El PSOE se une ahora a PP y Vox para votar en contra de que se investigue el uso de Pegasus en Cataluña

Esta postura del PSOE contrasta con la de este mismo partido hace apenas un mes, cuando votó en sentido contrario a lo que ha hecho ahora, concretamente respecto a otra resolución del Consejo de Europa adelantada por ABC. Si en septiembre se posicionó a favor de las tesis secesionistas , ahora coincide con el PP.

La APCE ha debatido la resolución presentada por el diputado holandés Pieter Omtzigt, del Partido Popular Europeo, en la cual se constata que varios de los 46 países que integran el Consejo de Europa «han adquirido y usado Pegasus para vigilancia selectiva de sus propios ciudadanos« y en concreto incluye a España entre los 14 países de la UE que se sabe que compraron este programa de espionaje.

El texto aprobado, que han rechazado tanto PSOE como PP según han confirmado a Ep fuentes de ambos partidos, defiende que «el uso de 'spyware' del tipo Pegasus debería limitarse a situaciones excepcionales como medida de último recurso, para evitar o investigar un acto específico que equivalga a una amenaza real y genuina a la seguridad nacional o un delito grave específico, y solo contra la persona sospechosa de cometer o planear cometer esos actos«.

En el caso concreto de España, uno de los países que se menciona expresamente en base a los hallazgos realizados por la comisión sobre Pegasus en la Eurocámara, se recuerda que los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios ministros «fueron presuntamente infectados con Pegasus por un país tercero (Marruecos)».

Asimismo, y en base a lo apuntado desde el Parlamento Europeo, señala también que «65 personas relacionadas con el movimiento proindependencia catalán fueron presuntamente atacadas con Pegasus y/o Candiru, 18 de los cuales han sido confirmados como objetivos legales por las autoridades españolas«.

Los miembros de la APCE sostienen en la resolución que los tribunales y autoridades judiciales de los estados «acusados de abusos con 'spyware' deben investigar plenamente y determinar si el uso de Pegasus o similares fue legal en virtud de la legislación nacional y conforme a la Convención (Europea de Derechos Humanos) y otros estándares internacionales«. A España se le pide expresamente que informe a la Asamblea y a la Comisión de Venecia, un órgano consultivo integrado por expertos constitucionales, «sobre el uso de Pegasus, Candiru y similares, en un plazo de tres meses».

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También solicita que se lleven a cabo «investigaciones efectivas, independientes y rápidas sobre todos los casos confirmados y presuntos de abuso de 'spyware'» y se brinde « suficiente reparación a las víctimas en los casos de vigilancia ilegal».

Por último, se pide al Estado español que «aplique las sanciones adecuadas, ya sean penales o administrativas, en casos de abusos« y que se contenga de utilizar la legislación en torno a los secretos »para denegar acceso a información sobre el uso de 'spyware' a los mecanismos de supervisión y las personas afectadas«.

Este ha sido precisamente unos de los puntos de fricción durante el debate. El PP había presentado una enmienda para la supresión de este párrafo, que no salido adelante. En su defensa, el diputado popular Pablo Hispán ha esgrimido que «España es un Estado de derecho» en el que «los tribunales funcionan y no hay agujeros negros».

En su intervención durante el debate, Hispán ha denunciado que Omtzigt se ha comportado como «juez, fiscal y verdugo», dictando «quién es culpable» y sin permitir que ninguno de los Estados señalados, incluida España, puedan defenderse.

Asimismo, y en referencia al espionaje que habían sufrido lo independentistas, ha hablado de «falsos positivos». Según ha sostenido, «esas supuestas víctimas» no aceptan las resoluciones judiciales que ha habido.

Por su parte, la diputada socialista Susana Sumelzo ha defendido que «España es una democracia avanzada y consolidada» y que el Gobierno actúa en todo momento conforme al Estado de derecho.

Así, ha subrayado que a quienes se ha intervenido sus comunicaciones con autorización judicial ha sido para «la protección de la seguridad nacional» y «sus derechos fundamentales han estado siempre protegidos por un magistrado del Tribunal Supremo».

En el caso de aquellos a los que se les pudieran haber intervenido sin una autorización judicial, «se trataría de una vulneración de sus derechos fundamentales» y por tanto «tendrían derecho a iniciar acciones judiciales para averiguar la identidad de los responsables y exigir la reparación».

También el diputado de Vox José María Sánchez García ha incidido en que el espionaje a los independentistas catalanes «a nuestro juicio estaba bien hecho» porque estas personas llevaron a cabo «un golpe de Estado», y además se hizo «conforme a la ley». «Todas las actuaciones ordenadas por el Gobierno español para espiar a esos sujetos habían sido autorizadas debidamente por el magistrado del Tribunal Supremo», ha subrayado.