramitados en las Cortes Generales con quienes hubieren sido condenados por sentencia judicial o estuvieren procesados o sustraídos a la acción de la Justicia». Reforma que apunta directamente al actual Gobierno, sustentado en el acuerdo con un prófugo como Carles Puigdemont, perseguido por su colaboración decisiva en el referéndum ilegal de 2017 en Cataluña, y cuyos interlocutores podrían enfrentarse a penas de entre seis y diez años de cárcel de prosperar la enmienda planteada por Vox.

También pide este partido que se persiga a los funcionarios que participen activamente en este tipo de consultas, especialmente si se trata de un referéndum que ponga en entredicho la unidad de España. Para ellos, la pena de prisión sería de cinco a diez años, con una inhabilitación de hasta tres lustros. Además, se pide penalizar «las ofensas o ultrajes de palabraa España» y la «exhibición pública de emblemas o símbolos cuya significación implique un atentado contra la integridad del territorio nacional. Vox también incluye en su escrito una vieja aspiración que es la de incluir en el Código Penal una pena que despoje de la nacionalidad española a aquellos que cometan un delito y no sean españoles de origen.

«No solo atacamos a la amnistía en sí, sino que combatimos todos los elementos que el Gobierno está utilizando para perpetrar ese Golpe de Estado desde La Moncloa. Pedimos que la gobernabilidad de España no pueda negociarse con prófugos de la Justicia por delitos contra la nación y que no pueda apoyarse en partidos separatistas cuyo único objetivo es destruir la nación. Pedimos la ilegalización de esos partidos», señalaba ayer José María Figaredo, secretario general del Grupo Parlamentario Vox, aludiendo a otra de las modificaciones incluidas en su enmienda a la totalidad, que es la ilegalización de los partidos políticos que promuevan o participen en actividades «que amenacen la unidad de España».

No es la primera vez que Vox pide la ilegalización de formaciones como Junts, ERC o Bildu, propuesta que llevó al Congreso en septiembre de 2020 y en febrero de 2023 sin lograr el apoyo de ninguna otra fuerza política. También hace unos meses, el pasado noviembre, presentaron una moción en el Senado por la que se instaba al Gobierno a solicitar la ilegalización de los dos partidos separatistas catalanes, que obtuvo similar resultado. Por eso, desde la formación derechista extrañaba que el PP hubiera incluido en su texto de enmienda a la totalidad a la ley de amnistía una propuesta similar a esta, toda vez que en todas las ocasiones que Vox la llevó al Congreso o al Senado había votado en contra.

El propio Santiago Abascal criticaba ayer al PPal referirse al texto alternativo presentado por los populares a la ley de amnistía, en el que solicitaban la disolución de los partidos que cometan delitos de deslealtad constitucional salvo que colaboren con la justicia. «Pide ilegalizarlos después de negociar con ellos... y después de votar en contra de todas las propuestas de Vox para ilegalizarlos. Increíble... pero cierto», señaló el líder de Vox, tras conocer, además, la confirmación de que el candidato popular a la alcaldía de Barcelona, Daniel Sirera, se habría reunido en un hotel con dos miembros de Junts durante el pasado mes de agosto.