Policías imputados por el 1-O: «Que se metan la amnistía por donde les quepa»

«Nos equiparan a delincuentes. Yo hice mi trabajo de acuerdo a la ley y es la intervención de la que más orgullosos estoy porque esa mañana fue brutal. No me arrepiento de nada y no hice nada delictivo». Habla uno de los 27 policías nacionales imputados por un juzgado de Gerona, investigado por un delito de lesiones. Como sus compañeros, lo que hizo fue cumplir el mandato judicial en un colegio el 1-O.

Una prueba de que son artistas invitados, segundones en la componenda es que ni siquiera las cifras sobre cuántos continúan investigados coinciden. En Gerona, 27; en Barcelona, 45 en otro juzgado, Instrucción 7, que ha dejado a las puertas de juicio a cinco policías más, acusados de lesiones por la actuación que se saldó con la pérdida de un ojo al activista Roger Español. Otros once, éstos por los disturbios postsentencia tras ser denunciados por una detenida, que en la plaza de Urquinaona lanzó cócteles molotov. Los denunció por trato degradante y torturas y el pasado tuvieron que declarar en sede judicial.

 En DosRius también siguen investigados varios guardias civiles. En teoría son 132 de los más de 200 que llegaron a tener procedimientos judiciales abiertos. Otras causas se han ido archivando. Ahora, en su artículo 2, la proposición de ley introduce exclusiones y alguna de esas puede dejar fuera del perdón a los agentes, o a una parte al menos:

a) Los actos dolosos contra las personas que hubieran producido un resultado de muerte, aborto o lesiones al feto, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro, la pérdida o inutilidad de un sentido, la impotencia, la esterilidad o una grave deformidad. Un apartado que puede dejar fuera del olvido penal a los agentes imputados por las lesiones a Español.

b) Los actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes con arreglo al artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, siempre que superen un umbral mínimo de gravedad. En este caso podría excluir a los once agentes que declararon ante instrucción a finales de la semana pasada, y también a otros cuatro, a los que un menor denunció por torturas, también durante las protestas postsentencia en Barcelona.

Y es que según el texto, si los agentes son condenados por torturas con un «mínimo de gravedad» no encajarían en esa amnistía. Se da la circunstancia de que los procesados por el Juzgado 7 de Barcelona, a los que la Fiscalía no tiene intención de acusar y de hecho pidió sin éxito el archivo de la causa en 2019, pueden ser condenados por delitos más graves si prospera la pretensión de la acusación popular. El juez además, que les imputa lesiones, dejó la puerta abierta a que se les juzgue por un delito contra la integridad moral e incluso uno de torturas.

«Mi causa está parada desde 2019 y desde entonces no se ha practicado ninguna diligencia más. Es absurdo tenernos esperando durante seis años», explica a este diario uno de los 45 imputados por el 1-O en Barcelona. Lleva diez meses esperando a que la Audiencia Provincial resuelva los recursos de apelación y decida si archiva la causa o lo envía a juicio. También se muestra contrario a la amnistía, que considera, supondría «una absolución en falso», ya que está convencido de que su actuación fue la correcta. «Quiero ir a juicio», subraya.

Los investigados están convencidos de la tesis de las torturas no prosperará por la endeblez de la acusación. Pero no sienten alivio, sino rabia y desprotección. «Me trataron como a un chorizo en sede judicial. A mí y a mis compañeros. Si nos amnistían, que no queremos, será como reconocer que cometimos un delito. Que se metan su amnistía por donde les quepa». Este agente, que participó tanto en Copérnico como en Ícaro, también en las llamadas marchas de la dignidad de Madrid, asegura que nunca se ha sentido más orgulloso de ser policía que aquellos días.

Uno de sus compañeros investigado por el mismo juzgado de Barcelona recuerda cómo hay tres de los suyos que tuvieron que jubilarse forzosamente. Ángel, con el cúbito y el radio rotos, destrozado el brazo de por vida. Álvaro, al que le dieron la extrema unción en Barcelona y cuya vida aún no está a salvo debido a los coágulos que le quedaron en la cabeza. «Cualquier día no amanece y ahora tenemos que tragar con esto», dice el agente que abandonó la UIP decepcionado por el trato recibido.

«Todo lo que pasamos allí fue para nada; dos meses malcomiendo sin ver a nuestra familia... lo absurdo es que no voy a poder ni defenderme en juicio. Algo que se tenía que haber juzgado en dos meses y aquí seguimos seis años después y ahora supuestamente amnistiados como los delincuentes».

Fuentes jurídicas consultadas por ABC dan por seguro que la ley 'perdonará' a los policías. «No se condena prácticamente a nadie por torturas. Los delitos que se les imputan son lesiones, cómo va a apreciar un juez torturas en esas actuaciones grabadas y a la vista de todo el mundo».

Sin embargo, el sindicato Jupol, por ejemplo, ha asegurado en un comunicado que la «gran mayoría de agentes de la Policía Nacional imputados por los hechos ocurrido el 1-0 y en los disturbios provocados tras la sentencia del 'procès' en el año 2019 quedarían fuera de la citada Ley, beneficiando de este modo solamente a los impulsores del intento de golpe de Estado y a los manifestantes violentos que sembraron el caos en 2017 y en 2019 en las calles de Cataluña».

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha tildado el borrador de «apedreamiento institucional a la labor» de los agentes. Señalan así que la ley promovida por el PSOE tras su acuerdo con los independentistas promueve la «inseguridad, la incertidumbre y la desprotección del conjunto de la ciudadanía».