El Senado explora una vía contra el bloqueo legislativo de Armengol

«No puede ser que llevemos un año y medio de legislatura y que haya 21 leyes del PP secuestradas por Armengol, que ejerce como un miembro más del Gobierno y no como la presidenta del Congreso», señala a ABC un miembro de la dirección del Partido Popular, cuyo descontento no es más que el reflejo del sentir de todo el grupo. Un malestar que ha ido a más con el paso de las semanas. Frustrados en Génova al ver cómo las normas que salen adelante en el Senado son bloqueadas y quedan varadas en un plazo de enmiendas que se prorroga de manera automática cada semana. De hecho, la ley del de las peluquerías, la primera que salió adelante en la Cámara Alta durante la actual legislatura, acumula ya 45 prórrogas que los populares consideran injustificadas.

Por eso, después de meses buscando la manera de acabar con este bloqueo, en el Senado han encontrado una vía para, al menos, elevar el problema hasta el Tribunal Constitucional. Así se desprende de la propuesta de reforma del Reglamento impulsada por el PP y a la que ha tenido acceso ABC, en la que se aborda este asunto. «En el caso de que la tramitación de la proposición de ley por el Congreso de los Diputados se demore de forma injustificada, un Grupo parlamentario o veinticinco Senadores, mediante texto escrito debidamente motivado, podrán proponer al Pleno de la Cámara el planteamiento de un conflicto de atribuciones», recoge la nueva versión del artículo 108, que remite a un proceso inédito hasta la irrupción de la ley de Amnistía, pero que amenaza con convertirse en habitual si el Gobierno continúa con su negativa a tramitar las normas impulsadas por el Partido Popular en el Senado.

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Aunque fue con la amnistía cuando se utilizó por primera vez, aquel proceso quedó en nada al optar el PP por elevar un recurso de inconstitucionalidad a la norma. Actualmente hay otros dos choques institucionales abiertos entre cámaras: uno por la denominada 'ley de etarras' con la que el Gobierno pretendía rebajar el tiempo en prisión de terroristas y otro por la ley de eficiencia de la Justicia, modificada en el BOE de manera unilateral por el Ejecutivo. Ambos casos, si el Congreso o el Gobierno no le ponen solución, acabarán en el Tribunal Constitucional, punto final de un proceso que ahora podría multiplicarse con cada norma aprobada en el Senado y no tramitada en la Cámara Baja.

«Sánchez dijo que gobernaría de espaldas al poder legislativo y una de las consecuencias de ello es dejar a los españoles sin leyes que resolverían muchos de sus problemas. Sánchez está preso de sus cesiones al separatismo y de la corrupción que le acorrala, lo que ha llevado al país a una grave parálisis legislativa», explica Alicia García, portavoz del PP en la Cámara Alta, que justifica la reforma del Reglamento para defender «la democracia parlamentaria y las competencias de los españoles».

Este asunto es clave para el devenir de la legislatura, pues una tramitación regular de las leyes aprobadas en el Senado conllevaría un carrusel de derrotas parlamentarias para el Gobierno, que vería cómo al mismo tiempo que no es capaz de sacar adelante sus propias iniciativas -como le ha ocurrido, por ejemplo, con la ley de Extranjería o la ley del Suelo-, la oposición sí que logra aprobar las suyas. De hecho, la gran mayoría de las normas salidas del Senado entrarían en vigor si se reprodujeran en el Congreso los apoyos recibidos en la Cámara Alta. Normas como la ley contra la okupación ilegal o la que pide modificar el Código Penal para mejorar la lucha contra el narcotráfico. «Si el Gobierno no tramita nuestras leyes es para no evidenciar más su debilidad parlamentaria», apunta una fuente del PP, que pide a Sánchez que «desbloquee de una ver las 'leyes Feijóo' por el bien de los españoles».

Otra de las cuestiones clave de la reforma del Reglamento impulsada por el Partido Popular tiene que ver con la artimaña habitual del Ejecutivo de Pedro Sánchez de tramitar sus iniciativas más relevantes como proposiciones en lugar de proyectos de ley, sorteando así informes clave de instituciones del Estado.

Ocurrió así, por ejemplo, con la amnistía. Una norma para la que tanto el Consejo de Estado como el Consejo Fiscal se negaron a dar su opinión a pesar de que el Senado se la solicitó. Se ampararon entonces en que el Reglamento no les obligaba a ello, algo que el PP quiere revertir con la inclusión del artículo 107 bis, que recoge que «a solicitud de un Grupo parlamentario, la Mesa del Senado podrá solicitar a otros órganos del Estado la elaboración de informes sobre los proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados».

«Esto es muy importante, porque hasta ahora el Gobierno ha conseguido sortear estos informes en todas sus leyes polémicas, como la amnistía hace unos meses o, más recientemente, con el registro de su ley para la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña», apunta a ABC un senador del Partido Popular. De hecho, si esa norma impulsada por el PSOE y Junts acaba siendo aprobada por el Congreso, una vez que recale en el Senado el PP podría solicitar a través de su mayoría en la Mesa que las instituciones antes mencionadas se vean obligadas a retratarse sobre este asunto tan espinoso.

En el PP admiten que la reforma del Reglamento propuesta es ambiciosa y están abiertos a buscar un consenso amplio con el resto de fuerzas, siempre con el objetivo de darle al «Senado la importancia que merece dentro de un sistema bicameral» como el español.