Dos informes, de la Policía y el CNI, claves de la expulsión del salafista protegido por el secesionismo catalán

No es infrecuente que este tipo de informes policiales y de los servicios de inteligencia desemboquen en estos procedimientos de expulsión que, hay que recordarlo, están tutelados por la autoridad judicial. Es decir, no se trata de medidas arbitrarias, sino que las toma el juez una vez estudiados los informes correspondientes.

Se trata de la aplicación del artículo 54.1, apartado a, de la Ley Orgánica 4/2000. En ocasiones no es viable proceder por la vía penal contra algunas personas que, sin embargo, son peligrosas para la seguridad nacional por sus actividades. En enero de 2019, por ejemplo, se expulsó por esta vía a dos hermanos marroquíes que llegaron a España tras combatir en las filas de Daesh después de meses de seguimientos intensivos.

Acerca de la relación de este individuo con el secesionismo, las fuentes policiales consultadas por ABC explicaron que «no es que sea independentista, pero sí ha sido hábil para acercarse a ese mundo», que ahora lo protege. Se trataría, por tanto, de una estrategia que le ha permitido actuar con más libertad.

El Parlament se posicionó ayer a su favor. La mayoría formada por el tripartito independentista (ERC, Junts y la CUP) y los comunes consiguieron que la Junta de Portavoces aprobara una declaración de apoyo a Badaoui, conocido como 'el salafista de Reus', que el martes fue detenido por la Policía Nacional y sobre el que pesa una orden de expulsión del país.

El texto, que contó con la oposición del PSC, Vox, Cs y el PP, se leyó en el hemiciclo, después de que Eulàlia Reguant (CUP) y Marta Vilalta (ERC) solicitaran una reunión urgente de la Junta de Portavoces, al iniciar el pleno, y la propia Junta aprobase la declaración por mayoría, al acabar el primer punto en el orden del día. Los grupos independentistas consideran que el de Badaoui es «otro caso de represión política e islamofobia por parte del Estado español, esta vez mediante la ley de extranjería», según reza el escrito aprobado.

Para los firmantes de la iniciativa, la solicitud de expulsión de Badaoui «es un procedimiento de expulsión irregular, en el que se le ha acusado sin pruebas» e instaron a la Generalitat a que active «todas las herramientas administrativas, jurídicas y diplomáticas de las que dispone para velar por el respeto de los derechos fundamentales de Mohamed Said Badaoui y del resto de personas represaliadas por los procesos opacos derivados de la ley de extranjería».

Badaoui (40 años) –detenido junto a otro líder de la comunidad islámica– es marroquí residente en Reus (Tarragona) y está detenido en la comisaría de la Policía Nacional de la Verneda (Barcelona), a la espera de que el juez de guardia dictamine si ordena su ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros hasta que sea expulsado de España, en base a los dos informes, uno del CNI y otro de la Comisaría General de Información de la Policía, que determinan que es un peligro para la seguridad nacional.

La decisión de apoyar a Badaoui por parte del Parlament motivó una rifirrafe entre el líder de Vox, Ignacio Garriga, y la presidenta en funciones de la Cámara catalana, Alba Vergés, quien le llamó al orden, cuando aquel criticó la decisión desde la tribuna de oradores. Para Garriga, se da apoyo «a un potencial terrorista», que calificó de ser «una persona que representa una auténtica amenaza para la seguridad nacional y de los ciudadanos».

En esta línea, el líder de Vox en el Parlament y secretario general del partido que preside Santiago Abascal, aseguró que los diputados de los grupos que dan apoyo a la declaración de la Junta de Portavoces «se convertirán en cómplices de cada matrimonio forzado y cada vertido de sangre en la región». Fue entonces cuando Vergés cortó la intervención de Garriga, le llamó al orden y le reprochó que haga estas afirmaciones «sin ser juez, ni saberlas, ni poder hacerlas».

Poco después, Xavier Pellicer (CUP) calificó las palabras de Garriga como las de un «facha», sin que Vergés pidiera el mismo decoro al diputado de la CUP. Por su parte, Nacho Martín Blanco (Cs), justo antes de la lectura de la declaración en el hemiciclo, pidió que conste que es «una anomalía» que durante el pleno se haga lectura «de acuerdos que no son declaraciones institucionales» y señaló que la iniciativa «no tiene la unanimidad de las fuerzas» políticas del Parlament.

A Badaoui se le imputa una infracción muy grave de «participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana». Se trata de un precepto muy genérico, que sirve para expulsar de España, desde a sospechosos de trabajar para servicios de inteligencia extranjeros, hasta casos como este, que son sospechosos de radicalización yihadista.

Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por ABC, ayer, no entraron a valorar la declaración de la Junta de Portavoces del Parlamento de Cataluña, que no tiene valor jurídico o legislativo. Se limitaron a respaldar «la actuación de las Fuerzas de Seguridad, en este caso, de la Policía Nacional, que siempre actúan dentro del más estricto respeto al ordenamiento jurídico». Y recordaron, además, que «todo el procedimiento de expulsión de estas personas está sometido al control judicial». Las mismas fuentes del ministerio explicaron que la expulsión de este tipo de personas va firmada por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.