Sánchez privilegia a la Generalitat con otros 11.400 millones de financiación extra

En la práctica, bajo la forma jurídica del préstamo, Cataluña disfruta por esta vía de una financiación autonómica reforzada, en unas cantidades desconocidas para cualquiera de las otras catorce autonomías del régimen común –País Vasco y Navarra disfrutan del régimen especial de la foralidad–.

Esta financiación privilegiada que el Gobierno de Sánchez inyecta en la Generalitat se articula a través de los denominados Mecanismos Extraordinarios de Financiación (MEF), que se canalizan fundamentalmente a través del FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica. Estos mecanismos los creó el Gobierno de Mariano Rajoy en lo peor de la crisis de 2008, para socorrer a las autonomías que tenían sus finanzas en situación crítica, al borde del descalabro. A la cabeza se encontraba Cataluña, cuyas persistentes derivas nacionalistas han ido tradicionalmente en paralelo a un gasto público excesivo que deterioró sus arcas hasta el extremo de perder su credibilidad ante los inversores y ver cerrados los mercados financieros.

El Gobierno de Rajoy concibió los MEF como una solución transitoria, pero para Cataluña han acabado convertidos en una perenne fuente de dinero público a costa de la deuda del Estado. Desde que Pedro Sánchez está en La Moncloa, el flujo de dinero concedido a Cataluña por esta vía ha ido en aumento: 48.228 millones le ha inyectado hasta la fecha, unos 2.700 más que en los cuatro años y medio previos de Rajoy.

En la actual etapa, estas inyecciones de fondos han ido en paralelo a los acercamientos, pactos o negociaciones políticas entabladas entre el PSOE y el independentismo catalán, uno de los socios a los que Sánchez debe su estancia en La Moncloa.

Según los datos oficiales recabados por ABC, en los seis primeros meses de este 2022 el Gobierno ha concedido a la Generalitat otros 11.437,2 millones de euros de financiación extraordinaria. Cataluña ha acaparado el 41% de todos los fondos repartidos por el Gobierno de Sánchez a las autonomías a través de los MEF, pese a que esa comunidad supone el 16% de España en población y el 19% en términos de PIB.

La segunda autonomía más beneficiada en estos seis meses ha sido la Comunidad Valenciana, con 7.216 millones, en cualquier caso muy por detrás de Cataluña. Las demás ni se les acercan. De hecho, además del País Vasco y Navarra, cuatro autonomías del régimen común tampoco han recibido ni un euro de estos fondos extraordinarios de financiación. Se trata de las comunidades de Castilla y León, Madrid, Galicia y Canarias, que son capaces de financiarse en los mercados sin tener que recurrir al Estado.

Los 11.437,2 millones de financiación extraordinaria que la Generalitat de Pere Aragonès ha cosechado en lo que va de año han precedido al nuevo acercamiento entre el Gobierno de Sánchez y el Ejecutivo independentista. Esa privilegiada plataforma financiera es una condición imprescindible en las relaciones entre la Generalitat y La Moncloa, a la que se añaden en cada momento las contrapartidas políticas de distinta índole.

En este cuadro de situación se enmarca la llamada 'mesa de diálogo' instaurada por Pedro Sánchez con la Generalitat de ERC. El pasado martes, al término de la reunión que celebró esa mesa política, el ministro de la Presidencia, el socialista Félix Bolaños, dijo que había sido un «encuentro sincero, amable y constructivo».

ERC logró avanzar en el reconocimiento a sus tesis sobre el catalán frente al castellano y en su empeño de «desjudicializar» al independentismo, es decir, que los ilícitos cometidos por la política secesionista queden al margen de los tribunales y se dé carpetazo a las causas que todavía hay abiertas, caso de las responsabilidades económicas por el golpe independentista de 2017.

De hecho, en lo que va de año el Tribunal de Cuentas (TCu) ha sido escenario de sonados cambios de criterio que están beneficiado a los independentistas: la Abogacía del Estado se retiró como acusación; la Fiscalía ha rebajado drásticamente las cantidades que reclama a los encausados y ha facilitado que el TCu cambie de criterio y devuelva 2,1 millones de euros en fianzas que aportó ERC.