Sánchez capitula en todo: amnistía, relator, referéndum y deuda

Por ejemplo, se pone negro sobre blanco, por primera vez en boca del PSOE, «la aprobación de una ley de amnistía» que socialistas y nacionalistas consideran «imprescindible para afrontar un diálogo y una negociación en unas condiciones óptimas y equilibradas». Se acepta, también, la figura de un relator, «una persona de reconocido prestigio», que mediará entre los dos partidos para dar fe de los acuerdos a los que lleguen, a partir de ahora, en relación a la mesa de diálogo, que seguirá activa.

Será, precisamente, en esta mesa de negociación en la que se planteará el referéndum por parte de ERC y no será vetado por los socialistas. Este foro, que no está regulado institucionalmente, «pasará a una fase de planteamiento, análisis y diálogo sobre propuestas políticas», cuyo resultado final podría ser refrendado «por el pueblo catalán».

Esto es así porque el PSOE reconoce que existe «un debate sobre el reconocimiento nacional de Cataluña», acepta que las dos partes tienen «diferentes concepciones» de lo que es la soberanía y considera que la actual situación política «entró en una fase especialmente crítica» tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 de mayoría progresista que ajustó a la legalidad el Estatuto de Autonomía de 2006. Por lo tanto, se apunta en el escrito, es el momento de «dar un nuevo impulso a la nueva etapa política».

De la misma manera, los socialistas traspasan íntegramente el servicio de Cercanías, a través de una nueva empresa con participación del Gobierno pero con presidencia y voto de calidad del Govern. Igualmente, el PSOE acepta de manera indirecta el concepto de «déficit fiscal» que defienden los nacionalistas desde hace años bajo la premisa del «España nos roba».

Así, el próximo Ejecutivo asumirá 15.000 millones de euros de deuda que la Generalitat tiene contraída a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el 20% aproximadamente de los 71.306 millones de la deuda pública de la Generalitat con el Estado y se ahorrará otros 1.300 millones de euros en intereses. En esta línea, por primera vez, se abre la puerta a una financiación singular para Cataluña con unos compromisos de pago por parte del Ejecutivo. Tendrán «suficiencia financiera» garantizada los Mossos d'Esquadra, los nuevos órganos judiciales, los servicios penitenciarios, la investigación científica y técnica y las becas y las ayudas al estudio.

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Aunque pasó desapercibido en las ruedas de prensa que Junqueras y Bolaños dieron ayer, en las inversiones, el Gobierno de Sánchez –si finalmente consigue el apoyo de Junts y el PNV, tras el 'sí' de Bildu y ERC– asume que las inversiones públicas del Estado en Cataluña se correspondan con su peso en el PIB nominal de España. Una medida que se recogía en una disposición adicional del Estatuto para un periodo concreto de siete años y que el Constitucional señaló como no vinculante por los Ejecutivos al hacer prácticamente imposible la ejecución presupuestaria anual.

Con este documento bajo el brazo se presentó el ministro de la Presidencia en la sede del PSC en la Ciudad Condal, acompañado de Salvador Illa, primer secretario de los socialistas catalanes, para ofrecer una rueda de prensa conjunta, la primera en la que los de Pedro Sánchez ofrecen explicaciones públicas sobre sus negociaciones para la investidura, cuando justo hoy, viernes, se cumple un mes de que el presidente del Gobierno en funciones fuese designado candidato a la investidura por el Rey.

Tanto Illa como Bolaños afirmaron que el documento suscrito con los republicanos «acerca la investidura», y el ministro adelantó, antes de darse a conocer el texto, que incluía la amnistía, si bien no le quedó más remedio que admitir que lo referente al olvido legal del 'procés', «se está ultimando con otras formaciones». Una referencia velada a Junts, cuya ejecutiva se reunía a esa hora en Bélgica con Puigdemont al frente. Las previsiones más optimistas en Moncloa hablaban de haber podido registrar la ley de amnistía ayer mismo en el Congreso, cosa que finalmente no sucedió.

Illa enfatizó que «como socialista y como catalán, me emociona ver una nueva etapa en la que dejamos atrás la ruptura, una ruptura política y social que fue muy dolorosa», una referencia velada a lo ocurrido en 2017 en Cataluña, sin ninguna mención explícita para los independentistas. Sí la hubo en su intervención, en varias ocasiones, para la «derecha y la ultraderecha», en referencia al PP y Vox, a los que se comprometió a no dar «ninguna opción», después de argumentar que el veredicto de las urnas el pasado 23 de julio –cuando el PSC obtuvo una arrolladora victoria en las provincias catalanas, clave para que Sánchez pueda mantenerse en el poder– fue el de «frenar», expresó, la posibilidad de un eventual Gobierno de coalición formado por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Bolaños puso en valor el acuerdo para el relajo de la deuda de la Generalitat, que según expresó será «extensible» al resto de comunidades autónomas. Aspecto que figura en el documento. El pacto suscrito con ERC se terminó de gestar el pasado martes por la tarde en una conversación telefónica entre Sánchez y el presidente catalán, Pere Aragonès, justo después de que el primero hubiese asistido a la jura de la Constitución por parte de la Princesa Leonor y al acto ofrecido con tal motivo en el Palacio Real.

Los republicanos votarán por primera vez a favor de la investidura de Sánchez, ya que en enero de 2020 se abstuvieron, si bien ese sentido del voto (el mismo que el de EH Bildu) fue decisivo en aquella ocasión para que el líder socialista pudiera salir elegido por mayoría simple en la segunda votación de la investidura.

Este precio a pagar por ERC, los siete votos en el Congreso, a cambio de una lista de exigencias cumplidas casi en su totalidad –solo a falta de ver en qué queda el 'avance' hacia el referéndum–, parece asumible por una formación que pugna con Junts por la Generalitat. Lógico, parece, el optimismo que mostró Junqueras en la rueda de prensa con la que anunció, solo unos minutos después que Bolaños, el acuerdo alcanzado con los socialistas.

«Hoy, quien gana es Cataluña en diversos ámbitos», señaló, para hacer hincapié en que la amnistía afectará a todo el independentismo: «Para todo el mundo, sin exclusiones, sin excepciones, para todos los que están implicados de una manera u otra en el 9-N y 1-O, en Tsunami Democràtic, los CDR y en algún acto de protesta de sentencias que eran evidentemente injustas«. Sacó pecho de la quita de 15.000 millones y puso en valor la continuidad de la mesa de diálogo con el Gobierno para »poner el futuro de nuestro país en manos de la ciudadanía«.