Sánchez afronta un atasco legislativo en su último año de mandato

Y la combinación de discrepancias de fondo –que se manifiestan singularmente en la ley trans, aunque no es la única– y un calendario parlamentario cada vez más ajustado, no rema precisamente en la dirección para que el Ejecutivo complete con éxito su programa. Esta previsión empeora aún más si cabe, para los intereses de Moncloa, si se constata el carácter de campaña electoral permanente que tendrá 2023, con elecciones autonómicas y municipales en mayo, antes de las generales de final de año, y sin olvidar los comicios en la Comunidad Valenciana, que podrían tener fecha propia.

En definitiva, mucho por hacer, importantes discrepancias, poco tiempo en el horizonte y un ambiente, el de precampaña casi perpetua, que no ayuda a llegar a acuerdos, lo que siempre supone ceder en posiciones de partida y, por lo tanto, correr el riesgo de defraudar a parte del electorado.

Además, y dada la naturaleza de esa agenda de reformas, Sánchez no podrá tirar esta vez del comodín de la llamada geometría variable. Aquella que desde 2020 le ha permitido mirar a su izquierda en ocasiones, como en la investidura o los Presupuestos Generales, o a su derecha si su precariedad parlamentaria lo requería. Así ocurrió en 2020 con las últimas prórrogas del estado de alarma que sirvió para decretar los confinamientos durante la pandemia, en las que fue imprescindible el respaldo de Ciudadanos (Cs), o más recientemente en la votación de la reforma laboral de febrero, donde de nuevo el concurso de los de Inés Arrimadas (más el célebre error del diputado del PPAlberto Casero) permitió que viese la luz una de las normas estrella de la legislatura. Incluso una insospechada abstención de Vox salvó al Gobierno en enero de 2021 de haber perdido la primera votación en el Congreso sobre el trámite para recibir los fondos europeos Next Generation. Pero esta vez no parece que ninguna de esas alianzas o carambolas pueda servir. Además de la ley trans y las posturas antagónicas que sobre el meollo de la misma, la autodeterminación de género, mantienen el PSOE por un lado y la ministra de Igualdad, Irene Montero, por el otro, otras leyes aún en el cajón parlamentario como la de vivienda o la reforma de la llamada 'ley mordaza' no auguran un clima de entendimiento.

El PSOE registró enmiendas al texto de Igualdad para endurecerlo y, según esa formación, hacerlo más garantista a nivel jurídico; pero con ello rompieron el compromiso de no modificar la clave de bóveda del texto, la autodeterminación de género. El texto de la ley trans de Montero permite que los menores de los 12 años a los 14 requieran de un permiso judicial para el cambio registral. Pero que de los 14 a los 16 baste con tener el permiso de los padres o tutores legales. El PSOE considera que los menores quedarían desprotegidos y proponen restringirlo hasta los 16. Argumentan que la ley debe tener garantías ante eventuales recursos de la oposición, como viene defendiendo la exvicepresidenta Carmen Calvo, presidenta ahora de la Comisión de Igualdad donde se debate la reforma. Pero los socialistas están solos, pues hace unos días se unieron a Podemos Bildu, ERC, PNV, Junts, Más País, Compromís, BNG y Coalición Canaria para presentar enmiendas al texto y mejorarlo sin contar con el PSOE.

La ley de vivienda lleva bloqueada en la Comisión de Transportes desde febrero a la espera del informe de la ponencia y con más de 800 enmiendas por negociar. El PSOE no acepta lo que supone el proyecto de ley y no da visos de querer avanzar con su tramitación. No obstante, Unidas Podemos, ERC y Bildu presionan a los socialistas ahora con la limitación de los alquileres enmendando en este sentido los Presupuestos para intentar blindarlo dentro. El PSOE dejó fuera de las cuentas todo lo relativo a esta ley. No obstante, cabe recordar que fue su aprobación en el Consejo de Ministros lo que desatascó la negociación presupuestaria de 2022.

Respecto a la llamada 'ley mordaza' no se conocen muchos detalles de la negociación, pero en estos momentos no hay seguridad de que se cumpla con el compromiso del Gobierno de coalición para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana y acabar con los «aspectos más lesivos» de la norma del PP. Unidas Podemos reprocha que fue el propio Sánchez quien en 2015 prometió que estando en el Gobierno derogaría la 'ley mordaza' y, sin embargo, aseguran que lleva en vigor más tiempo con él en Moncloa que lo que estuvo con Mariano Rajoy.

Al actual periodo de sesiones parlamentario, antes del parón navideño, le quedan apenas tres semanas, descontada la del puente de la Constitución en diciembre, y algo habría que avanzar en esas negociaciones, como confiesan fuentes del Grupo Socialista, que esperan que haya una actitud de diálogo por parte de Unidas Podemos, que se pueda traducir en reuniones bilaterales próximas tanto a nivel parlamentario (entre Patxi López y Pablo Echenique) como de Gobierno, con el concurso del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con Yolanda Díaz, la interlocutora morada en la coalición. Baste recordar que sobre uno de los escollos, la ley de vivienda, empezaron a negociar José Luis Ábalos como ministro de Transportes y Vivienda y Pablo Iglesias en su etapa de vicepresidente segundo, para darse cuenta de hasta qué punto se ha dilatado el acuerdo, cuando hace más de un año que ninguno está en el Gabinete, ni en la política activa, en el caso del ex secretario general de Podemos.

Por otro lado, Moncloa también se encuentra en una ratonera para renovar el CGPJ tras la ruptura con el PP. Unidas Podemos le presiona para retomar la rebaja de las mayorías cualificadas para renovarlo, que presentaron en 2020 y Sánchez retiró en 2021.

Mientras, los socios también miran al PSOE con resquemor. «Constatamos que la actividad legislativa de la Cámara no es fluida, sino que va a trompicones. La Mesa del Congreso bloquea y desbloquea iniciativas sin que los grupos pequeños podamos hacer nada», se quejan fuentes del PNV, en conversación con este diario. Precisamente, Mertxe Aizpurua (Bildu) preguntó a Sánchez esta semana por su agenda legislativa. «A día de hoy, son el Gobierno y el PSOE quienes se niegan a avanzar y aprobar todas estas leyes», añaden a este diario fuentes del grupo independentista.