Sánchez pide al juez del caso Begoña Gómez declarar por escrito por ser presidente del Gobierno

«Es notorio que mi comparecencia resulta inescindible de la condición de presidente del Gobierno», justifica en la misiva a la que tuvo acceso ABC, y cita el artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que dispensa a los miembros del Gobierno de tener que acudir al llamamiento de un juez, pudiendo informar por escrito sobre los hechos que han conocido «por razón de su cargo».

La tesis del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que además ha previsto que la comparecencia de Sánchez se grabe en vídeo, es que el jefe del Ejecutivo sabe de las actividades profesionales de Gómez por ser su marido y no por el puesto que ocupa. Y para estos casos, cuando la fuente de conocimiento es ajena al cargo, la legislación (concretamente en el artículo 412.3 de la Lecrim) contempla que sea el instructor quien se desplace a la residencia o despacho oficial del testigo para la toma de declaración, alternativa por la que se ha inclinado el juez Peinado y que Sánchez no comparte.

«Con el fin de garantizar el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico y dadas las cuestiones que son objeto del citado procedimiento» dice Sánchez, la comparecencia debe producirse conforme a la legislación «que prevé que, por razón de mi cometido como presidente del Gobierno, mi declaración se deberá prestar por escrito», sostiene en la carta remitida al juzgado, después de haber tenido conocimiento de su citación en la causa que se sigue contra su mujer, asegura, a través de los medios de comunicación.

«Como presidente del Gobierno de España, tengo el deber y la responsabilidad de cumplir la ley y de preservar el sentido propio de la institución a la que represento por elección del Congreso de los Diputados», prosigue la misiva. «No tengo duda -le dice Sánchez a Peinado- de que compartirá la necesidad del máximo respeto a nuestro marco constitucional y legal y, por lo tanto, a lo establecido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto a la institución del presidente del Gobierno».

En la misma línea se pronunciaron también la defensa de Gómez, ejercida por el exministro socialista Antonio Camacho, y la Fiscalía, que ya han recurrido la testifical y pedido al magistrado que, en caso de no dar marcha atrás en su intención de tomar declaración a Sánchez, al menos le permita hacerlo por escrito de acuerdo al mismo artículo de la Lecrim.

Tras conocerse el movimiento de Sánchez, las acusaciones populares -ejercidas por Vox, HazteOír, Iustitia Europa, Manos Limpias y Movimiento por la Regeneracaión Política de España- que han impulsado la investigación contra su mujer, han pedido al juez Peinado que se mantenga firme en su decisión y la declaración del presidente del Gobierno tenga lugar, de forma presencial, el próximo martes en el Palacio de la Moncloa.

En un escrito al que tuvo acceso este diario, alegan que Sánchez «no ha tenido conocimiento» de los hechos objeto de investigación «por su cargo de autoridad, sino por ser el esposo de María Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios». En el mismo documento, además, ponen de manifiesto que, a su juicio, Sánchez «ni tan siquiera podría utilizar la dispensa para no declarar por razón de afinidad» en lo que respecta a los otros dos investigados -el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y el empresario tecnológico Carlos Barrabés, «puesto que ambos» en su primera comparecencia como testigos «han declarado que no les une relación de amistad alguna con él ni tampoco a su esposa».

Hoy se ha conocido también la fecha en la que Audiencia Provincial de Madrid estudiará la petición de Gómez de archivar la causa: será en dos meses, el 30 de septiembre.