Los Mossos avisan: «Sin efectivos no podemos asumir inmigración»

Así, aunque los Mossos acogen con satisfacción la asunción de nuevas funciones, advierten que deberá ser progresiva o no podrán garantizar un correcto ejercicio de las mismas, en detrimento de la seguridad del ciudadano. «¿Estamos preparados? Ahora mismo no», apunta Albert Palacio, portavoz de Uspac, que indica que entre jubilaciones y la posibilidad de que los agentes pasen a tareas administrativas y abandonen la calle –entre los 57 y los 65 años– «quizá nos quedemos con 17.000 efectivos, menos que ahora».

«Como Cuerpo, las nuevas competencias son bienvenidas, pero sólo hace falta ver cómo estamos ahora en comarcas, en Lérida o Gerona, con una plantilla envejecida, donde no sólo falta gente sino también coches patrulla», apunta Palacio. En septiembre habrá una nueva promoción, pero la incorporación de quienes aún están en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, unos 1.500 agentes, será insuficiente para cubrir las futuras bajas.

En la misma línea que Palacio se pronuncia Imma Viudes, su homóloga en otra de las organizaciones mayoritarias, Sap-Fepol. «El acuerdo es positivo, pero se tiene que hacer bien y siendo realista, ya que durante todo este periodo habrá centenares de mossos que pasarán de la calle a tareas administrativas y otros tantos están a punto de jubilarse», señala.

A falta de concreción alguna sobre la materialización del acuerdo, el pacto entre el Gobierno y el partido de Carles Puigdemont contempla que la Policía catalana ejerza competencias por delegación –que no transferencia– en puertos, aeropuertos «y otras zonas críticas», donde reforzarán la seguridad junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil. También se encargarán de gestionar de forma integral el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, en Barcelona; y podrán expulsar a aquellos que tengan prohibición de entrada –y no requieran de expediente–; así como tareas de prevención y persecución de la trata y explotación de seres humanos.

El problema que plantean los sindicatos de Mossos es que asumir nuevas competencias con una plantilla mermada puede hacer «que se tambalee el sistema de seguridad de Cataluña». Viudes lo ilustra con otro ejemplo, el despliegue en materia de Seguridad Ciudadana que el Cuerpo catalán asumió en 2006, en el caso de la provincia de Barcelona y, dos años más tarde, en Tarragona. «Corremos el riesgo de hacer las cosas mal, hay que ser realistas», defiende.

A la falta de efectivos e incluso vehículos policiales se suman «instalaciones obsoletas», y las organizaciones de agentes prevén incluso posibles hacinamientos en comisarías cuando comience la incorporación de las nuevas promociones. Tanto Sap-Fepol como el Sindicat de Mossos (SME) celebran que gestionar inmigración, junto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es un paso más en su despliegue como policía integral de Cataluña, pero advierten que será necesaria una planificación «estricta» ante la asunción de estas nuevas competencias.

A día de hoy, son más de 7.500 los agentes del Cuerpo que tienen entre 46 y 57 años, lo que supondrá una merma de sus filas a medio plazo. El riesgo, constatan las organizaciones de policías, es que esta asunción repercuta, con la subsiguiente «afectación negativa», sobre aquellas competencias que ya ejercen. «La ciudadanía no puede sufrir las consecuencias de una mala previsión o de una mala planificación por la consecución de un objetivo», subrayan.

Tras la última Junta de Seguridad, celebrada en Cataluña el pasado diciembre, fue la titular de Interior, Núria Parlon, la que supeditó la asunción de nuevas competencias al aumento de la plantilla de los Mossos. Ahora son los propios agentes los que recalcan que, pese al incremento anunciado, las cifras siguen siendo insuficientes.

Otra de las cuestiones pendientes es la de abordar la formación que necesitarán los policías del Cuerpo catalán para ejercer las nuevas funciones. «Hay que hacer un curso, que imparte Aena. La gente no está preparada», recuerdan desde Uspac. Por el momento, la proposición de ley registrada en el Congreso tras el acuerdo de PSOE y Junts aún está pendiente de aprobación, y, por tanto, de concretar su aplicación y plazos. «Son decisiones políticas y nosotros hacemos lo que nos ordenan. Eso sí, esperamos tener los recursos humanos necesarios para poder desarrollar el trabajo de una plantilla que ya está muy saturada», resume David Miquel, portavoz de otro sindicato de Mossos, SPC.

Todas las voces consultadas lamentan, además, las críticas de policías y guardias tras el anuncio. «A nosotros no nos molesta trabajar con otros Cuerpos. Si no hay coordinación, quien lo acaba pagando es el ciudadano», constata Viudes.