El TC se prepara para enmendar al Supremo en plena sombra de 'lawfare'

Es el caso de la decisión de repetir el juicio del dirigente de Bildu Arnaldo Otegi por el caso Bateragune o la pérdida del escaño del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, asuntos que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha introducido en el orden del día del Pleno que arranca mañana y que se hizo público la misma semana en la que la Fiscalía informó a favor de la admisión parcial de los recursos de los condenados del caso ERE.

Esta es otra de las sentencias del Supremo que en los próximos meses escrutará el TC apartándose del criterio mantenido hasta hace escasos meses en el que ni la relevancia política ni la notoriedad pública del recurrente eran motivos suficientes para justificar una admisión a trámite.

Más allá de la función que la Carta Magna otorga al TC ante posibles vulneraciones de derechos fundamentales, no deja de resultar chocante el papel de órgano jurisdiccional que parece asumir el tribunal cuando enmienda la plana al Supremo y reinterpreta preceptos que han sustentado las condenas. «Una cosa es apreciar una vulneración de derechos en una entrada y registro y otra muy distinta reinterpretar un delito de prevaricación o cuestionar la decisión de un tribunal de transformar una pena de prisión en multa e inhabilitación», señalan fuentes jurídicas en relación a la condena a Alberto Rodríguez.

Existe una sospecha de que se pretende laminar el prestigio de la Sala Segunda del Supremo, a cuya presidencia, por cierto, aspiró Conde-Pumpido antes de aterrizar en el Constitucional. Y esta sospecha se comparte también dentro del propio TC: «Hay una voluntad de corregir al Supremo», sobre todo cuando la decisión en cuestión afecta directa o indirectamente a los partidos que sustentan el Gobierno, dicen fuentes del órgano.

El problema es que en el momento actual, en el que cada decisión de la mayoría progresista del TC se examina con lupa -y se escrutará aún más cuando la ley de amnistía aterrice en el tribunal-, los magistrados se tienen que cuidar mucho de no dar alas a las acusaciones de 'lawfare' que Ejecutivo e independentismo catalán asumieron en el acuerdo de investidura de Sánchez y que recaen precisamente sobre esta Sala Segunda del Supremo y fiscales a cargo de causas vinculadas al 'procés'.

Y el caso de Alberto Rodríguez es especialmente emblemático porque con su condena -por agredir a un policía en una manifestación en La Laguna (Tenerife)- empezó esa estrategia de acoso a los magistrados, primero por parte de dirigentes de Podemos y ahora, en sus máximas cotas, por parte de dirigentes de Junts y de ERC.

El Pleno del TC aborda ahora el recurso del exdiputado de Podemos por esa condena y lo hace con la intención de ampararle. El primer debate de la ponencia de María Luisa Segoviano -favorable desde el principio a la concesión del amparo-, el pasado octubre, ya permitió constatar que dentro de la mayoría progresista había distintas posturas sobre el fondo de la cuestión: si la pena que el Supremo impuso a Rodríguez -un mes y medio de prisión, sustituido luego por multa e inhabilitación- fue o no proporcional.

Esa condena supuso que el entonces número tres de Podemos perdiera su escaño. Segoviano, que inicialmente se centraba en la falta de la proporcionalidad de la pena, ha modificado su borrador y habla directamente de vulneración del principio de legalidad penal: la sentencia que será aprobada subrayará que, cuando la pena de prisión fue sustituida por multa, no debió aplicarse la inhabilitación como pena vinculada a la de cárcel.

Fuentes del Supremo consideran que el TC «se ha inventado» que el principio de legalidad penal le autoriza a reinterpretar tipos penales. «Están modificando el diseño constitucional en virtud del cual el Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes -salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales-», dicen.

No es la primera vez que recae sobre el TC esta acusación, que ya pusieron de manifiesto los magistrados de la minoría Enrique Arnaldo y César Tolosa en el voto particular en el que se opusieron a la admisión de los recursos del caso ERE. En él denunciaron que, al abrigo de esa supuesta vulneración del derecho a la legalidad penal, no se puede cuestionar la interpretación que la Sala Segunda del Tribunal Supremo llevó a cabo del artículo 404 del Código Penal (prevaricación) o del artículo 432 (malversación), pues es algo que, al igual que su aplicación, compete exclusivamente a la jurisdicción ordinaria.

En ese mismo voto particular los dos magistrados denunciaban la contradicción que suponía admitir estos recursos de amparo respecto al criterio mantenido con otros condenados por corrupción y recordaban que este mismo Tribunal Constitucional del que forman parte inadmitió en 2020 los recursos interpuestos por los condenados del caso de «Las Teresitas» en los que también se planteó la vulneración del principio de legalidad penal por la indebida interpretación de los tipos relativos a la prevaricación y malversación.

El segundo recurso de amparo sobre el que deliberará el Pleno esta semana es el presentado por Otegi contra la decisión de la Sala Segunda del Supremo de repetir el juicio de Bateragune, el intento de refundación de la ilegalizada Batasuna por el que el hoy dirigente de Bildu fue condenado en 2011 a diez años de prisión (rebajados luego a seis y medio) por pertenencia a organización terrorista.

En 2018 Estrasburgo dio la razón al dirigente abertzale y condenó a España al considerar que no fue juzgado por un tribunal imparcial. Tras ordenar el Supremo la repetición del juicio, el dirigente abertzale recurrió al TC en amparo y ahora el ponente del recurso, el exministro Juan Carlos Campo, propone respaldarle. El magistrado entiende que celebrar otra vez ese juicio vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva del exportavoz batasuno, -pieza clave hoy en Bildu, socio del Ejecutivo de Sánchez-, porque ya cumplió condena por estos hechos.

El esperado aval del del TC al borrador de Campo, además de suponer la estimación del recurso de Otegi, implicará desautorizar al Pleno de la Sala Segunda que tomó esta decisión con la unanimidad de sus dieciséis magistrados.