El Constitucional ve difícil fallar sobre el aborto antes de que los progresistas asuman su control

Sin embargo, aunque el nuevo presidente del TC, Pedro González-Trevijano, ya anunció el pasado noviembre, tras su toma de posesión, que quiere que el borrador se debata por primera vez en Pleno antes de que finalice su efímero mandato –este mes de junio–, fuentes del Tribunal ven difícil que haya fallo con la actual composición del órgano de garantías, que cuenta con una mayoría conservadora de siete a cinco. Hay más posibilidades de que sea el próximo tribunal, con este mismo 'marcador' pero invertido a favor del sector progresista –en la renovación de junio corresponde al Gobierno nombrar a dos de los cuatro magistrados que entran– el que sentencie definitivamente sobre la constitucionalidad de la todavía hoy vigente ley de plazos.

De la incomodidad que este asunto ha generado y genera en el seno del Tribunal, pero también en el del propio partido que cuestionó la constitucionalidad de la ley, da buena muestra el tiempo transcurrido desde que un grupo de diputados del Partido Popular –muchos ya no son parlamentarios y otros están hoy en Vox– interpuso este recurso (junio de 2010) y cómo los distintos presidentes del órgano se han ido pasando la pelota unos a otros , renovación tras renovación: de María Emilia Casas a Pascual Sala y de Francisco Pérez de los Cobos a Juan José González Rivas.

Todos han tenido claro que este asunto iba a producir una fractura en el TC similar a la de 1985, cuando el voto del entonces presidente, Manuel García-Pelayo, resultó determinante para inclinar la balanza a favor de la inconstitucionalidad de la ley socialista que despenalizaba el aborto en determinados supuestos. De ahí que la decisión se haya ido posponiendo de una forma tan descarada , hasta el punto de que será el pronunciamiento que más se haya demorado en la historia del Tribunal, pese a que, según revelaron hace unos meses algunos de los diputados que enarbolaron la impugnación de la ley, el TC se comprometió con ellos a dar «carácter prioritario» a la tramitación y resolución del recurso.

Magistrados de este tribunal, y también juristas que hoy ya no están en él, coinciden en asegurar que la tibieza del PP durante los años que estuvo en el Gobierno respecto a esta ley ha tenido mucho que ver a la hora de no encarar este asunto en el TC. «Había un sentir generalizado de que el recurso había quedado sin objeto porque el PP había tenido mayoría absoluta y, pudiendo reformar la ley en el sentido que cuestionaba, se limitó a hacer una pequeña modificación», la de introducir la obligatoriedad del permiso paterno para las jóvenes de 16 y 17 años que quieran abortar. Los roces que hubo en el PP en torno a la reforma de la ley se saldaron con la dimisión del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando se le vetó el anteproyecto de ley que suprimía el sistema de plazos.

Lo cierto es que, aunque se dé por hecho que ha habido un desistimiento tácito, no lo habido expreso –pues tendría que venir de la mano de las mismas personas que interpusieron el recurso de inconstitucionalidad–, por lo que el Tribunal tiene la obligación de resolver el asunto, coinciden fuentes del TC. «Cada día que pasa es un día más de descrédito para la institución. Un recurso no puede estar doce años guardado en un cajón», comenta a ABC un magistrado del sector conservador.

Aunque se da por hecho que habrá división en el TC, hay cierta confianza en que el borrador que prepara el magistrado propuesto por el PP Enrique Arnaldo –quien ha heredado las ponencias del también conservador Andrés Ollero– facilite al menos un acercamiento de posturas , algo que resultaba «imposible» con el borrador de Ollero, jurista de profundas convicciones religiosas. El propio magistrado, que abandonó el Tribunal en octubre, reconoce que no llevó su texto a Pleno porque no era posible llegar a una solución de consenso y que además tampoco se sintió presionado por sus compañeros para hacerlo. Tampoco él habría cambiado una coma para al menos lograr adhesiones dentro del propio grupo conservador.

En el TC hay confianza en que el texto de Arnaldo, que podría dejar intacto el sistema de plazos y admitir algunas impugnaciones, sí puede permitir al menos un acercamiento de posturas, pero hay serias dudas de que eso se traduzca en una sentencia . «No tendría sentido aprobar un texto que no responda al que sería el sentir mayoritario del tribunal dos meses después», señalan fuentes del órgano.