Los socios ven a Pedro Sánchez «en la UCI», pero alejan una moción de censura

La realidad superó la rumorología. Negro sobre blanco, los mismos grupos que hicieron presidente del Gobierno a Pedro Sánchez por la sentencia del caso Gürtel contra el PP de Mariano Rajoy comprobaron cómo el secretario de Organización del PSOE, su antecesor y el asesor de confianza de este hablaban sobre el cobro de mordidas a cambio del amaño de adjudicaciones de obras públicas. «Es peor de lo que se podía imaginar», admite un diputado afín al Gobierno, quien añade: «Esto no es 'lawfare'».

Esa última frase, que cae como una sentencia condenatoria, entierra el argumentario justificante que manejaban la Moncloa y Ferraz cuando se les preguntaba por los casos de corrupción que rodean al PSOE y al entorno del jefe del Ejecutivo. Los socios, que fueron los primeros en abonar la teoría de la guerra sucia judicial –primero Podemos y después los independentistas catalanes–, aceptaron ese relato tras la imputación de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, y el procesamiento de su hermano, David Sánchez, y del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. No obstante, el diagnóstico era distinto en el caso Koldo/Ábalos y en los audios de la exmilitante socialista Leire Díez, donde se le escuchaba ofrecer tratos de favor con la Fiscalía a empresarios presuntamente corruptos a cambio de información privilegiada para acabar con miembros de la UCO que investigan al PSOE. Ahora, la caída de Cerdán y su presumible imputación empeoran las cosas.

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Podemos, que lleva meses alejándose del Gobierno por cuestiones ideológicas, se está revelando como el apoyo más duro en esta crisis. El partido de Ione Belarra considera que el Ejecutivo de PSOE y Sumar está «en la UCI» –así lo ha dicho ella misma–, en una situación «muy delicada», y que la versión de Sánchez en Ferraz es «absolutamente insuficiente».

Quien parece levantar el pie del acelerador es Sumar, que comparte Consejo de Ministros con el PSOE, aunque no sin contradicciones internas. Este jueves fue la primera formación del bloque de investidura que exigió el cese de Cerdán, pero después la vicepresidenta Yolanda Díaz, «muy enfadada», se conformó con reclamar al PSOE una reunión «urgente» y «un giro social».

Este viernes, Lara Hernández, coordinadora general de Movimiento Sumar, pareció dejar la puerta abierta en TVE a pedir que el presidente se someta a una cuestión de confianza, pero rápidamente la formación izquierdista se lanzó a matizar a su líder para descartarlo. En la misma cadena, el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, admitió que la confianza entre los socios de legislatura «se rompió» tras levantar el Tribunal Supremo el secreto de sumario y que el informe Cerdán quedase a la vista de todos.

Lo que es evidente es que a los aliados de Sánchez no les convencen las palabras del presidente y que nadie le compra ese intento de circunscribir esto a un caso de corrupción que afecte al PSOE, pero no al Gobierno. ERC, Podemos y BNG remarcan que las obras públicas las adjudica el Ministerio de Transportes y no la Secretaría de Organización del PSOE. Sin cartera en el Ejecutivo, en otras palabras, no hay comisiones ilegales. De hecho, ERC y BNG se aliaron este viernes para registrar la petición de comparecencia de Sánchez ante el Pleno del Congreso, como hicieron ya con los audios de Leire Díez, para que ofrezca todas las explicaciones pertinentes sobre «presuntos casos de corrupción que afectan al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible». De limitar esto a un asunto de partido, nada.

En Junts y PNV, tras apretar la víspera, optaron este viernes por el silencio para dar cierto margen al Ejecutivo. Pero la formación liderada por el prófugo Carles Puigdemont ya exigió una cita para comprobar «la viabilidad de la legislatura». No en vano, los separatistas pierden a su principal interlocutor, su persona de confianza para negociar en Ginebra (Suiza), mediador internacional presente, las cuestiones que se enquistasen en el puente Madrid-Barcelona, siempre bajo la lupa de Waterloo (Bélgica). Por ahora, lo que alejan todos los socios es la posibilidad de una moción de censura. Ninguno de los aliados de Sánchez quiere hacer presidente a un Alberto Núñez Feijóo que, para ello, necesita la complicidad de Vox. Conscientes de eso, desde Génova y el Grupo Parlamentario Popular tampoco lanzan mensajes que inviten a un acercamiento. Miguel Tellado, sin ir más lejos, llamó este viernes a Aitor Esteban «lacayo».