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En la misma fecha está citado también su sobrino, el exdirector general de Ganadería de Canarias Taishet Fuentes. En ambos casos, quiere que presten una «declaración ampliatoria» de la que ya ofrecieron como investigados en febrero, cuando estalló el caso Mediador.

Cabe recordar que en aquel momento el asunto llevaba un año en el juzgado a puerta cerrada. El 14 de febrero Taishet Fuentes, como otros investigados de la presunta trama, fue detenido y pasó a disposición judicial sin tener acceso al material que obraba en el sumario. El exdiputado, por contra, tuvo algo más de ventaja, pues su aforamiento impidió que fuese detenido en la misma jornada y no se practicó hasta unos días después. Ante la juez, ambos negaron los hechos.

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La providencia acuerda no obstante otra batería de diligencias relevantes, como la imputación de las hermanas Marta Isabel y Aranxa Suárez Cueva, que administran las empresas de fabricación de drones que su padre, el investigado José Suárez Esteve -'el Drones'- habría estado representando en Canarias en un intento de conseguir contratos públicos a cambio, conforme se investiga, de mordidas y dádivas que gestionaría el denominado Mediador, Antonio Navarro Tacoronte.

Suárez Esteve está en paralelo investigado por la Fiscalía Europea en tanto que adjudicatario de tres contratos de suministros de sistemas de detección de drones costeados con fondos de la Comisión Europea a través de proyectos de la Fundación Internacional e Iberoamericana para las Políticas Públicas (Fiiapp). Se sospecha que pudieron mediar comisiones por su relación personal con el general de División Francisco Espinosa, al frente del principal proyecto concernido, GarSi-Sahel, en las fechas de las adjudicaciones.

Se amplía así el elenco de investigados en la trama canaria del caso Mediador. La juez, además de a las empresarias Suárez Cueva, que deberán comparecer el 28 de junio, ha citado como investigados a Rubén Fuentes Pérez, en tanto que beneficiario de fondos que habrían enviado los ya imputados empresarios Mima Roca y Esteban Banús en el contexto de sus negociaciones con Taishet Fuentes para obtener una subvención europea que no consta que llegase -querían sufragar la inversión en un tractor-. En el sumario consta un pago de 3.100 euros y se le sitúa como «persona del entorno» de Navarro Tacoronte.

Por lo mismo, cita a Celedonio Castro, taxista y antes concejal de Coalición Canaria en un municipio de Tenerife y de quien ya pidieron los movimientos bancarios los investigadores para esclarecer una transferencia de parte de los mismos empresarios y que se sospecha, obedecería a una mordida encubierta. En su caso, consta una transferencia de la empresa de Mima Roca y Esteban Banús por importe de 3.250 euros. Él, como Rubén Fuentes, tiene que acudir el 28 de junio.

Asimismo, llama como investigados por primera vez al procedimiento a Álvaro de la Bárcena Argany, viceconsejero del Sector Primario del Gobierno de Canarias desde 2019, y a Estefanía Margarita González, jefa de Servicio de la Dirección Técnica en este mismo organismo. En ambos casos, la imputación lo es «por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos y prevaricación», aunque abierta a los que resultasen «de su participación» en este asunto, conforme detalla la juez.

Por último, incorpora a dos testigos a la causa que deberán acudir también la próxima semana y de la que una es funcionaria en la Secretaría General Técnica de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y la otra, técnico administrativo.

Por otra parte, la juez profundiza en la prueba documental. En la misma provicencia, ordena recabar informe de la Inspección General de la Administración del Estado sobre el expediente incoado al ganadero ya investigado Alberto Montesdeoca en el Servicio de Reintegro de fondos europeos y el que se abrió a su empresa, Biogranja Montesdeoca, ante «indicios de la comisión de un delito de prevaricación». Se reclama, igualmente, el expediente original de otro de los ganaderos salpicados, Julián Santa Bárbara Pérez Alonso, para su estudio.