El PP acusa a Sánchez de acomodar el 'apagón' al calendario electoral

Noticia Relacionada

El giro de Sánchez con el Sahara no reduce las cifras de inmigración ilegal

Marta Martínez

El número de irregulares que llegó a España, por vía marítima y terrestre, aumenta un 3,3 % respecto al año pasado

La primera en denunciar ese intento fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a través de las redes sociales: «Sánchez dice: España se apaga hasta que comience mi campaña electoral para ser solidarios 'con la UE'. La respuesta es NO: reduzca 20.000 millones de gastos inútiles de sus 22 ministerios», avisó la dirigente popular.

En un acto político en Jerez de la Frontera, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, incidió ayer en esa crítica directa a Sánchez. La número dos de los populares recordó que la Comisión Europea se había limitado a recomendar un plan de ahorro energético que tuviera como objetivo la «reducción voluntaria de la demanda de gas en un 15 por ciento entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023». Sin embargo, las medidas más controvertidas del último decreto-ley de Pedro Sánchez estarán vigentes hasta el 1 de noviembre de 2023. Es decir, justo cuando está prevista la convocatoria de las elecciones generales, según el calendario que maneja Sánchez y que ha confirmado en reiteradas ocasiones.

En declaraciones a ABC, Gamarra afirmó que «cuando se trata de Sánchez siempre hay una intención detrás, intención política que le beneficie a él electoralmente». «Ya hay precedentes con la pandemia. Por ejemplo, cuando se quitó la mascarilla e intentó que le diéramos las 'gracias' por ello», señaló. A su juicio, «cuanto menos, falta una explicación de por qué hay limitaciones más allá de lo exigido por Bruselas en términos de plazos».

La campaña pondría fin al 'apagón', término con el que se resumen las medidas de ahorro que ha puesto en marcha el Gobierno en transportes, escaparates, interiores de comercios y locales y edificios públicos, y que afectan al alumbrado exterior a partir de las 22 horas y a la temperatura interior, tanto en verano como en invierno, para limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado y a 19 la calefacción.

En Génova están decididos a presentar batalla contra este decreto-ley, y no tanto por unas medidas que Feijóo había defendido en parte solo unos días antes, sino por la forma en que se aprobó en el Consejo de Ministros, sin contar con las comunidades ni los ayuntamientos. El diálogo no ha existido con el principal partido de la oposición, que no recibió ni una llamada procedente del Gobierno, pero tampoco con las regiones. De ahí la indignación que expresaron algunas de ellas, como la Comunidad de Madrid, pero también de otro signo político, como el País Vasco, en medio de un desconcierto generalizado.

Después de un conato de rebelión inicial, la Comunidad de Madrid reculó y dejó claro que cumplirá las medidas obligatorias y recurrirá ante el Constitucional las que considere que invaden competencias. Algo parecido ocurrió con el País Vasco, que en un primer momento se desmarcó del cumplimiento del decreto. Ayer, el lendakari, Iñigo Urkullu, afirmó que su comunidad cumplirá las medidas de ahorro energéticas establecidas por el Gobierno, pero lamentó, eso sí, que no se hayan contrastado las sanciones. A su juicio, en esta cuestión, se podría haber hecho patente «la tan proclamada cogobernanza sin excluir, de inicio, la intervención normativa de las comunidades».

Entre las sanciones previstas, destacan estas: los espacios comerciales, edificios públicos, espacios culturales y hoteles que incumplan el plan de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno afrontarán multas de hasta 60.000 euros por infracciones leves, de hasta seis millones de euros por las graves y de hasta 100 millones de euros por las muy graves.

Fuentes parlamentarias del PP consideran «desproporcionadas» las sanciones, y en todo caso recuerdan lo que ocurrió con los estados de alarma que impuso Sánchez, con un recorte de libertades, que más tarde tumbó el Tribunal Constitucional.

En el PSOE trataron ayer de abrir una grieta a toda costa entre Feijóo y Ayuso. La secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo del PSOE, Hana Jalloul, avisó al presidente del PP de que Ayuso ya le está «marcando la agenda» como hizo en su día con su predecesor, Pablo Casado. Fue el punto principal del argumentario de los socialistas para cargar contra los populares. La dirigente socialista reclamó a Feijóo que «ponga orden» cuanto antes en su partido y presente un plan «coherente».

En la dirección nacional del PP se volvieron a mostrar comprensivos con el enfado y la rebelión inicial de sus dirigentes territoriales, pero insistieron en que su partido siempre ha cumplido la ley, y lo seguirá haciendo. Por eso, Gamarra rechazó «lecciones» de un presidente del Gobierno que ha indultado a quienes protagonizaron un golpe de Estado en Cataluña en 2017.

En un acto político en Jerez de la Frontera, la secretaria general del PP, que dio por empezada la campaña electoral de las municipales de mayo de 2023, acusó a Sánchez de pedir sacrificios a los españoles, pero no aplicarse ninguno él mismo. El decreto-ley de medidas de ahorro se aprobó el lunes, pero por ahora no ha habido una sola resolución dirigida a contener el gasto público de los 22 ministerios del Gobierno de Sánchez. Por eso, Gamarra preguntó al jefe del Ejecutivo si piensa asumir algún compromiso o sacrificio, uno solo, «en primera persona». «Este Gobierno sigue viviendo por encima de sus posibilidades, con 800 asesores para los 22 ministerios», avisó.

Desde el partido de Feijóo se hizo un llamamiento al Gobierno de la Nación para que rectifique y consensúe un plan «que a nadie gusta y a todos disgusta», y lo haga con diálogo y no «a golpe de decreto-ley».

Noticia Relacionada

Vox rechaza el plan energético del Gobierno y pide convocar el Consejo de Seguridad Nacional

Daniel Cebreiro

Ha registrado una iniciativa en el Congreso reclamando la derogación de las medidas de ahorro de energía y de las «leyes climáticas»

En Castilla y León, el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, pidió una reunión «urgente» al presidente regional y socio de la coalición con el PP, Alfonso Fernández Mañueco, para estudiar interponer un recurso de inconstitucionalidad «cuando proceda» frente a lo que considera una «nueva cacicada» del presidente del Gobierno de la Nación. «No vamos a permitir que los españoles sigan pagando los disparates del Gobierno socialista», advirtió el dirigente de Vox, según informa Ep.