Sánchez anticipa una rebaja limitada de la malversación de la mano de ERC

En una conversación informal con los periodistas en el Congreso, el presidente del Gobierno ha planteado que con el cambio en ningún caso se «retroceda en materia de la lucha contra la corrupción».

Esta cuestión ha generado muchos nervios en el PSOE. Hasta el punto de que llegó a instalarse la idea de que el Gobierno daría marcha atrás en esa operación que aunque utiliza como estilete una enmienda de ERC está acordada entre las partes. Pero lo cierto es que Sánchez nunca ha cerrado la puerta a esta posibilidad.

El detalle de cómo se aterrizará esta reforma todavía no se conoce. Pero distintos integrantes del Ejecutivo planteaban que la clave debe estar en diferenciar lo que es corrupción política de lo que no lo es. ERC siempre ha puesto el foco en la ausencia de enriquecimiento personal como eje clave de su propuesta. Aquí, otros grupos parlamentarios favorables de la reforma han apuntado que debería blindarse también el enriquecimiento a terceros, lo que dejaría fuera como potencial beneficiario a José Antonio Griñán.

El presidente del Gobierno considera que esta reforma es imprescindible para cerrar el círculo del proceso independentista y para cumplir el acuerdo con la Generalitat de Cataluña de «desjudicializar» la crisis catalana. Y es que pese a los indultos y la supresión de la sedición quedan otras cuentas pendientes. La que más preocupa a ERC son las causas abiertas en Cataluña contra la denominada «infantería del procés». Cerca de 40 cargos del Govern en 2017 están acusados de malversación y podrían verse condenados a penas de cárcel. Además, podría acelerar definitivamente la vuelta a la política de los principales dirigentes que siguen inhabilitados porque el indulto no borró la inhabilitación para cargo público.

A falta del detalle concreto para determinar el alcance, lo que hoy queda definitivamente confirmado es la voluntad política de proceder a esta reforma. Siempre tratando de limitar al máximo sus efectos para que «no sea un coladero de corruptos», en palabras de otro miembro del Gobierno. El periodo para presentar las enmiendas parciales termina el próximo viernes día 9 de diciembre. A partir de ahí, el pleno en el que se debatirá definitivamente la reforma, ya con esta enmienda incluida, será en torno al 15 de diciembre.

La excusa de la homologación la va a volver a poner el Ejecutivo encima de la mesa. Desde el Gobierno se apunta en la línea de que con esa enmienda se clarificará el delito de malversación en la línea de Italia, Portugal o Francia. Porque, justifican, con la última reforma del año 2015 esta tipificación quedaba demasiado abierta a supuestos muy distintos que no se ajustaban al hecho mismo de la corrupción.