Vox emprende un rearme ideológico con sus territorios y sus parlamentarios

En Galicia, Vox se quedó fuera del Parlamento gallego el 18 de febrero y el próximo horizonte es el País Vasco, donde los ciudadanos están llamados a votar el 21 de abril. La formación de Santiago Abascal aspira a mantener el diputado autonómico que logró ahí en 2020, pero retenerlo implicará un ímprobo esfuerzo. Mientras, en paralelo, Garriga ha organizado una serie de grupos de trabajo con los que poner al partido a punto, con nuevas propuestas en diferentes ámbitos.

El lunes pasado, se celebró la primera reunión temática, sobre vivienda, y la idea es constituir en las próximas semanas otros dos foros internos para tratar la sanidad y la inmigración. Más adelante, según fuentes del partido consultadas por ABC, se podrán crear otros grupos para más asuntos, con los que ir afinando y ampliando el programa de Vox.

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Las fuentes consultadas subrayan que no debe interpretarse esto, ni mucho menos, como un giro ideológico o una reubicación en el espectro político. No. Es más bien una propuesta para poner a trabajar a los entendidos de cada materia en el partido para buscar nuevas ideas que se traduzcan en iniciativas parlamentarias o en medidas en los Gobiernos autonómicos de los que Vox forma parte: Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana, Aragón y la Región de Murcia.

La guía política de Vox sigue siendo la llamada Agenda España, que Abascal presentó en 2021 como oposición a la Agenda 2030, un plan de acción global que pone en el centro el desarrollo sostenible. La formación derechista reniega de esta última y dice que condena a los Estados a la pobreza a la par que les quita soberanía; un argumento que repite, por ejemplo, respecto a la ley de cambio climático.

Estos grupos de trabajo nacen de una decisión que ya tenía en mente Garriga cuando se hizo con la Secretaría General del partido, en octubre del 2022. No obstante, empieza a implementarse ahora, después de la reelección de Abascal como presidente de Vox el pasado enero. «La idea es abrir el partido, generar debate y hacer un armazón técnico de ideas», transmiten fuentes de la formación que participaron en la primera reunión sobre vivienda.

El coordinador de estos espacios será Ignacio Hoces, vicesecretario nacional de Coordinación Parlamentaria, y diputado que ha ido ganando peso en la formación en los últimos meses, aunque no forma parte del Comité Ejecutivo Nacional de Abascal. Ideológicamente, pertenece al sector más conservador, de la doctrina del propio Garriga y del jefe de la delegación europea de Vox, Jorge Buxadé, al que voces críticas acusaron de adueñarse de la formación. Esa ala más liberal, sin embargo, no cobró dimensión en la Asamblea General de enero, que reeligió a Abascal por aclamación al ser el único candidato.

Además de Garriga y Hoces, en la cita sobre vivienda participaron Carlos Hernández, portavoz adjunto en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso -el portavoz es Hoces-, los portavoces equivalentes en las comisiones de los distintos parlamentos autonómicos -Vox está representado en todos menos en Galicia-, y un técnico de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia. La intención es que en el resto de temas se puedan implicar miembros de las consejerías autonómicas de Vox y también concejales expertos en los asuntos a tratar. Los encuentros serán mensuales, aunque sus integrantes podrán solicitar citas extraordinarias para posicionamiento político en debates parlamentarios.

«Sería bueno trabajar en un documento final», explican las fuentes consultadas por ABC, que subrayan que, por ejemplo en el caso de la vivienda, «tras décadas de PP-PSOE en las que no se ha dado con la tecla», es fundamental encontrar nuevas ideas. Por ello, consideran necesario hallar una fórmula «original» para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda o controlar la proliferación de los pisos turísticos de una forma garantista. Vox, por ejemplo, ha denunciado en la Unión Europea la directiva para prohibir que se alquilen domicilios de baja calificación energética a partir del 2030.

Aunque las fuentes consultadas admiten que la situación parlamentaria es de una fragilidad máxima, con un Gobierno condicionado por socios inestables, inmerso en la aprobación de la amnistía que los socialistas veían la pasada legislatura «claramente inconstitucional» y ahora salpicado por el estallido del caso Koldo, una presunta trama de mordidas por la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid-19, también desvinculan estos grupos del contexto de inestabilidad.

Es decir, aunque puedan servir un refuerzo ideológico y tener los programas políticos preparados para un hipotético adelanto electoral, el trabajo de estos grupos es independiente. «Aunque el Gobierno fuera súper estable, lo haríamos», remarcan las mismas fuentes, aunque reconocen que esta sería una labor adelantada si el partido alcanzase responsabilidades gubernamentales en el próximo Ejecutivo.

Por otra parte, Vox sigue abonando el terreno de nuevas acciones judiciales contra la amnistía, como informó el martes este periódico, pero también contra el caso Koldo, más allá de su personación en la causa. Este diario ha podido saber que se ultiman varias querellas contra el Gobierno.