El triunvirato Bolaños, Cerdán, Zapatero no logra embridar a Puigdemont en la amnistía

Sánchez ha perdido el control de la agenda y de los tiempos y el 'triunvirato' que le acompaña en esta aventura, integrado por el biministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, queda en entredicho a ojos de muchos. Ni el redactado de la ley afinado por Bolaños, incluyendo las cesiones a Junts y ERC para incluir finalmente en la misma a todos los delitos de terrorismo relacionados con el 'procés'; ni la línea directa de Cerdán (pegado siempre al teléfono en las sesiones parlamentarias) con Puigdemont y el secretario general de Junts, Jordi Turull ni, por último, pero no menos importante, las gestiones discretas de Zapatero en favor del acuerdo con el expresidente catalán fugado de la Justicia, parecen haber dado resultado. Así las cosas, no hay amnistía, Junts exhibe su fuerza en cada votación parlamentaria, como ya hizo con la aprobación in extremis el pasado 10 de enero de dos de los tres primeros decretos impulsados por el Ejecutivo, la negociación en ciernes de los Presupuestos Generales del Estado, siempre condicionada por los independentistas a que hubiera amnistía, queda seriamente tocada del ala y, en definitiva, no se vislumbra la viabilidad de vuelo de un avión, el del Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Sumar, cuyo motor se observa seriamente gripado.

Este crítico escenario se agrava si se tiene en cuenta que, a diferencia de la legislatura anterior, Moncloa no tiene plan B alternativo al de Sumar y los nacionalistas vascos y catalanes para completar mayorías. En el Congreso ya no se sientan los diez diputados de Ciudadanos (CS) que permitieron, por ejemplo, sacar adelante la reforma laboral en 2022, sin olvidar el célebre error del diputado del PP Alberto Casero. Tampoco los del PDeCAT que también apoyaron esa y otras iniciativas del Gobierno. El propio portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se lo advirtió a Sánchez, en su característico tono retador, durante el debate de investidura. «¿Ve por aquí a Inés Arrimadas? No se la juegue», le espetó desde la tribuna.

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Por todo ello, la baraka política que tradicionalmente se ha atribuido a Sánchez, y que ha cimentado ante propios y extraños la leyenda de un líder que siempre logra superar las peores adversidades remontando los pronósticos, como ocurrió sin ir más lejos en las elecciones del 23J, empieza a mostrar síntomas de agotamiento. Aunque sea muy prematuro, dados los precedentes, elevar ese diagnóstico a definitivo, la situación se asemeja mucho a la de un callejón sin salida. En síntesis: no hay amnistía y Sánchez dejó claro el jueves en Bruselas que su intención es no introducir cambios en la norma, como reclama Junts, porque según dijo «como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo».

Una forma de trasladar —sin importarle inmiscuirse en causas como las de Tsunami Democrátic o en la de los CDR, donde incluso la Fiscalía mantiene una acusación por terrorismo— que Puigdemont, la también fugada secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el resto de investigados serán finalmente amnistiados. Y con esa posición gubernamental parece difícil que Junts vaya admitir dentro de unas semanas el texto de la ley que ya ha rechazado en la Cámara Baja. Eso frena la negociación presupuestaria y un semestre plagado de citas con las urnas (ahora las gallegas, en junio las europeas, tan importantes para Puigdemont, hoy en día eurodiputado, y posiblemente en abril las vascas, donde tanto se juegan dos socios imprescindibles del Gobierno como el PNV y Bildu) no se antoja el tiempo más propicio para la estabilidad y el avance de un Gobierno cuyo margen de maniobra político se intuye muy limitado.

Sánchez trata de abrir otra vía, la de grandes acuerdos sobre cuestiones de índole social que recaban grandes consensos, como sus planes para prohibir los móviles a los escolares o su plan de choque contra el consumo de pornografía entre menores. Sin olvidar el plan de refuerzo para alumnos de primaria y secundaria en matemáticas y lengua, impulsado por la titular de Educación, Pilar Alegría, y en el que Sánchez se ha implicado hasta el punto de acompañar a su ministra a la reciente reunión con el Consejo Escolar. Aspectos todos ellos para los que, además, tendió la mano al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en la convención política del PSOE celebrada hace tres semanas en La Coruña. Aunque no parece que esa vía de grandes acuerdos bipartitos, en cierta manera ya inaugurada con el pacto para la reforma exprés del artículo 49 de la Constitución, que sustituye el término «disminuidos» por el de «personas con discapacidad», como reclamaban desde hace tiempo los colectivos afectados, baste por sí misma para sustentar un mandato presidencial.

Como en toda situación crítica, el comportamiento de los actores que la sufren en primera persona, en este caso el presidente y sus principales colaboradores, se manifiesta errático por momentos. Esta semana, sin ir más lejos, y a cuenta precisamente de la votación sobre la amnistía del pasado martes. La víspera el PSOE trasladó un enfado con los jueces, a los que atribuyó tener «un objetivo muy claro» en sus actuaciones relacionadas con el 'procés', que colonizó las portadas del día siguiente. Pero tras perder la votación, fue Bolaños quien como responsable de Justicia se vio impelido por el presidente a salir en defensa de la independencia de los magistrados, vapuleados durante el debate de amnistía por sus socios, incluido Sumar. Y dos días después Sánchez establecía qué es terrorismo y qué no, tratando de marcar el paso a los tribunales.