La Fiscalía pide al Constitucional que revise la condena de Chaves y Griñán por prevaricación

El Ministerio Público ha presentado sus alegaciones ante los recursos de amparo de 12 condenados y apoya parcialmente ocho de ellos, entre los que se encuentran los de los expresidentes Chaves y Griñán. El primero fue condenado únicamente por prevaricación, por lo que recibió una pena de nueve años de inhabilitación. El segundo, por prevaricación y malversación, recibiendo pena de prisión de seis años por el segundo delito. Su inhabilitación ascendió a 15 años.

El escrito de la Fiscalía supone, por lo tanto, poner en entredicho la condena por prevaricación que impidió a ambos históricos dirigentes socialistas mantenerse en política. Concretamente, el Ministerio Público no ve delito de prevaricación en la aprobación de los Presupuestos de la Junta por parte de Chaves y Griñán que contuvieran los fondos destinados a las ayudas.

Igual que los recurrentes, los fiscales del Tribunal Constitucional ven posible vulneración de derechos fundamentales en la condena de inhabilitación por el delito de prevaricación para los políticos.

Por eso, ha apoyado únicamente "los motivos de amparo basados en la invocación del principio de legalidad penal (art. 25.1 CE) frente a la calificación como delito de prevaricación de las conductas consistentes en la elaboración y aprobación de los sucesivos anteproyectos de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y su remisión al Parlamento andaluz", como se lee en una nota difundida este lunes.

"Esta Fiscalía entiende que la subsunción de dichas conductas en el tipo penal de prevaricación del artículo 404 del Código Penal, mediante su consideración como resoluciones adoptadas en asunto administrativo, excede el tenor literal de dicha norma penal, y que los razonamientos empleados en las sentencias de instancia y casación a tal efecto no satisfacen el estándar metodológico y axiológico que impone, en orden a la interpretación y aplicación de los tipos penales, la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional", continúa.

El fiscal expone en sus alegaciones que la "consideración como delito de prevaricación del ejercicio de la iniciativa legislativa -que aparte de no producir por sí misma más efecto jurídico que, precisamente, el de iniciar el procedimiento legislativo, resultando por tanto inescindible de los aspectos reglados o del procedimiento que rige su preparación y formalización- presupondría introducir un control de la Jurisdicción Penal respecto de la forma e incluso el contenido de dich iniciativa legislativa que tanto el orden jurisdiccional contencioso-administrativo como la propia jurisdicción constitucional sistemáticamente han rechazado ejercer".

Además de los recursos de Chaves y Griñán, la Fiscalía pide al tribunal de garantías que también estime parcialmente los recursos de Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía de la Junta; Francisco Vallejo Serrano, ex viceconsejero de Innovación; Jesús María Rodríguez Román, ex alto cargo de la Junta y exalcalde de Estepa; Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Hacienda; Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia y Antonio Vicente Lozano, exdirector de Presupuestos.