El PNV acusa al Gobierno de «obstaculizar» la entrada del consorcio vasco en Talgo

«Los acuerdos son para cumplirlos, no podemos estar cambiando las propuestas cada cinco minutos. Hay mucho trabajo detrás, muchos cálculos, y sobre todo muchas familias vascas que dependen de que el Gobierno español asuma lo que había prometido», denunciaban desde el grupo parlamentario vasco. Desde que a mediados de febrero se produjo el acuerdo, en virtud del cual un consorcio vasco (integrado por Sidenor, las fundaciones bancarias BBK y Caja Vital y el Gobierno vasco a través del fondo público Finkatuz) se hacía con el 29,7% que poseía el fondo británico Trilantic en Talgo, han pasado semanas sin que se haya materializado.

«Cerca de cerrarse» ha sido el sintagma más repetido conforme han ido venciendo los plazos que los propios actores se habían impuesto. Sobre todo por parte del Gobierno vasco del lendakari Imanol Pradales, para quien la operación es de máxima relevancia dentro de su estrategia de recuperar la actividad industrial en el territorio. La mayor fábrica de la compañía ferroviaria está en el municipio de Rivabellosa, en la provincia de Álava, donde trabajan un total de 700 de las 2.500 personas que tiene empleadas de forma directa en toda España.

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A. R. Cerezo

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Para pasar de las palabras a la acción era preciso solucionar los problemas de financiación de la compañía (arrastra una multa de Renfe de 116 millones por retrasos en retrasos en la entrega de los trenes Avril) y que el acuerdo no encallara, abriendo la posibilidad de una oferta distinta que dejara fuera de la ecuación al Gobierno de Vitoria. Para ello, tal y como informó ABC a mediados de junio, se planteó por parte del Gobierno la participación de la SEPI con el objetivo de equilibrar la relación de poderes en Talgo, siempre y cuando tuviese una posición significativa y una silla al menos en el consejo, incluso a costa de la propia Sidenor.

Según explica el PNV, el Gobierno se comprometió a apoyar la operación a través de su hólding empresarial con un préstamo de 150 millones. Una primera propuesta, que después rectificó para dividir en dos esa inyección financiera. Una mitad, 75 millones de euros, saldrían del Gobierno central; y la otra del conglomerado de fondos públicos y privados vascos. «El Ejecutivo vasco hizo los deberes para hacer frente a esta propuesta, reuniendo en el consorcio a entidades privadas que favorecen la solvencia de la operación, y renegociando el interés del préstamo en favor de Talgo», recuerda el PNV.

Ahora, según deja entrever el anuncio emitido este martes, las negociaciones volverían a un punto de partida, habiendo exigido la SEPI modificar la fórmula de entrada acordada en la empresa. Algo que desde el PNV no creen que sea puntual pues dicen llevar tiempo observando «cómo el Ejecutivo central pone dificultades para que la empresa ferroviaria mantenga su arraigo en Euskadi». Un duro mensaje dirigido a La Monlcoa, con quien los nacionalistas reevalúan su relación tras el estallido del 'caso Cerdán'. De hecho, el pronunciamiento llega justo un día antes de que el presidente del Gobierno comparezca en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la presunta trama de cobro de mordidas.

«Si la operación fracasa, será el Gobierno español quien tenga que explicar a la ciudadanía vasca las razones de este fracaso. Aún se puede desencallar la situación, pero no hay tiempo que perder», afirmó este martes Maribel Vaquero, la portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados. De no ser así, el fabricante volvería a estar solo para buscar otros compradores como socio industrial, como fueron en su momento las propuestas de la polaca Pesa y la india Jupiter Wagons, que ya estuvieron en la terna para lanzar una OPA sobre la compañía hasta que el Gobierno español les invitó a echarse a un lado en la carrera, tras la primera oferta por parte de los húngaros Magyar Vagon..