La Audiencia Nacional rechaza suspender la expulsión del presunto salafista amparado por el Parlament

En el auto que rechaza suspender la expulsión de Mohamed Said Badaoui, conocido como 'el salafista de Reus', la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso explica que para determinar si concurren los requisitos para adoptar la medida de urgencia (cautelarísima) hay que considerar que la decisión de expulsarle se fundó en una denuncia previa de la Comisaría General de Información sobre el «radicalismo ideológico» del recurrente.

Esa denuncia destaca, entre otros hechos, «la realización de adoctrinamiento en su comunidad con difusión de postulados radicales proyihadistas, siendo uno de los principales referentes en España del salafismo más ortodoxo, que predica, con una influencia tal que, desde su llegada se ha producido un aumento del radicalismo en la región de Tarragona a causa de su discurso».

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Conforme resume el auto, la Comisaría General de Información advertía además de que la «influencia» de Badaui es tal, «que desde su llegada» a la localidad «se ha producido un aumento del radicalismo en la región de Tarragona a causa de su discurso» y de «la realización durante años de proselitismo y reclutamiento, especialmente con los colectivos más vulnerables y manipulables, prestando especial atención a los menores, en concreto a los menores no acompañados principalmente de origen marroquí».

Les adoctrinaba en el salafismo más radical «aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, teniendo además vinculaciones con individuos radicales relacionados con el terrorismo, y llevando a cabo prácticas de fomento del victimismo y la occidentalofobia», según concluían los agentes de Información.

Señalaban así la comisión de una infracción muy grave de la Ley de Extranjería por actos que amenazan la seguridad nacional y la misma norma contempla en consecuencia la expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada durante una década.

Para los magistrados, negar la suspensión cautelar de esa expulsión «no parece que vaya a hacer perder la finalidad legítima» del recurso que tanto Badaoui como Azbir han interpuesto contra la decisión del Ministerio del Interior y tampoco «impedirá la efectividad de la sentencia» que en su caso se dicte al respecto aunque acabe dando a ambos la razón.

«Si es estimatoria y la expulsión se ha ejecutado, ningún obstáculo se advierte en el retorno a nuestro país y, si procede, la reparación de los daños causados. Otra cosa es que los perjuicios que se causen al solicitante sean, algunos, de difícil reparación. Ahora bien, en la valoración de los intereses en conflicto, la Sala no duda de que han de prevalecer los de carácter general», concluye el auto.

El abogado de los detenidos, Iván Aybar, ha explicado a este diario que fue hace dos años cuando se les denegó la nacionalidad española, alegando que suponían una amenaza para la seguridad nacional y desde entonces no se ha aportado ningún nuevo informe en su contra. Por ello, reprocha: «¿Dónde está el riesgo inminente? ¿Si son tan peligrosos, por qué no se les expulsó antes?».

Además, Aybar, también profesor de Derecho en la UAB, denuncia que aún no ha tenido acceso al contenido íntegro de los informes policiales que apuntan a la supuesta radicalización de sus defendidos, por lo que ya ha remitido un requerimiento al Ministerio del Interior. Así, apunta que los argumentos para denegarles la nacionalidad entonces y para abrir el procedimiento de expulsión ahora son los mismos: «Es evidente que no existe una razón para la deportación inminente», argumenta, y censura también que desde la llamada inicial que recibió, cuando Badaoiu y Azbir fueron detenidos este pasado martes, no ha podido volver a contactar con sus clientes.

«No sé ni dónde están. Si aún en la comisaría de La Verneda (Barcelona), en la del aeropuerto de El Prat o si ya los han deportado a Marruecos». El letrado, que ha recurrido el auto de la Audiencia Nacional, también ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo, al no poder hablar con los detenidos.

Tal y como informó ABC, el Parlamento de Cataluña se posicionó esta semana en favor de Badaoui pese a las graves imputaciones que pesan sobre él. La mayoría formada por el tripartito independentista (ERC, Junts y la CUP) y los comunes ha consiguieron el miércoles que la Junta de Portavoces aprobase una declaración de apoyo al marroquí horas después de ser detenido para su deportación.

Ya durante los días previos, el movimiento Alerta Solidaria -que lleva, entre otras, la defensa de los CDR imputados por terrorismo en la Audiencia Nacional- venía denunciando en redes que el líder musulmán iba a ser expulsado incardinándolo como un caso de islamofobia. Para la decisión de Interior han sido claves dos informes, uno del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y otro de la Comisaría General de Información de la Policía, como informó este diario.