El PP ve inadmisible que sigan en el Gobierno ministras que se oponen a esta reforma del 'sí es sí'

Montero y Belarra, las únicas integrantes del Consejo de Ministros durante el debate de la toma en consideración, han escuchado en primera fila el enfrentamiento dialéctico entre el PSOE y Unidas Podemos, socios en el Gobierno de coalición. La fractura es evidente y da munición a la oposición. Por eso, la secretaria general del PP y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, no ha dado puntada sin hilo.

En la parte final del debate, y ante una tensión evidente, casi palpable, entre los dos partidos que gobiernan España, la diputada popular ha aseverado que no es «admisible» que, tras las discrepancias en un asunto de este calado, la composición del Consejo de Ministros permanezca incólume. «Sí se puede, señoras de Podemos, claro que se puede, se puede dimitir; y señores del PSOE, claro que se puede, se puede cesar», ha clamado Gamarra, muy aplaudida por su bancada.

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Tanto el PP como Ciudadanos (CS) se han posicionado a favor de la toma en consideración, tras meses exigiendo al Gobierno una modificación urgente de la norma estrella de Igualdad, y Vox ha anunciado su abstención. El partido de Santiago Abascal coincide en la imperiosa necesidad de retocar lo relativo a las penas, pero va más allá y reclama una derogación completa de la norma. Una postura que les separa, como mínimo, de CS.

Gamarra, Carla Toscano (Vox) y Sara Giménez (CS) sí han coincidido en señalar las reiteradas advertencias que recibió el Ejecutivo de coalición antes de aprobar la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual con respecto a la horquilla de penas y las consecuencias que podía tener. CS, aun así, votó a favor de la ley, aunque desde que se empezaron a conocer las revisiones de condenas ha exigido su corrección inmediata.

La número dos del PP ha criticado la tardanza de los socialistas en traer al Congreso esta proposición de ley —los populares registraron la suya propia en diciembre, pero el Gobierno la bloqueó para dar prioridad a la iniciativa del PSOE— y, de hecho, ha acusado al Grupo Parlamentario Socialista de moverse, únicamente, por una «alarma electoral».

Según ella, no le ha movido ni «la alarma social», ni «el remordimiento» ni la «sensibilidad con las víctimas»: «Para esto sí que valen algunos informes, los informes de [el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix] Tezanos, pero no se tienen en cuenta las advertencias del Consejo General del Poder Judicial ni del Consejo de Estado».

Justo antes que ella ha intervenido Toscano, la diputada que atacó personalmente a la ministra Montero al decir que su único mérito era «haber estudiado en profundidad» al exvicepresidente Pablo Iglesias, en alusión a su relación sentimental. La parlamentaria de Vox, de nuevo con comentarios muy duros desde la tribuna de oradores, ha recordado afirmaciones de socialistas como que la prostitución es una forma de violación para vincular el debate con el caso Mediador: «Si la prostitución es violación, a ver si por eso bajaron las penas».

El comentario, sarcástico, aludía al Tito Berni, el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, que dimitió hace semanas envuelto en una trama de mordidas con prostitución y drogas de por medio. «El Gobierno autodenominado más feminista de la historia, que saca a la calle a los violadores, de día dice que quiere prohibir la prostitución y por la noche tiene diputados que van a prostíbulos», ha incidido, tras acusar al «ególatra» Sánchez de presidir el Ejecutivo «más dañino» para las mujeres.

Toscano, en su intervención, no solo ha centrado sus críticas en la coalición de PSOE y Unidas Podemos. Ha tenido también tiempo para arremeter contra los populares, quienes según ella tienen la estrategia de «poner una vela a Dios y otra al diablo». «No sea que les llamen fascistas y machistas... ¡Son ustedes el clásico 'pagafantas'!», ha clamado, acusando al PP de centrarse exclusivamente en el problema con la rebaja de penas, cuando la ley, dice, «impone el adoctrinamiento» a los niños con «un flagrante delito de incitación al odio contra el hombre».

La posición más discordante entre los partidos de derecha y centro-derecha la ha defendido Giménez, de CS, quien ha reclamado la tramitación por la vía de urgencia de la reforma, aunque para solicitarlo formalmente deben pedirlo dos grupos parlamentarios. La diputada liberal ha afirmado que la corrección del PSOE llega «tarde» y que no debería haberse esperado a debatirla en vísperas del 8-M, Día Internacional de la Mujer, pero también le ha echado un capote al rechazar los postulados de Podemos, que asegura que la propuesta socialista es regresar al «Código Penal de La Manada».

Giménez, al contrario que Gamarra y Toscano, ha alabado aspectos de la norma como que se deje de diferenciar entre abuso sexual y agresión, y que se aborden cuestiones como la sumisión con sustancias químicas y las violaciones a personas con discapacidad. Aun así, ha admitido que en la ley original existe «una grieta», por lo que no queda otra que «ser responsables» y «modificarla». PP, Vox y CS, los tres, han favorecido la tramitación de la proposición de ley, pero con matices en sus posturas que abren un mundo entre ellos. Y no solo por el sentido de su voto, con el sí de PP y CS y la abstención de Vox, sino por su posición ideológica.