El PP estima que el cupo catalán supondrá una pérdida de 13.000 millones para las otras autonomías

Este lunes, el vicesecretario de economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha comparecido para hacer de la necesidad virtud y pronunciarse sobre el que ha sido el punto a tratar en el primer comité de dirección del curso político. Bravo asegura que el Gobierno ha decidido imponer la bilateralidad en un problema que «es multilateral«, la cuestión de la financiación autonómica, ya que la concesión de privilegios fiscales para Cataluña en detrimento de otras comunidades infrafinanciadas es una decisión que «han tomado PSOE y ERC pero afecta al conjunto de los españoles». Algo que ha levantado ampollas entre los propios barones socialistas a los que el PP apela para frenar el cupo catalán, «tal y como han hecho en Aragón», asegura el vicesecretario.

La nueva concesión de Sánchez al independentismo es un peaje, dice Bravo, que el Ejecutivo está dispuesto a pagar para «mantenerse en la Moncloa». Este será el punto a tratar en esa conferencia de presidentes alternativa que plantea el PP para este viernes, ya que el presidente del Gobierno no ha convocado todavía este cónclave con todos los líderes de las comunidades autónomas, algo que desde el PP llevan reclamando desde hace varios meses para tratar esos dos temas claves con los que encaran el nuevo curso político, la financiación autonómica y la inmigración.

En la reunión del viernes se espera que los populares refrenden el manifiesto que firmaron la semana pasada y que aborden los desafíos que plantea el sistema de financiación actual, pero fuentes del partido aseguran que en ningún caso pondrán sobre la mesa un plan concreto de reforma, ya que consideran que esos deberes le corresponden al Gobierno, en concreto a la ministra de Hacienda María Jesús Montero. «Cuando Feijóo sea presidente, el día 1 tendremos un plan encima de la mesa», afirman esas mismas fuentes.

Otra cuestión a tratar en materia de privilegios fiscales para los populares será la condonación parcial de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para Cataluña. Un adeudo que el Gobierno ha prometido aliviar a esta comunidad y que desde la ejecutiva central del PP se entiende como algo inaceptable. Cuando el vicesecretario ha sido específicamente preguntado sobre si existe la posibilidad de que algún presidente autonómico del PP trate de negociar con el Gobierno ese mismo privilegio alegando motivos de infrafinanciación, el vicesecretario asegura que no ya que todos los presidentes entienden que la condonación de la deuda solo es un parche a un problema mayor que es la creación de un nuevo modelo de financiación autonómico.

Así pues, desde Génova niegan ese escenario y no parece que el viernes ningún presidente regional vaya a sacar los pies del tiesto a lo que condonación de deuda se refiere. A pesar de estas declaraciones, esta mañana el propio Alberto Núñez Feijóo ha asegurado en el programa 'Más de Uno' de OndaCero que él no es «un caudillo dentro del Partido Popular», lo cual no termina de esclarecer si es posible que algún presidente, como el valenciano Carlos Mazón, continúen con dicha petición al Gobierno central.

Las consecuencias que una reforma de la Ley Orgánica de la Financiación Autonómica (LOFCA) para la creación del concierto catalán pueda tener en el resto de España ahora mismo no están claras, pero los populares han decidido ponerle números al coste que pueda tener para el resto de comunidades. El vicesecretario de economía del PP ha afirmado que la consecución de dicha medida supondrá una pérdida de hasta 13.000 millones de euros en poder adquisitivo para las comunidades autónomas. «Si hablamos de sanidad, son 150 mil médicos menos y 25 hospitales de última tecnología menos cada año. Si hablamos de educación son 260 mil menos profesores», asevera Bravo.

Otras cuestiones no menores ha tratado el portavoz de la formación, Borja Sémper, quien al ser preguntado por la posición del partido respecto al fenómeno migratorio, que parece estar enfrentada internamente -como es el caso del alcalde de Badalona Xavier Albiol- el portavoz asegura que la del PP es una «postura firme». Consiste, según Sémper, en el trato «humano» para las personas migrantes, la inmigración regular y ordenada y un plan para afrontar «la crisis migratoria». Un discurso que se asemeja al que marcó el propio presidente del Gobierno en su reciente gira por el continente africano. Pero a pesar de las posiciones aparentemente cercanas, Sémper asegura que sin entendimiento por parte del Ejecutivo, no habrá reforma de la Ley de Extranjería.

La postura del PP en materia de inmigración es precisamente lo que a propiciado su distanciamiento con el partido de Santiago Abascal, quien este lunes ha asegurado que «las políticas de inmigración del PP y PSOE son un suicidio». Unas declaraciones que no despiertan miedo en Génova 13, a pesar de que Santiago Abascal haya amenazado con no brindar su apoyo a los populares en ningún territorio si su postura en materia de inmigración no cambia. El portavoz de la formación asegura que han asumido que tanto para el PSOE como para Vox, «el enemigo a batir es el Partido Popular». «Nosotros solo estamos en hacerle oposición a este Gobierno», aseguraba Sémper.