El plan de Sánchez contra medios vulnera la norma europea a la que se agarra

Su vocación nunca fue la de ejercer un control sobre la prensa, limitando su libertad, sino la protección de periodistas y medios frente a posibles injerencias políticas. Algunas de las medidas anunciadas por Pedro Sánchez, así como algunas decisiones y actitudes desplegadas por él y su entorno, entran en grave conflicto con ese mismo reglamento europeo bajo el que dice ampararse. Estos serían algunos ejemplos:

El Gobierno y el presidente insisten en que su plan de regeneración consiste en «trasponer la nueva ley de libertad de los medios de comunicación que fue aprobada en abril en el Parlamento Europeo». Lo cierto es que el citado reglamento no necesita trasposición, ya que se trata de una norma de aplicación directa y su rango jurídico es superior al de las leyes nacionales y autonómicas de los Estados miembros.

Sánchez y sus socios defienden la necesidad de acabar con la impunidad de «pseudomedios financiados en buena parte por gobiernos de coalición de ultraderecha entre el PP y Vox».

El reglamento europeo establece que «la definición de un servicio de medios de comunicación debe limitarse a los servicios definidos por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, por tanto, debe abarcar cualquier forma de actividad económica. La definición de un servicio de medios de comunicación debe incluir, en particular, las emisiones de televisión o de radio, los servicios de medios de comunicación audiovisuales a petición, los podcást de audio o las publicaciones de prensa».

Señala también que únicamente deben excluirse de esta definición «los contenidos generados por los usuarios y cargados en una plataforma en línea, salvo que constituyan una actividad profesional prestada normalmente a título oneroso, ya se trate de una compensación económica o de otro tipo», así como la «correspondencia puramente privada, como los correos electrónicos, y todos los servicios que no tengan la prestación de programas o publicaciones de prensa como propósito principal» o la «comunicación empresarial y la distribución de materiales informativos o promocionales para entidades públicas o privadas».

La definición de «prestador de servicios de medios de comunicación» debe abarcar «un amplio espectro de agentes profesionales de los medios de comunicación que entran en el ámbito de aplicación de la definición de servicio de medios de comunicación, incluidos los profesionales independientes».

Sánchez pretende acometer una «modificación de la ley de publicidad institucional» y establecer «un máximo de financiación a los medios porque algunos no tienen lectores, solo recursos públicos». El reglamento comunitario que se aprobó en su propia presidencia semestral establece un marco común para todos los servicios de medios de comunicación en el mercado interior de la UE y regula la obligación de transparencia. En su artículo 6 dispone que los medios de comunicación deberán hacer accesible, de forma sencilla y directa, «el importe total anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado y el importe total anual de los ingresos de la publicidad recibidos de autoridades o entidades públicas de terceros países», así como «el nombre o los nombres de sus titulares directos e indirectos, que posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la toma de decisiones estratégicas, incluida la titularidad directa o indirecta estatal o por parte de una autoridad o entidad pública».

En este contexto, se producen intimidaciones y señalamientos a periodistas y medios que publican información sobre el caso Begoña Gómez como sobre las actividades económicas del hermano del presidente, David Sánchez, y las denuncias contra ambos.

El artículo 4 del mencionado reglamento de la UE dispone que «los Estados miembros respetarán la libertad e independencia editorial efectivas de los prestadores de servicios de medios de comunicación en el ejercicio de sus actividades profesionales. Los Estados miembros, incluidas las autoridades y organismos reguladores nacionales, no podrán interferir ni tratar de influir en las políticas editoriales y las decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación». Los medios tienen, además, reconocido su derecho a ejercer su actividad sin restricciones «distintas de las permitidas de conformidad con el Derecho de la Unión».

El Gobierno que se presenta como adalid de la prensa objetiva e independiente nombró al anterior secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, como presidente de la agencia EFE y a Concepción Cascajosa -afiliada del PSOE y, como tal, sujeta a sanción si expresa públicamente sus opiniones con deslealtad al partido o a sus militantes o si comete actos de indisciplina- como presidenta interina de RTVE. Cascajosa se dio de baja como militante socialista una vez que accedió al primer sillón del consorcio público.

El artículo 5 del reglamento europeo fija que «los Estados miembros garantizarán que los medios públicos de comunicación sean independientes desde el punto de vista editorial y funcional». Así mismo, apunta que «se asegurarán de que los procedimientos para el nombramiento y la destitución del directivo al frente de la gestión o de los miembros del consejo de administración de los prestadores del servicio público de medios de comunicación tengan por objeto garantizar la independencia de los prestadores del servicio público de medios de comunicación».