Sánchez concede a sus socios despenalizar las injurias al Rey o al sentimiento religioso

En lo que hay un trabajo bastante avanzado es para suavizar el castigo por injurias a la Corona y otras altas instituciones del Estado, y la ofensa a los sentimientos religiosos de determinados ciudadanos mediante la despenalización de estas conductas. Se trata de una concesión de Sánchez a sus socios, particularmente activos en esta reivindicación, que hasta ahora el PSOE había ido frenando en las Cortes Generales, pero a lo que ahora está dispuesto a dar luz verde. Los mismos socialistas que este año llevaron a los tribunales por supuesto delito de odio el apaleamiento de un muñeco que representaba al jefe del Ejecutivo en las algaradas que tuvieron lugar junto a su sede en la calle Ferraz de Madrid.

Los socialistas han cerrado este martes con Sumar un acuerdo, adelantado por el socio minoritario, para derogar algunos aspectos de lo que denominaron «leyes mordazas» de Rajoy. El objetivo, señalan fuentes internas, «democratizar la Justicia» en España. Para ello, abordarán la reforma de tres normas distintas: las leyes de Seguridad Ciudadana y Derecho al Honor y el Código Penal.

El pacto incluye un cambio limitado de la primera, bautizada como 'ley mordaza' por la izquierda y los independentistas. Se trata de la reforma del artículo 36, que considera falta grave, sancionada con entre 601 y 30.000 euros de multa, «el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación» y que conlleva multas por tomar imágenes en manifestaciones, detenciones u operativos policiales. Ahora deberá ser «constatable» la situación de riesgo de los agentes.

Otra de estas reformas atiende a la derogación de cuatro artículos del Código Penal. El Ejecutivo despenalizará los delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público para impedir querellas contra cualquier «periodista, escritor o trabajador de la cultura que critique el catolicismo», así como las injurias contra la Corona, el Gobierno e instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional o el Ejército.

«Estos delitos van a ser derogados, pero no significa que vaya a haber una desprotección ante cualquier actuación que pueda suponer una injuria o calumnia, puesto que sigue existiendo en el Código Penal el delito y es aplicable a todas las personas, formen parte de altas instituciones del Estado no», ha explicado el dirigente de IU Enrique Santiago, uno de los responsables de las negociación con el socialista Félix Bolaños. En su lugar, lo que busca la reforma, ha hecho hincapié, es «una mayor protección al ejercicio de la libertad de expresión para que, de forma espuria, no se pueda utilizar el Código Penal para limitar la actividad de los trabajadores de la Cultura o los servicios de información».

Por último, el Ejecutivo ha consensuado la modificación de la Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen para «reparar públicamente» a todos los investigados por la Justicia cuyas causas quedan archivadas sin llegar a juicio. Para Santiago, debe haber una reparación por la actuación de jueces que «estiran las causas como si fueran chicles» durante años, generando informaciones que lesionan la reputación de políticos.

Pese a no estar aún concretada la herramienta con la que se restituirá el prestigio de los afectados por esas investigaciones, fuentes del espacio apuestan por una fórmula en la que los medios publiquen una información por cada una de las que haya «denostado el buen nombre» de esa persona durante el caso. Proponen hacerlo a modo de publicidades pagadas e insertadas en los medios, incluso mediante orden judicial, que «clarísimamente» tendrían que ser costeadas por el CGPJ.

El ala socialista también se abre a renegociar con Sumar la reforma de la Ley de Secretos Oficiales vigente desde el franquismo, pero se niega a actuar más allá de lo que tenga que ver con los medios de comunicación, dejando fuera las propuestas de Sumar en materia de Justicia como la reforma del sistema de elección del CGPJ, la de la limitación de competencias del órgano y la de los sistemas de acceso a la carrera judicial y la recuperación de la responsabilidad civil ante los jueces, derogada por el PP.

También se queda fuera de la negociación, por ahora, la retirada del delito de enaltecimiento del terrorismo que Sumar sí incluyó en su proposición de ley del pasado mes de mayo, admitida a trámite en el Congreso.

Por lo demás, el líder socialista sigue teniendo entre ceja y ceja el combate de lo que considera «pseudomedios» o «tabloides digitales», una preocupación que ha crecido este año paralela a la proliferación de informaciones sobre la actividad privada de su mujer y la colisión de la misma con la del Gobierno. Ya sea su estrecha relación comercial con Javier Hidalgo cuando éste negociaba en 2020 el millonario rescate para su compañía, Air Europa, fruto de la pandemia, como con el socio de éste y persona que aparece en la trama Koldo como comisionista, Víctor de Aldama. Así como las declaraciones de interés y apoyo -lo que coloquialmente se conoce como una carta de recomendación- que Begoña Gómez firmó para la unión temporal de empresas (UTE) del empresario Carlos Barrabés, quien desveló ante el juez encuentros con Sánchez y su esposa en Moncloa.

Pero el presidente también tiene en la diana el perjuicio que según él están sufriendo tanto su mujer como su hermano David, cuya conducta como empleado de la Diputación de Badajoz, controlada por el PSOE, investiga ahora la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Y por eso entre las medidas que los socialistas están negociando con su socio de coalición, además de lo que afecta a la publicidad institucional que reciben los medios de comunicación, particularmente esos digitales que desvelan a Sánchez, figura el resarcimiento de alguna manera a quienes se hayan visto acusados en una determinada causa judicial que luego se archive antes de llegar a juicio, que es lo que Moncloa y Ferraz vaticinan que ocurrirá con Begoña Gómez. Queda por determinar si esa compensación será económica o de otro tipo, pero fuentes del Gobierno confirman que están negociando con sus socios la manera de abordarlo. Aunque minimizan de momento el alcance y recorrido de la propuesta, pues se trata más bien, aclaran, de «abrir el debate» sobre qué ocurre con quienes hayan tenido abiertas causas judiciales que finalmente no hayan terminado en un proceso completo en los tribunales.