El Supremo amenaza al Gobierno por no acoger a los menores solicitantes de asilo de Canarias

En su resolución, a la que ha tenido acceso ABC, la Sala Tercera expone que, tras la vista pública celebrada el pasado 29 de mayo, se ha podido comprobar que la Administración del Estado no ha dado cumplimiento a la medida cautelar acordada el 25 de marzo de este año, ya que «hasta el momento, más de dos meses después, ninguno de los menores solicitantes de protección internacional –o que hayan manifestado su voluntad de solicitarla–, que se encuentran bajo la tutela y guarda de Canarias, ha sido evaluado individualmente con la finalidad de poder tener acceso al sistema estatal de acogida», señala.

Estos menores a los que se refiere el Supremo forman parte de los más de cuatro mil niños que se encuentran en situación de desamparo hacinados en centros de las islas desde hace más de un año. Su tutela, tal y como indica la ley, debería correr a cargo de la comunidad autónoma en la que se encuentran, si no fuera porque estos mil niños han solicitado que se les reconozca como refugiados. Por este motivo, al manifestar su voluntad de ser reconocidos como tal, deberían pasar a formar parte del sistema estatal de acogida de protección internacional, algo que no se ha producido y que Canarias, que tutela más de 6.000 menores en solitario desde hace más de un año, denunció ante los tribunales.

El Supremo falla en favor del Gobierno insular y establece en esa medida cautelar un plazo de diez días para que el Gobierno se hiciera cargo de estos 1.008 menores. Lo cual no sólo significa trasladarles a recursos estatales y proveerles de acogida y asistencia, sino también tramitar sus solicitudes, ya que la denuncia que interpuso Canarias también se hace eco de que la Administración no está facilitando citas previas para que los menores que ya han manifestado voluntad puedan formalizar su solicitud y gozar de todos los derechos que esta les concede, a los que la Sala se refiere en su auto. Entre ellos se encuentra la suspensión de cualquier proceso de devolución, expulsión o extradición, el derecho a ser informado en un plazo razonable de los beneficios y obligaciones que les corresponden y a que se comunique su solicitud a la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), el derecho a obtener una autorización para trabajar en España o la reagrupación familiar, entre otros.

Por ello, la Sala acuerda ahora que en el plazo improrrogable de 30 días se dote a las oficinas administrativas encargadas de la tramitación de estas solicitudes de protección internacional de los medios necesarios para que sean formalizadas y resueltas en un plazo razonable, «sin que pueda transcurrir más de seis días entre la manifestación de la voluntad de solicitar la protección internacional y la formalización de la solicitud». Hasta ahora el tiempo de espera entre esos dos procedimientos es de más de un año.

Esta medida cautelar también establece que en el plazo de 15 días se establezca un plan de colaboración con el Gobierno de Canarias, se localice a los responsables de cada ministerio implicado que deban ocuparse del cumplimiento de esta medida y que de todo ello se de cuenta detallada al Supremo en esta misma ventana de tiempo hasta su completo cumplimiento «con advertencia de que se adoptarán las medidas coercitivas previstas en la ley en caso de no ser atendido este requerimiento».

Fuentes jurídicas consultadas por ABC aseguran que esas medidas de ejecución forzosa pueden pasar por imponer multas coercitivas –que no son sanciones– a las autoridades obligadas a cumplir. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, denunció ayer que «no ha habido voluntad de cumplir esa resolución» ni por parte del Ministerio del Interior ni el de Migraciones. «No se ha hecho nada», lamentó, informa Laura Bautista.