Senado
El PP lanza una ofensiva sobre la relación con Marruecos tras la reunión de alto nivel en la Moncloa
Pregunta al Gobierno si valora ceder el espacio aéreo sobre el Sahara y cómo responderá a quienes niegan la soberanía española de Ceuta y Melilla
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Madrid
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Iniciar sesiónEl Grupo Parlamentario Popular en el Senado registró este jueves varias baterías de preguntas al Ejecutivo sobre las relaciones entre España y Marruecos. Tras la reunión de alto nivel entre ambos países en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió en la ... Moncloa al primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch, los recelos en el PP han ido 'in crescendo', sobre todo teniendo en cuenta las escasas explicaciones ofrecidas.
Este diario ha tenido acceso a las iniciativas registradas por el PP, que reclaman respuestas por escrito al Gobierno de PSOE y Sumar, y en ellas se constata la desconfianza hacia la política exterior que encabeza el ministro José Manuel Albares. En primer lugar, el grupo parlamentario que lidera Alicia García remarca que Rabat, en su relación bilateral con Madrid, es percibida como «la parte negociadora en posición de mayor fuerza», más si cabe tras el respaldo internacional que ha ido recibiendo su propuesta sobre el Sahara Occidental, empezando por el histórico cambio de posición de España en 2022.
El PP exige al Gobierno que aclare si tiene intención de ceder total o parcialmente a Marruecos la gestión del espacio aéreo sobre la antigua colonia española, que hasta ahora la ha ejercido España a través de la región de información de vuelo de las islas Canarias. También si se ha consultado con los socios de la Unión Europea y de la OTAN.
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El 18 de marzo del 2022 trascendió una carta que unos días antes le había enviado Sánchez al Rey de Marruecos, Mohamed VI, en la que reconocía el plan de autonomía marroquí para el Sahara Occidental como la propuesta «más seria, creíble y realista para la resolución» del conflicto sobre la soberanía de la región. El giro, unilateral y hecho a espaldas del entonces socio de coalición del PSOE, Unidas Podemos, rompía con 46 años de consenso en España: la reclamación de un referéndum de autodeterminación para que los saharauis decidiesen su futuro político.
Sánchez tomó esta decisión meses después de la crisis migratoria que se desató en mayo del 2021, con la entrada masiva de miles personas en Ceuta a nado y a pie sin que las autoridades marroquíes hiciesen nada por impedirlo. Algo que, a su vez, respondía a las tensiones diplomáticas por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en un hospital de Logroño un mes antes por haber sido contagiado de Covid-19.
La reunión de alto nivel de esta semana se ha solventado con una nota de prensa y una declaración conjunta escrita, sin periodistas
La oposición interpretó entonces el cambio de posición dictado por Sánchez como la cesión a un chantaje de Marruecos -la soberanía sobre el Sahara a cambio del control de los flujos migratorios- y, desde entonces, ha observado con escepticismo todo lo relacionado con el trato al Reino alauí. Más después de que la reunión de alto nivel de esta semana, como publicó ABC, se solventase sin ninguna rueda de prensa y con la única explicación oficial de un comunicado de la Moncloa y una declaración conjunta de ambos países de veintitrés folios.
Con todo este contexto en mente, los senadores del PP quieren que el Gobierno explique, entre otras cuestiones, qué garantías le ofrece Marruecos de cumplir los compromisos adquiridos; cómo va a resolver la controversia por la delimitación de aguas entre Canarias y el Sahara y la disputa sobre el monte submarino Tropic, rico en minerales estratégicos esenciales para la transición energética; por qué las aduanas comerciales pactadas en Ceuta y Melilla siguen sin funcionar «con plena normalidad y estabilidad» y cómo evitará que Rabat las use como herramienta de presión económica; qué respuesta diplomática se dará a las autoridades marroquíes que niegan la soberanía española sobre las dos ciudades autónomas; y cómo se asegurará que la inmigración no se use como moneda política.
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