El Senado votará el veto del PP a la ley de amnistía el 14 de mayo, después de las elecciones catalanas

La decisión la tomarán oficialmente mañana la Mesa y la Junta de Portavoces, aunque es un simple formalismo, pues ha sido la dirección nacional del Partido Popular, el grupo mayoritario de la Cámara, la que ha elegido esa fecha. Había dos posibilidades, llevarla al pleno de esta semana, coincidiendo con los últimos días de campaña en las elecciones catalanas, o hacerlo la siguiente, cumpliendo casi los dos meses desde que llegó procedente del Congreso, el 16 de marzo.

Finalmente, los populares entienden que es más beneficioso para ellos hacerlo fuera del periodo electoral catalán, pues lo contrario podría generar un efecto llamada al electorado independentista y esa movilización, que ya se produjo el pasado 23 de julio durante las generales, no fue positivo para el PP.

Noticia Relacionada

Ábalos tilda de éxito su encuentro con Delcy y asegura que no sabía que Illa se vio con Koldo

Juan Casillas Bayo

En cualquier caso, lo que se votará -y aprobará- el próximo 14 de mayo es el veto a la totalidad de la norma a la que se dio luz verde en el Congreso hace casi dos meses. El dictamen de la Comisión de Justicia y Constitucional, elaborado este lunes por la Ponencia tras escuchar a diferentes catedráticos y expertos, se aprobará definitivamente el jueves 9 de mayo y será el que se vote en el pleno.

En el mismo, además de esas opiniones, se tendrá en cuenta el informe del letrado de la comisión, de nuevo muy crítico con la norma como lo fueron también el de admisión a trámite de sus compañeros de la Cámara Alta y también el de su homólogo en la comisión del Congreso.

En el informe se analiza, de nuevo, la falta de fundamento constitucional de la amnistía y se deja entrever «la necesidad de una previa reforma constitucional para su impulso», pero también se ponen de manifiesto una serie de «infracciones que afectarían a principios y derechos fundamentales tanto de la Constitución como de los tratados de la Unión Europea».

Se refiere, en concreto, a la ambigüedad del «ámbito material y temporal de la amnistía, sin referencia a tipos penales concretos o a categorías de delitos en función del bien jurídico protegido» y también al posible conflicto en materia de terrorismo y de protección de los intereses financieros de la UE.

El informe advierte del «riesgo que entraña para las Cortes Generales la aprobación de esta Proposición de Ley Orgánica, ya que podría determinar, por parte de los órganos jurisdiccionales que tuvieran que aplicar la amnistía, el planteamiento de una cuestión prejudicial, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o de una cuestión de inconstitucionalidad, ante el Tribunal Constitucional».