Junts amenaza la legislatura al tumbar la senda de déficit

El pleno se le atragantó pronto al Ejecutivo, que se esforzaba por negociar in extremis el apoyo del Partido Popular (PP) a la toma en consideración de la ley de Extranjería, con los ministros Ángel Víctor Torres, Elma Saiz y Sira Rego, de Política Territorial, Seguridad Social y Migraciones e Infancia y Juventud, respectivamente, implicados en una negociación en la que participaba también el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria (CC) y que gobierna en coalición con el PP, que estuvo todo el día en la Cámara Baja. Pero fue entonces cuando el diputado de Junts per Catalunya, Josep María Cruset, convocó a los medios en el patio del Congreso para asestarle el golpe definitivo al Ejecutivo, al anunciar que su grupo tumbaba la votación de esa senda de estabilidad, que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acababa de defender en la tribuna de oradores. Una zancadilla a los Presupuestos Generales del Estado justo al inicio del camino para aprobar las cuentas públicas. Algo casi sin precedentes, que se produce la víspera de la reunión hoy en Barcelona de Sánchez con el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, una cita que muchos veían como un paso adelante para la investidura del líder del PSC, Salvador Illa, con el apoyo de ERC, algo que Junts habría torpedeado con su maniobra. En 2019 los grupos independentistas tumbaron los Presupuestos, ya en una fase parlamentaria final, y Sánchez convocó elecciones con una frase contundente: «Llámenme clásico, pero sin Presupuestos uno no puede gobernar». Este martes, en cambio, fuentes socialistas trataban de poner buena cara y auguraban que aún se podría impulsar una nueva senda a finales de agosto, en el primer Consejo de Ministros del nuevo curso político.

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Noqueada, Montero compareció con brevedad en el patio del Congreso, donde trató de ignorar el varapalo que le había propinado su socio de investidura, Junts. Hasta el punto de que cuando le preguntaron por ello contestó criticando al PP: «Sinceramente, no sabíamos qué es lo que Junts iba a apoyar, pero quienes más se hubieran beneficiado de lo que estamos comentando [la senda de déficit] son las comunidades que en su gran mayoría gobierna el PP, y los ayuntamientos, no se entiende que el PP esté perjudicando a sus gobiernos». Poco después, la número dos del primer partido de la oposición, Cuca Gamarra, compareció en el escritorio para sentenciar que Sánchez «tiene votos para estar en el Gobierno pero no para gobernar», a lo que añadió que «sus socios no le quieren por su valía, sino por su debilidad». Al tiempo que pidió al presidente «una reflexión» para pensar «qué medidas debe tomar ante esta situación para garantizar la gobernabilidad». Porque en caso contrario, aseveró Gamarra, será el propio Alberto Núñez Feijóo el que exponga sus propias medidas. «Es el momento de que un gobierno que está acosado por la corrupción del caso Koldo, Begoña Gómez y el hermano del presidente, entienda que ha terminado su tiempo», sentenció la secretaria general del PP.

Los tres puntos calientes de un prolijo pleno, como suele ser habitual antes de las vacaciones de verano, estaban en esas dos votaciones que perdió el Ejecutivo y también en el nuevo decreto de medidas anticrisis, que salió adelante con el apoyo de Podemos. Hubo también el consabido acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la luz verde a la ley de paridad y la aprobación de dos iniciativas en favor de los bomberos y agentes forestales, que la vicepresidenta Montero ensalzó en su intervención ante los medios como forma de disimular el fracaso en éstas otras votaciones.

Montero tachó también de «insolidario» al PP por su rechazo a la modificación del artículo 35 de esa ley de Extranjería, para fijar negro sobre blanco el cupo de reparto de inmigrantes cuando en alguna comunidad o ciudad autonóma se haya sobrepasado un 150% su capacidad, como ocurre ahora en las islas.

Los populares se habían abierto a reconsiderar su voto, en principio negativo, siempre que el Gobierno se comprometiera por escrito a convocar la Conferencia de Presidentes; a declarar la emergencia migratoria en todo el territorio; a garantizar la financiación de los menores hasta su emancipación y a que el Estado asumiera la tutela en caso de desbordamiento del sistema autonómico. La petición quedó sin respuesta, lo que el PP entendió como una negativa, a pocos minutos del inicio del pleno, aunque las negociaciones siguieron durante horas, de manera infructuosa.

Ante esta situación, empezó a ganar enteros la posibilidad de que el Gobierno pudiera ordenar la retirada de esa proposición de ley de PSOE, Sumar y CC, algo que bien entrada la tarde ya descartaban fuentes del Consejo de Ministros. «No se retira, se vota y que cada uno se retrate», aseguraban esas fuentes. Previamente, y aunque ya era lo de menos, el debate en el pleno dejó claras las posturas, y los acentos. El diputado socialista Luc Andre Diouf advirtió al PP que «no hay más tiempo». La parlamentaria del Grupo Popular Ana Alós denunció que «el Gobierno no tiene política migratoria», que «el drama de los menores es solo la punta del iceberg de la emergencia migratoria que ustedes se empeñan en negar», y les espetó a los socialistas: «Ahórrense las amenazas. Hoy asistimos a algo que es normal en este Gobierno. Un parche y un chantaje al PP. Que vengan a pedir al PP que les apoye es casi como de broma».

Sánchez acude este miércoles al encuentro con Aragonès sin certezas sobre la investidura de Illa ni sobre el futuro de su Presidencia. Feijóo, mientras tanto, anunciará su propia receta tras reunir a su grupo parlamentario.