El PSOE ve vía libre a una investidura de Sánchez en septiembre: «Está hecho»

Lo cierto es que nunca lo vieron mal los socialistas, desde la noche electoral del pasado 23 de julio en la que contra los pronósticos, no hubo una mayoría del centroderecha y Sánchez salió triunfal a la calle Ferraz, desbordada de simpatizantes, para proclamar que «el bloque involucionista», en referencia al Partido Popular (PP) y Vox, había sido derrotado.

Y eso, aunque en los primeros días de resaca electoral se especulaba incluso con la posibilidad de que Alberto Núñez Feijóo iniciase el baile y acudiese a un debate de investidura -tras ser designado, como es preceptivo, por el Rey- para perderlo. Lo veían incluso como algo idóneo, ya que terminaría cavando la tumba política del líder de la oposición, al que el partido rival no le augura una larga temporada en Génova.

«Feijóo está muy perdido», señalan fuentes del Gobierno, que recuerdan el portazo que el líder de los populares recibió del PNV nada más anunciar que abría negociaciones con distintos partidos como prueba de su presunta desubicación política. Y lo cierto es que Ferraz no le ha dado ni agua, valga el coloquialismo, en las dos semanas transcurridas desde los comicios.

El domingo 30 de julio, justo una semana después de la cita con las urnas, Sánchez contestó de manera incluso sarcástica a la carta que le había remitido Feijóo solicitándole una reunión inminente para explorar algún tipo de acuerdo entre los dos grandes partidos, que después de muchos años vuelven a acaparar más del 60% del electorado.

El líder socialista le negó el encuentro, relegándole al que pudiera tener con «todos los portavoces parlamentarios», después de la constitución de las Cortes el próximo 17 de agosto. Y en esa carta Sánchez daba pistas de que se veía con posibilidades de ser designado por el «jefe del Estado», como le mencionaba en su respuesta a Feijóo, para una investidura a la vuelta del verano.

Y por si quedaba alguna duda al día siguiente, lunes, veinticuatro horas antes de marchar a sus vacaciones por sorpresa a Marruecos, Sánchez grabó un mensaje en vídeo en la sede central del PSOE, difundido ese mismo día en las redes sociales, en el que dejaba clara su intención de acudir a la investidura y su convencimiento de que existe para ello una «amplia mayoría». Y ello porque, reiteraba una vez más, «quienes proponen la derogación y el retroceso no son mayoría».

Sánchez aceleró así el paso hacia su tercer Gobierno (en 2018, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, formó un Gabinete monocolor del PSOE y en 2020 ya se coaligó con Podemos) una semana después de haber tratado de dormir el partido en la Ejecutiva del PSOE que se reunió justo al día siguiente de las elecciones. Entonces prescribió «descanso» a sus colaboradores en una intervención a puerta cerrada, según fuentes conocedoras del encuentro, y dijo que también lo merecían los españoles, dado que «la democracia», resaltó, «encontrará la fórmula de la gobernabilidad».

Siete días después aceleró el paso, con ese mensaje en las redes, y con otros que sus colaboradores han ido deslizando. Su número dos en el PSOE y ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha puesto sobre la mesa el caramelo de la financiación autonómica, cuyo sistema está pendiente de renovar desde hace años, y los estrategas socialistas han conseguido colocar en ciertos ámbitos mediáticos el mantra ambiguo de que se podrán acometer «cambios en el modelo de Estado».

Todo para esquivar, o al menos orillar, las reclamaciones de máximos de los independentistas, en este caso también de Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, cuyo concurso es imprescindible, y que no son otras que el referéndum de independencia y la amnistía.

La composición de lugar que se hace Sánchez, según algunos de sus más próximos, es que el gran resultado del PSC el 23 de julio en las provincias catalanas, donde sumó 19 escaños, más que Junts y ERC juntos, es un elemento lo suficientemente disuasivo como para que los separatistas pretendan jugar a la ruleta rusa de la repetición electoral. Un argumento que centran en Junts más que en ERC.

Los de Puigdemont han perdido casi 150.000 votos en apenas cuatro años, quedándose por debajo de los 400.000. Ni siquiera tienen el mínimo del 15% de sufragios en cada provincia necesarios para formar grupo parlamentario con al menos 5 escaños (obtuvieron 7) por lo que necesitan de una interpretación flexible del reglamento del Congreso para obtenerlo. El 17 de junio, además, y gracias al apoyo del PP catalán al socialista Jaume Collboni, se quedaron sin la alcaldía de la Ciudad Condal. Y por si fuera poco han dejado de controlar la Diputación de Barcelona, una de las instituciones con mayor presupuesto de España.

«Están mal de pasta», resume coloquialmente y con maldad un importante cargo socialista, dando a entender que la propia crisis política del espacio que antiguamente ocupaba CIU les llevará a facilitar la investidura de Sánchez, como ya hicieron en 2018 con su apoyo a la moción de censura.