Los presidentes del PP cargan contra la quita de deuda para Cataluña y Feijóo denuncia que el pacto abre la puerta a un referéndum

Aunque los socialistas intentan dulcificar la concesión asegurando que arbitrará un mecanismo para que el resto de Comunidades se puedan acoger también a estas quitas, en el PP consideran que el volumen absoluto de la deuda catalana es mucho más elevada. Además de que hay regiones que rechazan ese perdón sobre la deuda y demandan inversiones.

Ese es el enfoque del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que al poco de conocerse la noticia sacaba la calculadora: «Sánchez le perdona al independentismo 15.000 M€ de deuda más 1.300 M€ de intereses. Andalucía está bien gestionada y no necesita que se le perdonen deudas . Por tanto, reclama: 17.800 millones de euros, equivalente por población a la cesión de Sánchez ante ERC y Junts, y un fondo de compensación que nos permita recuperar los 15.000 millones de euros que ha perdido Andalucía con el actual sistema de financiación autonómica. Exigimos igualdad entre los españoles. Tras la humillación moral, Sánchez pretende el agravio económico y Andalucía dice que no».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha escrito en sus redes sociales que «la democracia se vende» y que «Sánchez es un peligro para España». Y apunta directamente a la connivencia de los socialistas en todos los territorios: «El silencio del PSOE convierte a los socialistas de todas las comunidades en independentistas». Por su parte, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha considerado que «la condonación de parte de la deuda de Cataluña pactada entre el PSOE y ERC es un disparate absoluto». Lo considera «una decisión que nos afecta a todos y crea desigualdad entre los españoles» porque «lo que Cataluña no paga, lo pagamos todos».

Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha definido como «absolutamente indigno» el acuerdo entre PSOE y ERC porque «supone demoler el principio de igualdad entre las comunidades autónomas y otorga privilegios incompatibles con el marco constitucional que nos ampara a todos los españoles». Los presidentes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la Región de Murcia, Fernando López Miras aseveraron que están dispuestos a ir a los tribunales.

Mañueco dijo que «no nos quedaremos callados ante la injusticia en materia de financiación y condonación de deuda» porque ese pacto «genera desigualdad entre todos los españoles y da carta de naturaleza a favoritismos que supondrán agravios tanto para nuestra tierra como para el conjunto de España». Por su parte López Miras cuestionó que la decisión se tome sin el consenso del resto de gobiernos autonómicos y anunció que buscaría «amparo» en los tribunales.

Minutos después, el Gobierno de la Región de Murcia emitía un comunicado en el que se mostraban «rotundamente en contra de que el Gobierno central pacte de forma unilateral asuntos que afectan a todas las comunidades autónomas». Repiten de nuevo esa apelación a los ribunales de Justicia. «Es inaceptable que Pedro Sánchez y los independentistas catalanes de ERC negocien un trato privilegiado que premia la deslealtad y deja fuera al 84% de los españoles que no residen en Cataluña», trasladan desde el gobierno de López Miras. Recuerdan que el 80 por ciento de la deuda en su región es fruto de la infrafinanciación que sufren: «El nuevo modelo de financiación tiene que ser fruto de la negociación y del consenso entre todas las comunidades autónomas, no de la imposición y el chantaje de unas pocas. Debe abordarse desde el diálogo y la lealtad institucional en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pedro Sánchez, sin embargo, impone un modelo a la carta de independentistas y secesionistas, mientras que condena al resto de españoles a tener que conformarse con las migajas».

La presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, criticó también la medida: «No podemos aceptar un trato distinto entre ciudadanos que deben ser iguales ni ventajas económicas a medida que suponen una discriminación a las demás regiones. ¡Basta ya de tanta indignidad!». De los últimos en reaccionar fue el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, aquejado de una grave infrafinanciación. Y que ante todo cuestionó que aquellas comunidades que no incumplen se ven agraviadas: «El pacto de Sánchez con los independentistas perdonándoles 15.000 millones de euros crea una división injusta entre Comunidades. Es un castigo para quienes cumplimos la ley. En la Comunitat Valenciana llegaremos hasta donde haga falta para defender la igualdad que merecemos».