El PP defiende su modelo de protestas ante la presión de Vox y las críticas del PSOE

Los populares tienen su propio camino. La oposición institucional, los recursos judiciales, los actos políticos que vienen desplegando desde septiembre y un formato convencional de concentraciones que este domingo tendrá su máxima expresión con la convocatoria en todas las capitales de provincia.

El partido las convocó este martes formalmente. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, asistirá a la concentración en Madrid, que se celebrará en la Puerta del Sol. «Nadie nos va a amedrentar ni nadie nos va a silenciar. El PP va a seguir alzando la voz de forma pacífica pero constante», trasladaron desde Génova.

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Víctor Ruiz de Almirón

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Este martes el PP se afanó en defender su modelo. Y lo hace condicionado por todos sus frentes. Por un lado no se quiere caer en la red del PSOE que vincula al PP a las mismas y los hace responsables de cualquier altercado que tenga lugar. Por otro ven cómo Vox gana espacio. En el PP creen que este tipo de actos suponen un balón de oxígeno para el PSOE: «Abascal, al rescate de Sánchez; como es habitual. Nuestra posición de sensatez es más necesaria que nunca», expresa un dirigente del PP.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, denunció desde la sala de prensa de La Moncloa que «la actitud del principal partido de la oposición tendría que ser muy distinta» porque «tendrían que estar rechazando las consignas y símbolos que se utilizaron en estas manifestaciones». El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, desde su estancia en Bruselas donde esperaba la llamada de Carles Puigdemont, acusó a Feijóo de «avalar» estas concentraciones.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, criticó el «cinismo» del PSOE por su posición en esta cuestión mientras negocian una amnistía para «personas con causas abiertas por actos violentos y vandálicos». La número dos de los populares definió como «muy puntuales» los actos que en las concentraciones ante las sedes del PSOE se pueden considerar como violentos, dejando claro que a ella no le gustan.

El PP no comparte el formato de estas protestas. Y considera que la actuación policial fue desproporcionada, señalando directamente por ello a la Delegación de Gobierno. «Obligaron a los policías a tratar a las personas que estaban en la calle como si fueran CDR», trasladó este martes el PP en una nota a los medios. La incomodidad es creciente. Porque de fondo subyace la convicción de que la amnistía es un salto cualitativo sin precedentes en términos de degradación institucional. Por lo que en última instancia prima la comprensión con quienes se manifiestan y se quiere limitar a la anécdota cualquier acto violento.

Sin llegar a convocar las marchas fueron varios los dirigentes que se expresaron distantes al respecto. Los presidentes autonómicos de la Región de Murcia y Extremadura, Fernando López Miras y María Guardiola, pidieron no asistir a este tipo de protestas. El portavoz del PP en el Senado, Javier Arenas, también expresó un rechazo frontal ante «cualquier acto de violencia o vandalismo». El vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, insistió en defender la legítima «indignación» de la ciudadanía, pero llamó a canalizarla de forma «serena, contundente y ordenada».

Las bases del PP están muy activas. No son pocos los líderes locales y provinciales que han trasladado a sus superiores su inquietud respecto a estas concentraciones. «Nosotros hemos dejado claro que no vamos a manifestarnos a sedes de otros partidos», transmiten desde una dirección provincial. «Aquí se ha dejado claro que no son organizaciones promovidas por el partido. No se anima a ir a nadie, aunque tampoco vamos a prohibir que vaya quien lo considere a título particular», expresan desde una de las ciudades importantes gobernadas por el PP.

En Vox, que participó activamente en la protesta del lunes en Ferraz, a la que acudió incluso su líder, Santiago Abascal, el tono era este martes de indignación. El dirigente derechista, sin especificar cuáles, anunció «acciones judiciales» contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, por, según él, dar «órdenes políticas» a los agentes para disolver una manifestación que discurría «legal y pacíficamente» y emplear, para ello, medios lesivos como gases lacrimógenos.

En una comparecencia en la sede nacional de su partido, en la madrileña calle de Bambú, Abascal llegó a dirigirse a los agentes policiales para pedirles que «no obedezcan órdenes ilegales», como eran, siempre según su parecer, las que recibieron los policías desplegados para garantizar la seguridad en las inmediaciones de Ferraz. Aunque la Policía habla de la presencia de grupos ultra de extrema derecha, Vox lo minimiza y garantiza que la inmensa mayoría de los presentes eran familias, jóvenes, menores de edad y ancianos contra los que se actuó de forma desproporcionada.

Después de reunirse con los vicepresidentes de Vox en los Gobiernos autonómicos con el PP, Abascal anunció también que promoverán «manifestaciones institucionales», desde los Ejecutivos regionales y locales donde tienen presencia, para llevar a otro nivel la lucha contra la amnistía. En cualquier caso, seguirá apoyando todas las movilizaciones contra esta medida en favor de los independentistas, siempre que se enmarquen, subrayó, dentro de una «resistencia pacífica».

El líder derechista trasladó su respaldo a los sindicatos Unión Federal de Policía (UFP) y Justicia Policial (Jupol) –que denunciaron la desproporción en el operativo y pidieron la dimisión del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid– y se esforzó en separar a los altos cargos de Interior de los agentes. «Los servidores públicos van a seguir contando con nuestro apoyo», zanjó. El partido derechista registró también una batería de iniciativas parlamentarias, con preguntas por escrito al Gobierno, la solicitud de informes sobre lo sucedido en Ferraz y la petición de comparecencia del ministro Grande-Marlaska. Reacción en la calle, los juzgados y el Parlamento.