El Tribunal Superior del País Vasco anula la jornada de 35 horas para los funcionarios

En la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, difundida hoy, se establece que mientras esté vigente el decreto estatal que obligó a todas las administraciones a fijar una jornada de 37,5 horas semanales no es posible rebajar el tiempo de trabajo de los funcionarios vascos.

Sólo «una norma de igual rango» puede modificar esta situación, según el fallo.

La resolución también apunta que la jornada de 35 horas incrementa el gasto público debido a que hace necesaria la contratación de personal para cubrir turnos y el pago de horas extras, lo que afecta, a su vez, a la estabilidad presupuestaria al implicar un gasto superior al permitido para 2016 a las administraciones públicas.

El Gobierno Vasco empezó a aplicar la semana laboral de 35 horas en el año 2000 tras un acuerdo con los sindicatos .

Con la crisis económica y los ajustes aprobados por el Gobierno central, en 2013 elevó de nuevo la jornada a 37,5 horas , hasta el pasado mes de febrero cuando el Ejecutivo liderado por Íñigo Urkullu recuperó el horario anterior.

Esta decisión fue recurrida por el Gobierno español, decisión respaldada ahora por el TSJPV. El Ejecutivo vasco recurrirá esta sentencia ante el Tribunal Supremo .

CC.OO. ha calificado de «varapalo» a los funcionarios vascos la sentencia del TSJPV por la que se anula la jornada laboral de 35 horas semanales y ha pedido al Gobierno vasco que recurra esta decisión y que se ponga fin a «la batalla judicial» entre los ejecutivos autónomo y central contra los derechos de los trabajadores públicos vascos.

La responsable de Negociación Colectiva y Acción Sindical de CC.OO. en el País Vasco, Mari Cruz Vicente , ha reclamado que se ponga fin «a la batalla judicial» contra los derechos de los trabajadores públicos vascos y que se «respete el derecho a la negociación colectiva». «Las 35 horas se consiguen en la Administración pública a través de la negociación colectiva , es un acuerdo entre las partes y, por tanto, la autonomía de las partes tienen capacidad de regular las condiciones laborales», ha añadido.