Junts anuncia que no votará a favor de la amnistía si el PSOE no introduce más cambios

Entonces, los socialistas llegaron al Senado –el Pleno se celebró allí de forma extraordinaria– sin la convicción de que lograrían sacar adelante alguno de sus paquetes de medidas. Ahora, la sensación es la misma. Los de Carles Puigdemont están dispuestos a negociar hasta el final para introducir sus enmiendas 'no pactadas' y blindar aún más la ley que beneficiará a los encausados del 'procés'. Si el PSOE no acepta sus reclamaciones, votarán 'no'. Fuentes de Junts per Catalunya afirma que «siempre han defendido que la amnistía ha de incluir a todo el mundo y ha de ser de aplicación inmediata». «La propuesta que se vota hoy no garantiza estos dos objetivos sobre todo vista la deriva de diversos estamentos judiciales por boicotear la ley y dejar muchos independentistas fuera. Todavía se está negociando y negociaremos hasta el último minuto para introducir cambios para conseguir estos objetivos. Si estos cambios no se aceptan, Junts no podrá votar a favor la ley», expresan dichas fuentes.

En caso de que finalmente sea así, la que la amnistía será devuelta a la Comisión de Justicia y los independentistas podrán ganar más tiempo para modificar la ley. Es más, fuentes del Gobierno admitían a primera hora de este martes esta posibilidad, que daría casi un mes para reabrir el texto y acercaría la votación a la de los Presupuestos Generales del Estado. Según recoge el punto 2 del artículo 131 del Reglamento del Congreso, en caso de obtener la mayoría para la aprobación de la proposición de ley, esta «será remitida al Senado». «Si, por el contrario, aquélla no se consiguiese, el proyecto será devuelto a la Comisión, que deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes», especifica.

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Aunque el primer texto de la ley de amnistía se dio a conocer como consensuado y pactado, tanto ERC como Junts no han desaprovechado la oportunidad de efectuar modificaciones. Ambas formaciones pactaron con los socialistas introducir enmiendas parciales y, finalmente, el partido mayoritario del Gobierno cedió a redefinir los delitos de terrorismo. Sin embargo, no fue suficiente y el separatismo mantiene otros posibles cambios encima de la mesa, a los que no están dispuestos a renunciar dado que, a día de hoy, no está confirmado que la actual redacción de la ley cubra al expresidente catalán Carles Puigdemont, fugado en Bélgica.

Las últimas decisiones judiciales complican la vuelta del prófugo. Por un lado, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor de la causa de Tsunami Democrátic, apuntala los delitos de terrorismo y extenderá la investigación seis meses más. Y, por otro, el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona ha prorrogado la instrucción de la conocida como trama rusa del 'procés, que investiga supuestos vínculos de dirigentes independentistas, como Puigdemont, con el Kremlin. Ambas novedades han suscitado la crítica por parte del PSOE, que ha cargado directamente contra los jueces.

A pocas horas de la celebración del Pleno nada está claro. Junts no está dispuesto a ceder y aceptar una amnistía que critican por tener agujeros negros. O cede el Gobierno y acepta enmiendas no negociadas; o Junts vota en contra y vuelve todo a la Comisión de Justicia y se emite un nuevo dictamen de la ley. Todo hace prever que se vivirá una nueva sesión de infarto y con advertencias cruzadas.

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado durante un desayuno informativo en el que presentaba a Javier de Andrés, candidato del PP en las elecciones al País Vasco, que «Sánchez y el PSOE consumarán esta tarde el mayor atropello a la dignidad, igualdad y separación de poderes en una democracia occidental».

Feijóo ha denunciado que por primera vez «se va a conceder a los delincuentes el privilegio de escribir las leyes y amnistiarse a sí mismos». Y en este sentido ha alertado que amparar los contactos de los independentistas con una potencia como Rusia constituiría un «privilegio» porque está hecha en beneficio de un particular. Asimismo, ha insistido en que esta ley nunca debió llegar al Congreso porque «está hecha a la medida de un prófugo, fue negociada fuera de nuestras fronteras, está apoyada por minorías que solo buscan desmantelar nuestro Estado de derecho e implica que hay un terrorismo bueno y otro malo».

El líder del PP será quien tome la palabra desde la tribuna de oradores durante el debate de la amnistía de este martes y empleará su intervención para defender la «dignidad» de los jueces y para reivindicar el trabajo de los policías atacados durante los disturbios del 'procés'.

Mientras, en el Parlamento de Cataluña, ERC, Junts, la CUP y los comunes han registrado la petición para crear el Observatorio de la ley de amnistía para poder «verificar la aplicación» de la norma. Según han informado los cuatro grupos parlamentarios este organismo tendrá la «tarea de recopilación sobre todas las solicitudes y resoluciones a tribunales en el marco de la aplicación de la amnistía». Asimismo, hará el «seguimiento y acompañamiento», así como la elaboración de unas conclusiones «sobre el grado de aplicación de la ley».

De esta manera, las cuatro formaciones políticas utilizarán la Cámara autonómica para fiscalizar la acción de los tribunales en el cumplimiento de la ley y tienen previsto enviar las conclusiones a «organismos internacionales» sobre derechos humanos, civiles y políticos».