La Policía acusa al supuesto salafista de Reus de adoctrinar a menores vulnerables

Según recogía este jueves el auto por el que la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional rechazó suspender su inminente expulsión, la Policía atribuye a Badaoui «la realización de adoctrinamiento en su comunidad con difusión de postulados radicales proyihadistas» y le sitúa como «uno de los principales referentes en España del salafismo más ortodoxo».

Sostiene que «predica, con una influencia tal, que desde su llegada se ha producido un aumento del radicalismo en la región de Tarragona a causa de su discurso».

La orden de expulsión de Badaoui fue dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad el pasado 14 de septiembre pero su detención esta semana para materializarla ha levantado una polvareda en Cataluña, donde el movimiento independentista califica la maniobra como una expresión «islamófoba» de represión.

De hecho, como informó este diario, el Parlament de Cataluña ha aprobado una declaración en su favor con la mayoría que suman ERC, Junts y la CUP denunciando que se trata de «un procedimiento de expulsión irregular, en el que se le ha acusado sin pruebas».

La Policía, como el Centro Nacional de Inteligencia, tienen una visión muy distinta. Le atribuyen «la realización durante años de proselitismo y reclutamiento, especialmente con los colectivos más vulnerables y manipulables, prestando especial atención a los menores, en concreto a los menores no acompañados principalmente de origen marroquí».

Sostienen que les adoctrinaba en el salafismo más radical «aprovechándose de su situación de vulnerabilidad» y que además, Badaoui tiene «vinculaciones con individuos radicales relacionados con el terrorismo» y «lleva a cabo prácticas de fomento del victimismo y la occidentalofobia».

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Todas estas mimbres son suficientes, de acuerdo a la Comisaría General de Información, como para considerar que Badaoiu, conocido ya como 'el salafista de Reus', ha incurrido en una de las infracciones muy graves que recoge la Ley de Extranjería y que conllevan la expulsión de territorio nacional y prohibición de entrada durante una década: conductas que supongan una amenaza para la seguridad nacional.

Es atendiendo a estas conclusiones como rechazó ayer la Audiencia Nacional paralizar la expulsión de manera cautelarísima -por la vía de urgencia y sin escuchar a la otra parte- tanto de Badaoui como de Amarouch Azbir, detenido por los mismos motivos y también a la espera de ser deportado.

Ambos habían recurrido por considerar ilegal la expulsión habida cuenta de su arraigo en España y de que no se ha dictado una sentencia tras un proceso judicial contra ellos, sino que lo que se está aplicando es la respuesta por una infracción de la legislación de extranjería.

Su abogado, Iván Aybar, explicó este jueves a este diario que fue hace dos años cuando se les denegó la nacionalidad española, alegando que suponían una amenaza para la seguridad nacional, y desde entonces no se ha aportado ningún nuevo informe en su contra. Por ello, reprocha: «¿Dónde está el riesgo inminente? ¿Si son tan peligrosos, por qué no se les expulsó antes?».

Además, Aybar, también profesor de Derecho en la UAB, denuncia que aún no ha tenido acceso al contenido íntegro de los informes policiales que apuntan a la supuesta radicalización de sus defendidos, por lo que ya ha remitido un requerimiento al Ministerio del Interior.

Así, apunta que los argumentos para denegarles la nacionalidad entonces y para abrir el procedimiento de expulsión ahora son los mismos: «Es evidente que no existe una razón para la deportación inminente», argumenta, y censura también que desde la llamada inicial que recibió, cuando Badaoiu y Azbir fueron detenidos este pasado martes, no ha podido volver a contactar con sus clientes.

«No sé ni dónde están. Si aún en la comisaría de La Verneda (Barcelona), en la del aeropuerto de El Prat o si ya los han deportado a Marruecos». El letrado, que ha recurrido el auto de la Audiencia Nacional, también ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo, al no poder hablar con los detenidos.