El PP insta al Senado a que exija a García Ortiz el informe del Consejo Fiscal sobre la amnistía
La Cámara Alta solicitó ese dictamen hace más de cuatro meses, pero el fiscal general se negó a ello
Nuevo varapalo al Gobierno: el Consejo del Poder Judicial también ve inconstitucional la amnistía

El grupo parlamentario del PP, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, ha vuelto a pedir este martes a la Mesa del Senado que reclame al Consejo Fiscal su informe sobre la ley de amnistía ya aprobada en primera instancia en el Congreso. El escrito presentado por la portavoz popular en el Senado, Alicia García, recuerda que hace más de cuatro meses, el 23 de noviembre, el PP ya solicitó dicho informe y otro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el pasado jueves lo aprobó con numerosas y severas críticas a dicha ley pactada por el PSOE y sus socios secesionistas (ERC y Junts).
Sin embargo, el informe del Consejo Fiscal, órgano que asesora al fiscal general del Estado, no ha llegado a la Cámara Alta, a diferencia del elaborado por el órgano de gobierno de los jueces, por la sencilla razón de que Álvaro García Ortiz se opuso a ello desde el principio, como trasladó al Senado después de recibir esa petición. Argumentaba el fiscal general «impedimentos legales» para que el Consejo Fiscal se pronunciara sobre la amnistía, recuerda el propio escrito del PP. Una vez que el órgano consultivo de la Carrera Judicial ha emitido su demoledor informe contra esta ley a petición del Senado, el PP quiere que el órgano de la Carrera Fiscal haga lo propio, a lo que se opone García Ortiz.
Los populares recuerdan que «el Ministerio Fiscal no es un órgano consultivo del Gobierno» y que su Estatuto Orgánico (EOMF) «establece el deber de colaborar con las Cortes Generales —compuestas por el Congreso y el propio Senado—, a requerimiento de éstas y siempre que no exista obstáculo legal», como el PP entiende que es el caso.
Añade además que «ninguna disposición establece la prohibición de que esta colaboración se pueda producir en materia de emisión de informes» como el solicitado por el Senado, «incluso en el caso de proposiciones de ley», como la de amnistía.
También insiste el PP en que el Consejo Fiscal es el «competente para, entre otras cuestiones, informar las propuestas legislativas que afecten a la estructura, organización y funcionamiento» de la propia Fiscalía, que tendrá que pronunciarse sobre la aplicación de la ley en los procedimientos que, con toda probabilidad, se suscitarán en el Tribunal Constitucional o ante la Justicia europea.
Y recuerdan los populares que este informe, como el del CGPJ, «contribuye a afianzar las garantías democráticas propias del Estado de derecho» en virtud de los estándares europeos. A este respecto, recuerdan que el reciente informe de la Comisión de Venecia, también a petición del Senado, incluía entre sus muchos reparos a la ley de amnistía que ésta adolecía de una mayor «discusión pública», para lo cual este órgano del Consejo de Europa recomendaba más «consultas significativas».
Quinto varapalo
El PP ha impulsado a través del Senado hasta tres peticiones de informes a distintos órganos expertos a nivel nacional e internacional: las mencionadas del CGPJ y la Comisión de Venecia, ambos con bastantes críticas a norma impulsada por el Gobierno, y el del Consejo Fiscal, el único que no se ha elaborado después de cuatro meses por orden de Álvaro García Ortiz.
Este órgano, que eligen por votación los miembros de la propia Carrera Fiscal, cuenta en la actualidad con una mayoría no afín al Gobierno y que ya se ha mostrado muy crítica con la ley de amnistía, lo que explica también esa negativa del fiscal general a permitir un nuevo informe de expertos contrario a la misma. Sería el quinto, tras los de los letrados del Senado y de la Comisión de Justicia del Congreso, el del CGPJ y el de la Comisión de Venecia, ninguno de los cuales avala la amnistía e incluso todos ellos destacan sus respectivas críticas, muchas coincidentes.
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