El Supremo corrige por tercera vez en un mes a la Audiencia Nacional por absolver a etarras

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Nati Villanueva

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En este caso, el Tribunal Supremo ha ordenado repetir el juicio contra los tres etarras acusados del asesinato en 1990 del policía nacional Ignacio Pérez Álvarez en Galdácano (Vizcaya), cuyo atentado se produjo a través de una bomba situada en una bicicleta junto a su vehículo. Los miembros de ETA imputados –Carmen Guisasola, Oscar Abad y José Ramón Martínez– fueron absueltos al declararse prescritos los hechos. La Sala de lo Penal del Supremo ha anulado dicha absolución y ha ordenado a la Audiencia Nacional la celebración de un nuevo proceso judicial con diferentes magistrados «que valore las pruebas y dicte sentencia conforme a su resultado».

El Alto Tribunal ha admitido el recurso de la Fiscalía, en el que se recoge la existencia de tres resoluciones, por parte de la misma Sala y el mismo ponente de la Audiencia Nacional, con distinto resultado. En las dos primeras, se rechazaba la extinción de la responsabilidad criminal de los etarras derivada de la prescripción, a la vez que se ordenaba el seguimiento de las actuaciones para el enjuiciamiento de los acusados. Sin embargo, en la tercera resolución los magistrados decidieron absolver a los acusados y miembros de ETA, admitiendo el argumento de la defensa de que habían prescrito los crímenes imputados.

El fiscal mantiene que la Sala cambió de postura «omitiendo todo argumento o justificación razonable acerca de ello». Además, la sentencia incluye un voto particular del magistrado Leopoldo Puente, quien concuerda con el Supremo en la afirmación de que «el cambio de criterio sobre la prescripción realizado por la Sala de la Audiencia Nacional hubiera merecido una justificación argumental más detenida».

En la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se argumenta la necesidad de continuar con la investigación a los tres acusados. Los magistrados consideran que el error de la Audiencia Nacional proviene de no atribuir «efectos interruptivos de la prescripción» a la solicitud efectuada por el Ministerio Fiscal en 1993, tres años más tarde del atentado, pidiendo un análisis balístico de cotejo de las armas que le fueron interceptadas al comando 'Txalaparta' –formado entre otros por los acusados: Carmen Guisasola, Oscar Abad y José Ramón Martínez–.

Dicha interrupción es propia de aquellas resoluciones «llamadas a activar un procedimiento que, no se olvide, buscaba esclarecer un hecho delictivo atribuido a la organización terrorista ETA», señala la sentencia. Además, en 1993 únicamente estaban acusados Abad y Martínez, quienes reconocieron la participación de Guisasola en el atentado, proporcionando otro motivo más en contra de la prescripción.

Entre la solicitud del fiscal, a través de una providencia dictada por el Juzgado Central de Instrucción número 5, y su cumplimiento pasaron más de 10 años, un tiempo «absolutamente inaceptable» para el Alto Tribunal. Sin embargo, ese lapso de tiempo «no fue suficiente para provocar el efecto extintivo de la responsabilidad criminal», defiende el Tribunal Supremo.