El País Vasco ya gestiona los permisos de trabajo para extranjeros

Un conjunto de modificaciones administrativas «complejo», que requiere de un tiempo de adaptación, pues todos los pasos precisan de la coordinación con la Administración Central. Esta se va a desarrollar en grupos de trabajo compuestos por miembros de la Consejería de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o de la Delegación de Gobierno. Además, se constituye una Comisión de Seguimiento «paritaria», que resolverá los expedientes más complejos. «El ciudadano no va a notar cambios, van a estar de puertas adentro», defienden desde el Ejecutivo liderado por Imanol Pradales.

Donde antes participaba una Administración, la central, ahora lo hacen dos, la central y la autonómica. De hecho, el propio traspaso incluye un convenio de colaboración por el que todos los niveles implicados van a continuar empleando las mismas aplicaciones informáticas. Así, confirman que las diferentes gestiones se harán, igual que antes, de forma telemática.

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Por ejemplo, en el caso de las autorizaciones iniciales de trabajo la administración vasca gestionará la iniciación, instrucción, resolución de los procedimientos y su notificación, así como los recursos administrativos que se presenten contra las mismas, y la aplicación del régimen de inspección y sanción. Sin embargo, la resolución final se tendrá que dar de «forma conjunta y coordinada» con la autorización de residencia emitida por la autoridad competente de la Administración General del Estado (AGE). Es decir, con la Oficina de Extranjería correspondiente. Si la solicitud de trabajo es para toda España y no solo para el ámbito vasco o forma parte de un proceso de regularización completo, seguirá recayendo en manos de la AGE.

Mismo situación para los trabajos de temporada, con menos afectación en la zona que en otros puntos de España, pero que también forman parte de la cesión acordada en marzo de este año en la Comisión Bilateral entre el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres y la portavoz del Gobierno vasco María Ubarretxena. «Cada paso que damos implica más y mejor autogobierno y mayor capacidad de decisión. Ello supone crecer como país y crecer en bienestar», afirmó entonces esta última.

La justificación es la de agilizar los trámites. El Gobierno autonómico plantea que tiene un mayor conocimiento de las necesidades de las empresas en la zona, que son las que inician los procedimientos a la hora de solicitar trabajadores, además del número de personas registradas en Lambide, el servicio vasco de empleo. Allí contabilizan cerca de 5.000 personas que han sido formadas y están registradas como demandantes. Sin embargo, estos expedientes, al haberse iniciado de forma previa a la entrada en vigor de la competencia seguirán por el momento en manos de la AGE, estando en las del Gobierno vasco únicamente los que lleguen a partir de este 1 de julio.

En cuanto a estas cifras, las fuentes consultadas en el Ejecutivo regional no son capaces de dar una aproximación. El cambio administrativo se produce un mes después que la llegada del nuevo Reglamento de Extranjería, que facilita (de forma general) el acceso los permisos de trabajo. Desde entonces se habría producido un «aumento del 40% en las solicitudes», por lo que ante este mayor número de expedientes, están todavía «ciegos» para valorar cuántos corresponden al País Vasco.

La nueva competencia implica también un traspaso de recursos humanos. Concretamente cuatro funcionarios, dos auxiliares de Extranjería y dos auxiliares de oficina, pasan a formar parte del funcionariado vasco. Además, el coste total anual a nivel estatal, según figura en el decreto del pasado 17 de junio por el que se aprueba el acuerdo, es de 1,45 millones de euros. A este habría que restar 3,53 millones que se ingresarían en concepto de tasas.