El Supremo avala a los infiltrados que entregaron 17 maletas con 800 kilos de droga

Fue así una entrega vigilada en la que el papel de cuatro infiltrados de Antidroga resultó determinante tanto para la intervención de la sustancia como para la detención y posterior condena de sus responsables. Pero en el juicio, como después ante el Tribunal Supremo, ellos alegaron que en realidad, fueron inducidos a la comisión del delito por la propia policía. En definitiva, que les «colocaron» la droga y que habrían seguido con sus vidas sin entrar en el negocio de no ser por la provocación previa de los agentes de la ley. El Supremo lo descarta. «En el presente supuesto falta la nota distintiva de que la actuación policial sea motor incitador de la conducta delictiva investigada» y «o existe provocación delictiva ni por parte de los agentes de la DEA ni de los policías españoles», dice la sentencia a la que tuvo acceso ABC.

En su resolución, del pasado julio, los magistrados exponen que la utilización de agentes encubiertos «solo implica la integración y actuación de un miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado dentro de organizaciones criminales, para su mejor persecución e investigación». «Nace esta idea como recurso frente a la alta especialización y sofisticación en el desarrollo, normalmente, de determinadas conductas criminales, que dificultan enormemente su persecución», razona la sentencia. De ahí que, según las fuentes consultadas por ABC, tanto los propios infiltrados como los operativos que están detrás y la Fiscalía Antidroga sean especialmente escrupulosos y garantistas en este tipo de operativos. Un paso en falso puede dar al traste con todos los esfuerzos previos porque, obviamente, no hay condena si hay inducción previa al delito.

En esta causa, que se diría de película, la intervención de los infiltrados era fundamental.

En noviembre de 2017, la DEA avisó a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado Central de la Policía Nacional (UDYCO) sobre la existencia de una organización hispano albanesa que se dedicaba al transporte y la distribución de cocaína colombiana en España y arrancó la investigación. Sólo tres meses después, la agencia estadounidense envió más datos: se iba a producir un envío de forma inminente y solicitaban «la entrega controlada del dinero» que se iba a consignar para pagar el envío de la sustancia. En ese momento entró en juego el primer infiltrado dentro de aquella organización. El agente «Narcea» recibió aval de la Fiscalía Antidroga para involucrarse en este asunto. La red le había contactado. Le citó en un bar y le entregó un paquete rojo con 130.150 euros y una bolsa de plástico con un teléfono encriptado que debía entregar a su supuesto «patrón» y que sólo podría encender el 25 de febrero. Antidroga autorizó en ese momento a otros tres agentes infiltrados más. «Llobregat», que haría de patrón y sus lugartenientes «Nervión» y «Zumeta», que hacían la logística.

Comenzaron las reuniones. El Txistu y el Amazónico, dos conocidos restaurantes de Madrid, fueron testigos de los encuentros. Se estaban puliendo los detalles junto a un tal «Renato», el enviado por la organización colombiana para supervisar que la droga llegaba a su destino. En marzo, salió el cargamento. Un total de 800 kilos de cocaína en 18 cajas de cartón y 3 maletas a bordo de un vuelo de Iberia con destino a Barajas bajo custodia de un policía español y un agente de la DEA. Al llegar al aeropuerto, la trasladaron a Canillas, la sede de la Policía Nacional en la capital. Y allí, la distribuyeron en 17 maletas que previamente, el tal Renato y el albanés que lideraba el negocio en España, se encargaron de comprar y que «Narcea» había recogido en la tienda.

Las maletas se cargaron en la furgoneta que la organización había previsto para la entrega, aunque hubo una escala en una nave industrial de Valdemoro donde uno de los condenados se acercó junto a los tres infiltrados para comprobar que la sustancia había llegado a Madrid, que estaba a buen recaudo y que era de las características esperadas. Una «prueba de vida», lo llamaban en sus conversaciones.

Dos infiltrados llevaron la furgoneta al parking de un Decathlon en las afueras y aunque acabaron cambiando de aparcamiento porque uno de la red sospechaba de vigilancias, acabaron entregando las llaves a su destinatario. Acababa de salir del lugar cuando la Policía Nacional se le echó encima. Cuatro fueron los detenidos y condenados. Renato nunca apareció.