El PP ultima sus recursos contra la ley de Amnistía y propuestas sobre inmigración ilegal

Así lo ha adelantado el líder del PP en una entrevista en Onda Cero, la primera del nuevo curso político, que los populares pusieron en marcha ya el pasado sábado en Galicia y que tendrá en el plano judicial y en la financiación singular pactada para Cataluña, además de la crisis migratoria, como ejes de la anunciada ofensiva del PP contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Inminente es el frente contra la ley de Amnistía. «Hemos trabajado en el mes de agosto y vamos a presentar los recursos de inconstitucionalidad en plazo», en los «próximos días», según ha avanzado Núñez Feijóo.

La norma fija tres meses para poder impugnarla y, al rechazar hacerlo en las primeras semanas, los populares buscaban que el Tribunal Supremo pudiera pronunciarse sin ningún varapalo del Constitucional. Finalmente, el Alto Tribunal rechazó aplicar la amnistía al delito de malversación y mantuvo la orden de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluis Puig.

El presidente del PP ha confirmado que la petición de recusación no afectará únicamente al presidente del tribunal de garantías, sino que incluirá a los dos magistrados que proceden del Gobierno: el exministro Juan Carlos Campo y la ex directora general de Moncloa Laura Díez. Ha dejado la puerta abierta, además, a que se pueda extender a un cuarto miembro del TC -«vamos a ver si son tres o cuatro»-, si bien no ha detallado de quién podría tratarse. A juicio del líder popular, «hay miembros que están contaminados» y que, por tanto, su imparcialidad podría verse en entredicho.

En cualquier caso, pese a no ocultar su desacuerdo con la constitución del órgano, Feijóo ha garantizado que su partido aceptará las decisiones que tome el TC en relación a la amnistía, «gusten o no», y que, con este movimiento, no está «presionando» al tribunal de garantías ni «querellándose» contra los jueces, «como hace Sánchez». «Somos un partido de Estado y respetamos las instituciones», ha señalado este lunes el líder del PP, al tiempo que ha asegurado que, de llegar al Gobierno, se asegurará de que «ningún miembro» haya ostentado responsabilidades políticas.

La crisis migratoria es otro de los asuntos que el nuevo curso político deberá dar respuestas, como solicitan Canarias y la ciudad autónoma de Ceuta, cuyas instalaciones de acogida de inmigrantes sufren en los últimos meses una sobreocupación por la llegada de cayucos a sus costas. Para el PP, el pacto europeo de migración es el que se debe aplicar para responder a, entre otras preguntas, en qué supuestos proceden los retornos a los países de origen o si, en cambio, corresponde la regularización de los extranjeros llegados a España de forma irregular.

El Partido Popular presentará una enmienda a la iniciativa legislativa popular (ILP) para regularizar a cientos de miles de inmigrantes irregulares, según ha avanzado Feijóo, con el objetivo de detallar estos supuestos, como contar con antecedentes penales o penas privativas de libertad. «Aquellos que cumplan determinados requisitos podrán quedarse y los que no, no», ha resumido el presidente del PP.

Sin embargo, ha evitado hablar de deportaciones masivas y ha abogado por analizar cada situación de forma individualizada. «No se puede aceptar a cualquier persona que de forma irregular entre en España», ha reiterado Feijóo, ante las acusaciones de «xenofobia» que se han vertido desde el PSOE y miembros del Gobierno. «El PSOE nos llama xenófobos y Vox, cómplices. Quizá es que estamos acertando», ha sacado pecho el dirigente popular.

En esa línea, Feijóo ha acusado al presidente del Gobierno de «frivolidad» tras prometer el pasado martes, durante su visita institucional a Mauritania, entre 200.000 y 250.000 puestos de trabajo a los inmigrantes de aquí al año 2050. «No era el lugar ni el momento ni la forma», ha reprochado el líder del PP a Sánchez, al que ha afeado sus «bandazos» tras decir una día que «necesitamos todavía más y después que hay que echar a los inmigrantes irregulares».

Otra de las piedras angulares del nuevo curso político es el concierto económico para Cataluña pactado entre el PSC y ERC, que niega la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que Feijóo ha definido como «cupo separatista». Ante la posibilidad de que esta financiación singular pueda extenderse a otras comunidades autónomas, como aseguró Montero que podrían adoptar aquellas regiones «que tengan vocación de tenerla», el jefe de la oposición ha cerrado la puerta a que las regiones gobernadas por el PP negocien con el Gobierno central una financiación propia. «No podemos asumir en ningún caso la bilateralidad en aquellos casos que son multilaterales», ha incidido Feijóo.

Preguntado si todas las comunidades del PP están en contra de que se condone la deuda, el presidente del partido ha asumido que puedan coexistir distintos criterios, «pero lo importante es lo que se acuerda al final». «Esto no es una secta. Yo no soy un caudillo. El único caudillo de su partido es Sánchez», ha zanjado.