Los pasos del caso García Ortiz tras el procesamiento: las acusaciones, la Abogacía y la Fiscalía tienen 10 días para pronunciarse

Como indica Ángel Luis Hurtado en el auto con el que concluye la instrucción viendo indicios suficientes contra el fiscal general, ahora las partes personadas tienen diez días para solicitar la apertura de juicio oral, presentando escrito de acusación; pedir el sobreseimiento de la causa o solicitar diligencias complementarias, algo que todavía tienen derecho a hacer.

Como es previsible, la acusación particular ejercida por Alberto González Amador -el novio de Isabel Díaz Ayuso cuyos datos reservados a su defensa se habrían desvelado por parte de García Ortiz, según concluye el instructor- pedirá la apertura de juicio presentando el escrito de acusación donde especificará la pena solicitada.

La defensa de García Ortiz, que ejerce la Abogacía del Estado, y la de la fiscal jefe de Madrid Pilar Rodríguez, que ejerce el letrado y exfiscal Daniel Campos, pedirán previsiblemente el sobreseimiento de la causa mientras que las acusaciones populares, ejercidas por Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Hazte Oír, Vox, Manos Limpias, Fundación Foro Libertad y Alternativa, también pedirán la apertura de juicio oral con sus respectivos escritos de acusación.

Oídas las partes, el juez tendrá que decidir al respecto y dictar el auto de envío a prisión si se mantiene en ver los indicios confirmados, y atender o descartar las diligencias complemementarias que se soliciten, si es que alguna de las partes lo hace.

En este momento, el magistrado ve indicios suficientes de revelación de secretos por parte de García Ortiz, y así lo ha expresado en su auto. Según Hurtado, «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno y aprovechando información publicada en el diario El Mundo, a las 21:29 horas del día 13 de marzo de 2024, titulada «la fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales», el fiscal general del Estado, 'con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía' sobre de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal, «entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo».