Puigdemont apura el plazo para recurrir la retirada de su inmunidad

El fallo confirmó que la Eurocámara les retiró la protección parlamentaria (que posteriormente recuperaron de manera cautelar) correctamente. Lo hizo a petición del juez del procés, Pablo Llarena, quien remitió el suplicatorio para poder continuar el procedimiento abierto en España contra ellos por el procés. La misma causa por la que el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de consejeros no fugados se sentaron en el banquillo del Tribunal Supremo, fueron condenados y estuvieron en prisión, aunque finalmente el Gobierno les indultó las penas de cárcel.

Según ha podido saber ABC de fuentes de la defensa de Puigdemont, éste no se dirigirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para tratar de revertir la decisión hasta septiembre. El plazo vence el día 15 y podría haber presentado el recurso de casación, que anunció nada más dictar el tribunal la decisión, desde ese momento.

Un respaldo de la sentencia del TGUE por parte del TJUE sería muy desfavorable en este momento para la estrategia política del expresidente catalán y de Junts, su partido político. La formación, igual que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC ), exige al PSOE la aprobación de una ley de amnistía que permita «desjudicializar» definitivamente el procés para apoyar una investidura de Pedro Sánchez y que éste pueda mantenerse en Moncloa.

El mensaje que repiten los representantes separatistas es que el procedimiento judicial contra quienes iniciaron la ruta independentista que acabó con la fallida DUI y el referéndum ilegal del 1 de octubre fue una campaña de «lawfare» contra los políticos por su ideología independentista. Por lo tanto, consideran que debe ser anulado y revertido por medio de la mencionada amnistía, haciendo decaer también las causas que todavía colean en el Tribunal Superior de Justicia catalán y otros juzgados. Eso, a pesar de que tanto el Tribunal Constitucional como el TGUE, en su resolución de julio, descartaron una persecución política judicial y del Parlamento Europeo, respectivamente, contra ellos.

Concretamente, el Tribunal General de la Unión Europea respaldó la argumentación de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI), que alegó que los hechos por los que el juez Llarena pedía levantar la inmunidad de los parlamentarios para proceder contra ellos eran anteriores a su elección. Sin embargo, tanto Junts como ERC insisten en esa supuesta campaña de acoso y persecución por parte de la Justicia española, otros partidos políticos y los medios de comunicación contra los independentistas. De hecho, extienden la campaña de hostigamiento que ven abierta desde hace años contra ellos a Laura Borràs, la expresidenta del Parlamento catalán y líder de Junts condenada por un caso de corrupción, concretamente por trocear contratos de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), organismo público que dirigía, para favorecer a un amigo.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, pidió en una entrevista reciente en la Agencia Catalana de Noticias que la ley de amnistía también la beneficia a ella.Puigdemont -que puede moverse en libertad por Europa porque el instructor del procés no ha emitido una nueva orden de detención contra él a la espera de la presentación de su recurso contra la decisión del TGUE- ha pedido «hechos comprobables» de que esa ley avanza antes de dar ningún voto a Sánchez.

El presidente en funciones y líder socialista necesita irremediablemente los votos de Junts en la Cámara Baja para ser investido, mientras que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo -a quien el rey Felipe VI ha encargado intentar formar Gobierno al ser el candidato que reunió más escaños- se puede apoyar en otras formaciones.

Aún así, incluirá al partido del expresidente catalán en su ronda de llamadas, de la que únicamente excluirá a Bildu.Fallo en primaveraPuigdemont, que aunque no tiene ningún cargo orgánico en Junts sigue ejerciendo como líder «en el exilio», según le definen en su propia formación, está procesado por malversación y desobediencia como principal promotor del procés. La reforma del Código Penal impulsada por el PSOE, que eliminó el delito de sedición y lo sustituyó por el de desórdenes públicos, ya favoreció al expresidente catalán.

El juez del Tribunal Supremo tuvo que modificar su procesamiento, puesto que antes de la modificación legal estaba previsto que se sentara en el banquillo por los mismos delitos que Junqueras. Una vez se presente el recurso contra la retirada de la inmunidad al TJUE, éste todavía otros seis meses desde septiembre para resolver, por lo que la sentencia se conocería superadas las negociaciones para la investidura.