El PP amenaza la hoja de ruta de Pumpido con la amnistía y pide esperar a Europa

Si ya tuvo que lidiar con múltiples recusaciones, con las críticas que suscitó el auto en el se expulsó en bloque al magistrado de Macías de todos los procedimientos relacionados con esta ley y, más recientemente, con la petición de tres magistrados que pidieron paralizar este debate, ahora tendrá que resolver el escrito de los populares por cuanto afecta a su propio recurso, precisamente el primero que tiene previsto abordar el tribunal y cuya ponencia ha correspondido a la vicepresidenta, la progresista Inmaculada Montalbán. El borrador de sentencia, en el que han participado varios letrados del tribunal, está prácticamente ultimado con la intención de que los magistrados lo puedan estudiar desde primeros de junio.

En un escrito al que ha tenido acceso ABC, los populares dejan constancia de que se han enterado por la prensa (y no por el tribunal, como habría correspondido en su condición de recurrentes) de que tres magistrados solicitaron hace unos días al presidente que llevara al Pleno un debate sobre la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el marco de esta solicitud pedían la paralización del recurso de los populares, tanto si se decidía que era conveniente presentar esa cuestión prejudicial como si la decisión era no hacerlo, pues en este segundo caso lo oportuno era también esperar a que la Justicia europea se pronunciara sobre cuestiones prejudiciales que otros órganos españoles han llevado a Luxemburgo cuestionando diversos aspectos de la ley.

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La petición de estos magistrados fue despachada por Conde-Pumpido hace apenas cuatro días por medio de un acuerdo en el que se sostenía que «no ha lugar a la incorporación en el orden del día del próximo 27 de mayo y siguientes un señalamiento específico sobre el eventual planteamiento de una cuestión prejudicial» al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Apuntaba el presidente que adoptaba esta decisión tras «consultar» a la ponente del recurso del PP (Montalbán) y considerar ésta «prematuro» el señalamiento de ese debate.

Ese mismo acuerdo sostenía también que «la función de control abstracto de constitucionalidad que debe realizar este tribunal (...) es independiente de las decisiones adoptadas por otros órganos jurisdiccionales en el ámbito de su competencia específica» y que además ni siquiera el PP había solicitado en su recurso el planteamiento de una cuestión prejudicial.

En su escrito los populares responden a este punto concreto del acuerdo: aunque en su recurso no solicitara el planteamiento de una cuestión prejudicial «respecto de las cuestiones o materias que afectan directamente al derecho de la Unión», eso no impide ni su eventual planteamiento posterior ni que «la importancia de esas materias y la incidencia del derecho de la Unión en la controversia no estuviese ya presente en la demanda». Además, su recurso, añaden, ya denuncia «evidentes infracciones del derecho de la Unión» en las que, a su juicio, incurre la ley.

Reprocha el PP a Conde-Pumpido que la petición de los tres magistrados no fuera «notificada ni puesta en conocimiento de las partes ni incorporada al procedimiento», como tampoco lo han sido, denuncian, los informes, anexos ni la negativa del propio Conde-Pumpido a paralizar la tramitación. Los populares solicitan así, al considerarlo «imprescindible», que se incorpore a su recurso «la integridad de los referidos documentos (aportados por Concepción Espejel, César Tolosa y Enrique Arnaldo) a fin de que por esta parte pueda, a la vista de su contenido y del debate planteado en el mismo, plantearse la directa formulación de solicitud de cuestión prejudicial en este procedimiento». Es decir, no descarta pedir al TC que pregunte a Europa. A la vez, pide, en su condición de recurrente, la suspensión del procedimiento «al menos hasta la efectiva recepción de esos documentos».

«En cualquier caso —añade— y a la vista de que, como han puesto de manifiesto los magistrados en cuestión, existen al menos cuatro cuestiones prejudiciales formuladas al TJUE (...) parece razonable entender, en aplicación de un mínimo grado de prudencia y sosiego exigible a cualquier órgano jurisdiccional (y precisamente por ello, con mayor motivo a este excelentísimo tribunal) que procedería en todo caso la suspensión del procedimiento» hasta que estas cuestiones se resuelvan.

Las consultas elevadas al Tribunal de Justicia de la Unión se refieren a cuestiones como la cláusula de Estado de derecho, los principios de igualdad y no discriminación, la protección de los intereses financieros de la Unión y el delito de malversación o la separación de poderes e independencia judicial, entre otras.

A ellas se referían en su informe tres de los magistrados del grupo conservador, que recordaban que ya hay cuatro cuestiones prejudiciales admitidas por el TJUE que han sido «remitidas por sendos órganos jurisdiccionales españoles mediante las que cuestionan directamente la compatibilidad de la ley con el derecho de la Unión».

«Es necesario por lo tanto examinar si el hecho de que varios órganos judiciales españoles se hayan dirigido al TJUE planteando distintas cuestiones prejudiciales sobre la ley de amnistía puede suponer un obstáculo para que el TC se pronuncie sobre la constitucionalidad de esta norma sin esperar a la respuesta del Tribunal de Justicia (...). Alertaban, además, de que aun en el caso de que el TC avalara la constitucionalidad de la ley, no se podría aplicar de forma inmediata a los líderes independentistas, pues la «aplicabilidad de la norma nacional está condicionada a que el TJUE declare que la ley respeta el derecho de la Unión».